A lo largo de las pasadas semanas han sido citadas a declarar en la Audiencia Nacional un total de 22 personas integrantes del movimiento 15M de Barcelona.
Estamos ante una actuación clásica en cuanto a represión general se refiere, y también en cuanto a la forma concreta en que ésta suele producirse en el ámbito del estado español. Lo significativo es que en anteriores ocasiones, los casos de criminalización y represión se habían cebado con organizaciones políticas de izquierda, con el independentismo, colectivos sindicales, el movimiento antifascista, el de la okupación, o los movimientos libertarios. Y en estos momentos, en los que también están siendo juzgadas las personas detenidas en la manifestación por una vivienda digna, la víctima es un movimiento popular como el 15M, que ha servido de vehículo durante los últimos meses para la protesta social, gozando de amplia legitimidad entre la población, en un contexto de graves agresiones neoliberales frente a los servicios públicos y los derechos históricamente conquistados. El contexto y el sujeto concreto de la represión pueden haber variado, los mecanismos puestos en marcha por parte de las instituciones del estado son idénticos.
Lo que está ocurriendo en Cataluña a raíz de la entrada del nuevo gobierno autonómico desde un punto de vista político-económico y social (recortes salvajes a los servicios públicos), y también desde el punto de vista represivo, es un escenario similar al que nos podemos encontrar en el futuro con la entrada del PP en el gobierno del estado. Debemos tomar conciencia y estar preparad@s. La represión no es deseable, obviamente, pero cuando se produce, el movimiento popular debe buscar la manera de salir reforzado de ella, y para ello nunca está de más detenerse a reflexionar sobre sus mecanismos.
El pasado 15 de junio, miles de personas llevaron a cabo un bloqueo en el Parlamento de Cataluña con el objetivo de evitar la aprobación de unos presupuestos que iban a dar vía libre a toda una batería de recortes presupuestarios claramente antisociales. Un total de 22 compañer@s del movimiento 15‑M en Cataluña han sido imputad@s por haber cometido presuntamente un “delito contra las instituciones del Estado”, contemplado en el artículo 498 del Código Penal español con penas de entre 3 y 5 años de prisión.
En Barcelona, el movimiento trató de cruzar valientemente la línea roja que separa la protesta simbólica del intento efectivo y real de impedir la toma de aquellas decisiones políticas que nos afectan, bloqueando pacíficamente la sesión parlamentaria, y obligando a la clase política a acudir al Parlament entre abucheos, utilizando en algunos casos incluso el transporte en helicópteros. El movimiento trató de impedir que las decisiones políticas antisociales se llevasen a cabo, pasando de la mera acción de protesta a la transformación de la realidad, y el estado reaccionó desencadenando toda una campaña represiva, mediática, política y judicial. Ese es el primer mensaje que el estado y sus instituciones lanzan al conjunto del movimiento: las medidas antisociales al servicio del capital financiero van a continuar, y aquel que trate de impedirlo yendo más allá de las protestas simbólicas debe saber cuáles van a ser las consecuencias. Afirmarse en el carácter pacífico de las protestas y solidarizarse con las personas represaliadas no sólo no es incompatible, sino que es una buena táctica para salvar los momentos de mayor presión mediática, pero nunca deberíamos perder de vista que es ese salto de un lado al otro de la línea roja lo que convierte nuestras acciones pacíficas en violentas para el estado, la clase política y la banca. La protesta popular es legítima y necesaria, ahora bien, cuando pretende ejercer su derecho a modificar el transcurso real de los acontecimientos, aunque sea de forma pacífica, será etiquetada como violenta.
Las campañas mediáticas de criminalización pretenden crear un clima social favorable a las actuaciones policiales, buscando aislar a los colectivos afectados, introduciendo en su seno grandes presiones, creando debates sobre “buenos y malos”, sembrando el miedo, las dudas y el desconcierto. Así ocurrió con el movimiento 15M aquellos días de junio, así es previsible que vuelva a ocurrir en el futuro si las contradicciones continúan agudizándose. Los medios masivos de comunicación, lanzados en una brutal campaña, silenciaron el carácter pacífico de la protesta y la presencia de elementos provocadores infiltrados de la policía, y presentaron los acontecimientos tildándolos de violentos. Ahora bien, conviene recordar, tal y como hizo el propio movimiento en sucesivas manifestaciones, que violencia es no llegar a fin de mes, violencia es ser desahuciado, violencia es no poder tener acceso a tratamiento sanitario, violento es desangrar el sistema público de atención social en aras de acudir al rescate de los poderes financieros. Es decir, por mucho que traten de confundirnos, un hecho tan habitual como la firma en un papel de unos presupuestos, es infinitamente violento cuando esos presupuestos tienen un contenido claramente antisocial que va a provocar el sufrimiento en miles de familias trabajadoras, familias que no van a poder acceder a un subsidio de desempleo ni a una sanidad o una educación gratuita y de calidad. Bloquear pacíficamente un parlamento y abuchear a un político puede resultar llamativo, inusual, pero es absolutamente legítimo cuando ese político es responsable de desencadenar con su firma un clima de brutal violencia contra la mayoría de la población. No sólo es legítimo, es un acto de gran responsabilidad social.
Llama también la atención la forma concreta en que se han desencadenado los acontecimientos, así como los sujetos que han intervenido en ellos, ya que de nuevo estamos ante una actuación de libro. Manos Limpias interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional, y los poderes del estado, interesados en llevar adelante una acción ejemplarizante para el conjunto del movimiento 15M, pasaron a actuar. Las personas con mayor experiencia o trayectoria política conocerán de primera mano y por desgracia a la Audiencia Nacional (institución que es heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, en la que se vienen celebrando juicios claramente políticos contra todo tipo de disidencia) Y es también de sobra conocida la trayectoria del pseudo-sindicato de la fiscalía Manos Limpias, liderado por el franquista reciclado Miguel Bernard Remón, cuya principal labor consiste en actuar como punta de lanza de la represión contra multitud de colectivos y organizaciones, habiendo llegado incluso a la petición de ilegalización para algunas organizaciones políticas y sociales madrileñas (basta escribir “Manos Limpias denuncia” en el buscador de google para ilustrarnos)
Estos días ha habido una concentración de solidaridad con las personas represaliadas en la madrileña plaza de Sol, y el apoyo a l@s compañer@s de Barcelona también se hizo sentir en las puertas de la Audiencia Nacional.
Activemos la solidaridad activa y el apoyo mutuo, reforcemos las asambleas populares en barrios y pueblos, esforcémonos por cultivar la unidad entre todos los sectores y colectivos en lucha. Sin miedo, conscientes de que por dura que sea, la represión no será capaz de parar al movimiento popular y sus reivindicaciones justas y legítimas para la mayoría social.
¡Si nos tocan a un@, nos tocan a tod@s!
René Otaduy
(Miembro de la Asamblea Popular de Hortaleza)
