Washington Software, Inc., una firma de Maryland, obtuvo el contrato del Gobierno de EEUU para ejecutar un sistema informático capaz de bombardear 24 000 mensajes de texto a la semana a los usuarios de teléfonos celulares de Cuba, en franca violación de las leyes cubanas y convenios internacionales.
Según los términos del contrato, la empresa tendrá un mes para diseñar “un sistema de mensajería de texto” destinado a contrarrestar supuestos “intentos del gobierno cubano para bloquear los mensajes políticamente sensibles”, revela el sitio web Cuba Money Project, del periodista Tracey Eaton.
Esta gigantesca operación de ciberguerra amenaza afectar seriamente el funcionamiento normal del servicio de SMS ofrecido a los usuarios de celulares cubanos, que alcanzan el millón de personas, y está patrocinada por la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, o BBG, un órgano federal encargado de supervisar la calidad de las comunicaciones.
La BBG publicó el 17 de agosto la licitación para el proyecto que fue entregado el 21 de septiembre a Washington Software, Inc., con un contrato de base de 84.000 dólares durante el primer año. Otras opciones de un año aumentaría el valor total del contrato a casi medio millón de dólares: $464.160.
Cuba Money Project reporta que, antes de conceder el contrato a favor de la empresa en Maryland, uno de los posibles contratistas se preguntó si la campaña de mensajes de texto era legal. La BBG le respondió que no había que preocuparse por este “detalle”.
La BBG será quién redactará los mensajes de propaganda sucia que deberá difundir integralmente el “contratista”, sin derecho a rectificar.
“La Agencia asume la responsabilidad por el contenido de los mensajes. El contratista asume toda la responsabilidad en virtud de este requisito y debe considerar todos los aspectos de este requisito antes de presentar una oferta”, respondió BBG. Y añadió: “Si usted está preocupado acerca de problemas legales, no se molestan en solicitar (el contrato)”.
El primer año de la operación de este servicio de “spam”, financiada por el gobierno de EEUU, se extiende desde 15 de septiembre 2011 hasta el 14 de septiembre 2012.
La empresa ganadora ‑con dirección en 20410 Century Blvd., Ste. 220, en Germantown, Maryland- tiene entre sus clientes figuran el Departamento de Educación de EEUU., el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento del Trabajo y otras agencias gubernamentales. También, a transnacionales de la telecomunicaciones como IBM y Lockheed Martin.
Un bombardeo de 24.000 mensajes en total por semana
Según las especificaciones de la concesión, el “contratista” deberá diseñar y operar un sistema para gestionar el envío de mensajes SMS de las emisoras gubernamentales de EEUU que transmiten contra Cuba, y estarán destinados a usuarios de teléfonos móviles en la Isla. El software “debe poseer técnicas de manipulación y sustitución de palabras clave en mensajes individuales para burlar la censura”.
El contratista debe “ser capaz de distribuir hasta 24.000 mensajes en total por semana” y los envíos nunca deben estar “por debajo de 1.800 mensajes por hora” sin la aprobación previa de la BBG, dice textualmente el contrato.
La técnicas usadas deben incluir la posibilidad de añadir cambios únicos para “para evitar la detección de los mensajes que se envían en grandes cantidades a muchos suscriptores”.
Más aún: “Estas técnicas pueden incluir sustituciones de palabras clave, donde las palabras clave potencialmente provocadoras pueden ser censuradas y reemplazadas con otras palabras o caracteres que dejan el significado intacto, pero impide la detección (por ejemplo reemplazar ‘o’ con ‘0 ‘, o’ i ”con el ‘1 ‘)”.
El Contratista debe permitir la entrada de mensajes SMS en los idiomas Español e Inglés a través de la interfaz web, así como distribuir correctamente los mensajes SMS a través de las redes celulares de tal manera que todos los mensajes, especialmente aquellos utilizados sólo en español, no se dañan en el proceso de envío.
Por si fuera poco, la BBG proveerá los números de celulares que el contratista no podrá luego “dar, vender, entregar, o de cualquier otra forma, distribuir o utilizar” a otro negocio, organización, servicio, o cualquier gobierno, de EE.UU. o extranjero, por ser “propiedad estricta de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, la Oficina Internacional de Radiodifusión”.