El Congreso dio el pasado 27 de junio luz verde a la reforma de las pensiones. Entre las medidas anunciadas, la incorporación de las empleadas de hogar en el régimen general de la seguridad social requiere sin duda, especial atención.
Esta incorporación, supone entre otras, la obligación de cotizar desde el primer momento ‑actualmente era obligatorio si trabajabas 20 horas o más a la semana- o percibir la prestación por incapacidad temporal desde el cuarto día ‑actualmente es a partir del día 25-.
Tras muchos años de lucha por conseguir mejorar y regular su situación laboral, esta medida es positiva, porque como vemos, mejora ciertos aspectos laborales importantes. Pero, lamentablemente, es una oportunidad pérdida para atajar de raíz la explotación a la que están sometidas y para regular un sector donde la usurpación de derechos es la tónica habitual.
Porque, y a pesar de la urgente necesidad de este sector feminizado por regular su situación, las desigualdades persisten en comparación con el resto de las personas trabajadoras incluidas en el régimen general. El ejemplo más claro lo tenemos en la prestación de desempleo, o que se establece un periodo transitorio (hasta el 2018) para equiparar sus cotizaciones a las del régimen general.
Además, ningún tipo de medida se establece para erradicar la economía sumergida, que es más de la mitad, y tampoco para aquellas personas internas extranjeras sin papeles, que es un número elevado.
Por otra parte, no podemos ni debemos olvidar el contexto en el que se da. Se trata de una reforma que dificultará todavía más el acceso a una pensión para poder llevar adelante una vida en condiciones dignas, a la mayoría de las mujeres. Un golpe a todas las mujeres, y que, no puede maquillarse con una medida que debía de haberse tomado hace tiempo.
En definitiva, incorporación sí, pero de una manera muy reducida y desigual, y sin establecer mecanismos de control para erradicar las irregularidades laborales características de este sector. Por lo tanto, oportunidad pérdida para atajar la discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral, teniendo en cuenta, que la característica principal de este sector es que la gran mayoría son mujeres, y las condiciones laborales están indiscutiblemente unidas a la condición de género.