En 1512 Fernando de Aragón tomó la decisión de acabar con uno de los dos reinos peninsulares que conservaban su independencia después de que la expansión castellano-aragonesa, en el siglo anterior, hubiera destruido el reino nazarita de Granada en 1492. Con el otro reino que había resistido a la expansión castellana ya desde el siglo XIV- el reino de Portugal- que había vencido a la tropas invasoras castellanas en la batalla decisiva de Aljubarrota en 1385, después de descartar nuevas aventuras militares, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, optaron por una hábil política matrimonial que creían que les aseguraría un relativo control en las decisiones políticas del reino lusitano. Los portugueses eran ciertamente duros de roer y más que eso. Desde que los reyes de la dinastía de los Avis apoyaran los intereses atlánticos de la burguesía comercial lisboeta frente a los continentales y agrícolas de la alta nobleza, Portugal se había convertido en el principal rival de Castilla como cabeza de la expansión europea del siglo XV y los comienzos de lo que Wallerstein denomina el Sistema de Economía-Mundo.
Pero el reino de Navarra contrariamente a Portugal, no contaba con recursos suficientes para frenar al enorme poder militar castellano-aragonés. En realidad Navarra, bajo la casa de Foix, constituía un pequeño estado pirenaico cuyas clases dirigentes habían perdido hacía ya tiempo la carrera por la expansión territorial y comercial. Aliada de Francia, el principal enemigo de Aragón en la guerra por el control del Mediterráneo occidental, Navarra sería fácilmente devorada por aquellas fuerzas que constituían la primera línea de expansión del pujante capitalismo mercantil, podríamos decir que por su frente político-militar. El 21 de julio de 1512 comenzaba la invasión.
Tras la victoria militar del Duque de Alba al frente de las tropas castellanas de ocupación, Navarra fue incorporada a la Corona de Castilla y no a la Corona de Aragón, lo que evidencia el escaso interés que Fernando tenía sobre este pequeño reino, al menos de forma directa.
Navarra se incorporaba así a una Corona que constituía el más imponente poder militar en la Europa de la primera mitad del quinientos y que representaba en ese momento la vanguardia de la denominada “Expansión Europea” por el Nuevo Mundo. Aunque la realidad de la brutalidad y la crueldad de la imposición castellana en el Continente Americano constituyan una de las mayores atrocidades de la Historia de la Humanidad, lo cierto es que la política colonial y en general la política económica de la Monarquía Castellana fue absolutamente contraproducente para los intereses de aquellas fuerzas socioeconómicas (la burguesía comercial y manufacturera) que en ese momento se manifestaban como emergentes en sus territorios. Al contrario que los Tudor en Inglaterra o que las autoridades políticas locales flamencas, la Corona de Castilla solo se preocupó por los intereses exportadores de la alta nobleza (exportación de materias primas, especialmente lana procedente del poderoso Honrado Concejo de la Mesta) convirtiendo así, de forma paradójica, a los territorios que englobaba la Corona (epicentro de la expansión europea) en una zona de la periferia económica del naciente nuevo sistema de Economía-Mundo. Es un momento en que el carácter de los intercambios comerciales de este nuevo sistema se comenzaba a definir: las regiones que exportan exclusivamente materias primas y productos agrícolas como zonas dominadas; y las regiones que producen manufacturas, especialmente en aquellas donde se desarrollara el Putting Out System, que son aquellas en las que se realiza la acumulación primitiva de capital, como zonas dominantes. No es nuestra intención, desde luego, entrar en este artículo en el debate, abierto aun hoy, entre distintas corrientes historiográficas sobre las condiciones que hicieron posible el triunfo del capitalismo mercantil (grado de desarrollo de los intercambios comerciales y/o grado de disolución de las formas feudales de producción e irrupción del capitalismo agrario. (Véase el debate entre Paul Sweezy, Maurice Dobb, Takahashi, Hilton, Hill y Lefebvre; el Debate Brenner o los trabajos de Wallerstein etc.). De cualquier forma los destinos económicos y políticos de Navarra quedarían supeditados a los intereses de las viejas clases nobiliarias dirigentes castellanas y de la propia Corona de Castilla y, como el resto de los territorios sometidos a las decisiones políticas de esta Corona, conocería en los siglos siguientes las consecuencias económicas y sociales de tales estrategias.
Así, mientras en algunos territorios de la Corona de Aragón, especialmente en Cataluña, se desarrollará un floreciente flujo de intercambios basado en la exportación de manufacturas textiles altamente competitivas (p.e. los paños negros) o manufacturas de coral destinadas al mercado suntuario, manufacturas de vidrio etc. que reflejaba la pujante actividad manufacturera catalana, en Castilla la industria textil que había demostrado tanta vitalidad en el siglo XV se hundía irremediablemente, víctima de los intereses exportadores de la selecta minoría dirigente de los grandes poseedores de tierras y ganados.
Después de la Guerra de Sucesión a comienzos del siglo XVIII, el recién entronizado Borbón, Felipe V trató de castellanizar todos los reinos hispánicos, intentando liquidar el pactismo aragonés y someterlo a las autoritarias leyes castellanas. Solo las Provincias Vascongadas y Navarra conservarían sus fueros y una relativa autonomía. Pero, aunque determinadas leyes y decisiones políticas pueden frenar y hasta liquidar el desarrollo de las fuerzas productivas, como ocurrió en los territorios de la Corona de Castilla en el siglo XVI, no es fácil, una vez estas han despegado, frenar los procesos sociales a través de simples decretos. A finales del siglo XVIII la emprendedora burguesía comercial catalana se dedicaría al arriendo de rentas feudales y, tras la caída del volumen de estas, invertiría los capitales agrarios acumulados en la fabricación de indianas, sentando así las bases de la industrialización en Cataluña (Vilar, P. 1962; Nadal, J 1975). Mientras tanto en Navarra, como en los demás territorios incorporados a la autoritaria Corona de Castilla, el dominio de la vieja aristocracia terrateniente castellana era casi absoluto. Las extensas posesiones de la casa de Alba o de la Casa de Alburquerque, entre otras, en diversas zonas navarras dan sobrado testimonio de ello. De hecho el Consejo de Navarra, a pesar de ser la única institución del sistema polisinodial de los Austrias en los siglos XVI y XVII que tenía su sede fuera de Castilla, estando ubicado en Pamplona, trabajó, como el resto de los consejos del sistema, generalmente a favor de los intereses de las élites castellanas, formadas principalmente por la Grandeza de Castilla, a la que por cierto, junto con las casas de Alba, Alburquerque, Medina Sidonia, Mondéjar, Infantado… etc. pertenecía el condestable de Navarra, es decir, el conde de Lerín, verdadero artífice del sometimiento de la sociedad navarra a las nuevas autoridades de ocupación. La sumisión a estas poderosas familias de los funcionarios de la administración del reino no fue, ni mucho menos, una tarea difícil. Pero también es preciso recordar aquí, que el ascenso de la burguesía navarra como clase dominante se hizo precisamente bajo estas condiciones jurídico-políticas de subordinación a la oligarquía castellana.
No vamos a engordar aquí los mitos del nacionalismo burgués ocultando el hecho incontrovertible de que en la invasión de Navarra participaron fuerzas militares formadas por alaveses y guipuzcoanos. Ambos territorios (las actuales Gipuzkoa y Araba) pertenecían a la Corona de Castilla en 1512 y desde mucho tiempo atrás. Este hecho no contradice realmente nuestra tesis de que con la ocupación de Nafarroa se consumó la conquista castellana de Hego Euskal Herria y de que tal conquista fue absolutamente negativa para los intereses de las mayorías sociales vasco-navarras.
Debemos partir ciertamente, junto con los historiadores del nacionalismo español, de la ausencia de “conciencia nacional” vasca en el siglo XVI. ¡Naturalmente! Como tampoco existía una “conciencia nacional” española o francesa. El surgimiento de la conciencia nacional no es ni puede ser anterior a la aparición del concepto de “nación” como entidad política, y este no aparece históricamente hasta el siglo XVIII, y está directamente vinculado al triunfo histórico de la burguesía en Europa. Es sorprendente observar con cuanta facilidad se desmoronan casi todos los “héroes nacionales” medievales o de la Edad Moderna, recreados por los ideólogos de la burguesía triunfante del siglo XIX, cuando vemos que sus “enemigos” resultan ser reinos o formaciones estatales feudales, que posteriormente se constituyeron en parte, con su voluntad o contra ella, de la construcción de los estados-nación de los cuales han sido convertidos en iconos patrióticos (p.e. El Cid)
Esto no debe cuestionar la existencia de estructuras comunitarias que conformaran una “conciencia de pueblo” específico y diferenciado o lo que llamaríamos hoy una “conciencia identitaria”. cTambién nosotros nos reímos a grandes carcajadas, junto con los historiadores del nacionalismo español, con los panfletos de la historiografía vasca pequeñoburguesa cuando ésta pretende ver las raíces de un Estado Vasco en la formación dinástico-feudal de Sancho el Mayor de Navarra, pretensión absolutamente ridícula que solo nos produce vergüenza ajena, ya que como es sabido, dicha formación histórica, y haciendo caso omiso de las monsergas de los pequeñoburgueses, comprendía también el Reino de León y territorios que formarían más adelante los reinos de Castilla y Aragón. Formación política que solo representaba los intereses de la familia real navarra y de las minorías sociales privilegiadas a ella vinculadas. Pero nosotros continuamos carcajeándonos cuando los más contumaces historiadores del nacionalismo español pretenden ver en dicha formación histórica nada más y nada menos que las raíces de España. O cuando historiadores serios, más o menos influidos por los presupuestos ideológicos del nacionalismo español, nos hablan de “la España medieval” o de “España en la edad Moderna” olvidando las diferentes instituciones políticas de las Coronas de Castilla y Aragón, y también de los diversos reinos que conformaban dichas coronas, con sus fronteras políticas y económicas, incluso, y durante mucho tiempo, con sistemas monetarios propios, y que por tanto es un insulto para la historia de estos pueblos hablar, siquiera insinuar, una pretendida unidad política española en esos periodos de la historia peninsular
Euskal Herria nunca ha tenido un estado propio, como tampoco lo han tenido los palestinos, ni hasta el siglo XIX lo tuvieron los italianos, ni los alemanes, ni los argentinos, ni venezolanos… ¡ni los españoles, o los estadounidenses hasta el siglo XVIII!, por no hablar de los croatas o de los lituanos… etc.
Los estados son solo formaciones históricas y como tales tienen nacimiento y también fecha de defunción. Pero es preciso conocer que cuando nacen lo hacen como expresión política de un grupo social determinado. Así el estado – nación español o el estado-nación francés nacieron como la materialización jurídico-política de los intereses respectivos de la alta burguesía comercial española, (vinculada familiarmente a la vieja oligarquía terrateniente), y de la alta burguesía comercial francesa respectivamente .En el momento del la formación histórica de estos dos estados no habían alcanzado aun el papel dirigente de clase todavía ni la burguesía industrial ni mucho menos la financiera, estando esta última imbricada aún con los grupos del comercio ultramarino. Estos estados-nación aparecieron por lo tanto solo como expresión política de dominación de una clase: la burguesía, de la misma manera que los anteriores estados políticos de Europa fueron expresión del dominio de la nobleza terrateniente.
Junto con el pueblo palestino y otros pueblos, hoy las vascas y los vascos, y con una mayoría social significativa a favor, aspiramos y tenemos derecho a la autodeterminación, incluso, y si eso representara la voluntad de la mayoría de nuestro pueblo, a construir un Estado Nacional Vasco, como comunidad social y cultural y jurídico- política con identidad propia.
No queremos alimentar los mitos románticos ni etnicistas de una burguesía-la vasconavarra-que medró socialmente precisamente con las condiciones políticas de dominación que impuso la oligarquía castellana al pueblo vasco hablando de pretendidos antiguos estados vascos donde reinara una supuesta armonía social. La sociedad del reino de Navarra en la época anterior a la invasión estaba también dividida en clases y desde el punto de vista jurídico en órdenes o estamentos privilegiados (nobleza y clero) y no privilegiado (el estado llano). La alta nobleza era la clase dirigente y ejercía, como en el resto de Europa, su poder de coacción para la obtención de detracciones fiscales sobre el trabajo de los campesinos, que era lo que constituía la base de su riqueza, y nadie con sentido común puede añorar aquella sociedad. Sin embargo, una vez manifestada esta obviedad, es preciso reconocer también que la subordinación de Nafarroa a los intereses de la oligarquía castellana primero, y española después de la constitución del Estado-Nación español supuso un lastre para el desarrollo de las fuerzas productivas del país.
En efecto, en 1812 se proclamaba la primera constitución liberal del Estado-Nación español, “la Pepa”, por haber sido promulgada el 19 de marzo. De ella se podrían señalar bastantes aspectos que la conformarían como un engendro intermedio entre el constitucionalismo liberal-burgués y el absolutismo monárquico, junto a otros de matiz revolucionario- burgués (debate Attard- Comellas). Pero lo que nos interesa ahora no es propiamente la Constitución que las fuerzas sistémicas españolas se preparan para conmemorar en su bicentenario sino otros aspectos de la obra de las cortes constituyentes gaditanas.
La obra de las Cortes de Cádiz incluye también los decretos que estas aprobaron durante el proceso constituyente. De especial importancia fue el decreto de abolición de las jurisdicciones señoriales (agosto de 1811) que abolía el régimen feudo-señorial dando paso libre al capitalismo agrario. Pero lo más importante de este decreto era que respetaba como propiedad de los antiguos señores aquellos señoríos que fueran declarados “solariegos” y como además no ponía ninguna condición para que la vieja nobleza demostrara tal carácter en las tierras en las que ejercía jurisdicción señorial (por ejemplo la presentación de títulos adquisitivos) esta se apresuró a declarar como “solariegos” al conjunto de sus posesiones feudales. El campesinado pleiteó y el asunto quedó en manos de los tribunales de justicia. De forma invariable los jueces españoles dieron la razón a las familias nobiliarias, que pasaron así de señores feudales a terratenientes capitalistas de pleno derecho sobre sus antiguos señoríos. Es la Revolución Francesa pero hecha al revés (Fontana, J. 1973).
En las Cortes de Cádiz tenemos, así pues, el origen de la estructura agraria latifundista que, por lo demás, se fue reforzando con el proceso de construcción del Estado-Nación español como Estado liberal-burgués en siglo XIX (desamortizaciones eclesiástica y civil). El denominado problema agrario, que no es otra cosa que la formación de una estructura de la propiedad de la tierra basada en el poder de una oligarquía terrateniente generalmente parasitaria y por otra parte de una masa campesina en condiciones de miseria, fue en los siglos XIX y XX uno de los principales obstáculos para la apertura de un proceso de generación de bienes y servicios suficientes para la población del estado (proceso de industrialización), y, por lo que se refiere a nuestro país, afectó profundamente en la zona media y ribera de Nafarroa.
Esto ha sido además la base socioeconómica principal del carácter político profundamente antidemocrático del Estado Español y de sus clases dirigentes. El hecho de que la derecha española y navarra sean las más reaccionarias de Europa, (como se ha denunciado repetidas veces desde la Izquierda Abertzale) situándose directamente en el universo cultural de otras formaciones de la extrema derecha europea tiene, en nuestra opinión, mucho que ver con el carácter “agrarista” que está en la raíz de sus presupuestos ideológicos (el canovismo y el franquismo) que nacieron precisamente como expresión política- la primera autoritaria y la segunda totalitaria- de los intereses de la gran propiedad agraria. Los procesos de industrialización y posteriormente de tercerización de la economía del estado en la segunda mitad del siglo XX no parece que hayan alterado en lo esencial estos cimientos de la derecha hispana. Volcada ahora, como el resto de la derecha mundial, en la defensa de los intereses de la selecta minoría de especuladores financieros embarcados en la superlucrativa tarea del saqueo de continentes enteros, la derecha española no ha perdido aun esos aires de “autoritarismo de señoritos” que imprime de forma indeleble su carácter político, signo este que marca de igual manera a la derecha navarra.
Las posiciones que el PP y la UPN mantienen ante el proceso abierto en Euskalherria nos vienen a confirmar cómo determinadas superestructuras políticas, jurídicas e ideológicas sobreviven a los cambios históricos cuando encuentran un “nicho ecológico” en el que resistir. Es el mito del plesiosauro del Lago Ness materializado en nuestra realidad política. Naturalmente para que ese nicho haya resultado funcional en un Estado que se dice valedor de los principios democráticos, ha tenido que contar con el parabién de aquellas fuerzas que históricamente se habían mostrado contrarias a la pervivencia de este Jurásico cultural hispano y darle así un entorno ambiental adecuado. Es el caso del PSOE, que ya solo cuenta con el patrimonio simbólico de sus siglas, ya que a lo largo de sus gobiernos en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX y también en estos últimos ocho años ha demostrado sobradamente su absoluta subordinación a los intereses de la oligarquía financiera. Esa, que en su vertiente española, sigue aun vistiendo la armadura del Duque de Alba
