Lau Haizetara Gogoan emplaza al Gobierno Vasco, para que proceda a la ruptura definitiva con las estructuras de poder franquistas.
Lau Haizetara Gogoan, hace un nuevo emplazamiento al Gobierno Vasco para que pongan fin a la impunidad sobre los crímenes cometidos por la dictadura, para que proceda a la ruptura definitiva con las estructuras de poder heredadas del franquismo y para que, sin confundir la identidad y legitimidad que a cada parte corresponde reivindicar, aplique, con absoluta equidad, el reconocimiento de derechos que asisten a las victimas del genocidio franquista y el terrorismo de Estado, por todo el daño sufrido.
Lau Haizetara Gogoan * E.H
Una vez más, el Gobierno Vasco trata de ocultar el fondo de sus intenciones y objetivos reales, mediante golpes de efecto mediático y la presentación de avales que cuentan con un cierto prestigio simbólico, conscientes de que adolecen de una evidente debilidad sociopolítica, ética y jurídica. El mismo hecho de calificar los crímenes cometidos por los cuerpos armados del Estado (y sus organizaciones paralelas) como «abusos policiales» nos muestra su verdadero semblante. Tratan de ocultar la verdadera naturaleza de esta violencia, que debería ser calificada, sin paliativos, como Terrorismo de Estado.
Ayer fuimos testigos de otra vuelta de tuerca más, con la presentación de la encargada de elaborar los decretos que regularán la concesión de ayudas a las victimas de «abusos policiales». Manuela Carmena es una persona de reconocido prestigio y trayectoria, pero, mucho nos tememos que su labor se vea dificultada por el propio escenario en el que tiene que trabajar. El mismo hecho hablar de víctimas de “abusos policiales” o victimas de “violencia de motivación política” para no reconocer que lo que sufrieron fue “TERRORISMO DE ESTADO”, supone una clara discriminación. Por si esto fuera poco, la designación de la Sra. Carmena vino acompañada por unas declaraciones de la Consejera Idoia Mendia en las que afirmó que no hay equiparación posible entra las víctimas de ETA y las de motivación política, que requieran otro tratamiento.
Este Gobierno Vaco se ha visto obligada a dar ciertos pasos para reconocer la existencia de una grave fractura en la sociedad vasca, provocada por la persistencia de la violencia del Estado; pero lo hace imponiendo criterios discriminatorios e incluso, ofensivos hacia miles de víctimas. Las bases y fundamentos del franquismo perduran en el tiempo, en la medida en que sus crímenes siguen impunes y a sus víctimas se les siguen negando sus derechos.
Manuela Carmena tiene ahora en sus manos la responsabilidad de desarrollar su labor con una perspectiva histórica, jurídica y política que haga entendible, por ejemplo, por qué las cinco victimas de una acción de la misma naturaleza cometida en Madrid (como la «matanza de Atocha» de 1977) tienen una diferente consideración jurídica y política en el Estado que la que tienen para este Gobierno Vasco las cinco victimas de la matanza cometida un año antes en Gasteiz. Deberá explicar por qué existen criterios atenuantes al calificar la violencia policial y parapolicial en función de su ubicación en alguno de los dos arbitrarios periodos establecidos para su clasificación (1968−1978 y 1979 – 2011), cuando, para verificar el tránsito entre ambos, no se estableció ningún mecanismo de depuración de responsabilidades sobre las estructuras represivas heredadas del franquismo, ni se establecieron las garantías de no repetición.
El actual Gobierno Vasco camina en la dirección contraria a la del conjunto de la sociedad vasca, que hace tiempo que viene reconociendo el valor de la lucha de las víctimas del genocidio franquista y del terrorismo de Estado. No son homenajes lo que esperamos de las instituciones. Lo que queremos es el fin de la impunidad sobre los crímenes cometidos (todos, no sólo a partir de 1968), la ruptura definitiva con las estructuras de poder heredadas del franquismo y, sin confundir la identidad y legitimidad que a cada parte corresponde reivindicar, la aplicación, con absoluta equidad, del reconocimiento de derechos que asisten a las victimas del genocidio franquista y el terrorismo de Estado por todo el daño sufrido.
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