La defensa de los derechos civiles y la exigencia de que terminen los juicios políticos contra militantes de organizaciones de la izquierda abertzale reunió ayer a miles de personas en las calles de Iruñea a convocatoria del movimiento Eleak. Los imputados reivindicaron su derecho a organizarse políticamente y anunciaron que continuarán en esta línea.
Martxelo DÍAZ | IRUÑEA
Más de 5.000 personas participaron ayer en Iruñea en la manifestación que convocó el movimiento por los derechos civiles Eleak y que partió desde los cines Golem para concluir en el paseo de Sarasate.
Cuando la cabecera de la marcha, en la que se podía ver una pancarta con el lema «Por las libertades políticas. Eskubide guztiak guztientzat», que portaban miembros de Eleak y representantes de colectivos represaliados, llegó a la plaza de la Paz, el cortejo llenaba por completo la avenida del Ejército. Asimismo, los asistentes ocuparon buena parte del paseo de Sarasate al final del acto. Pese a ello, la Policía Municipal de Iruñea cifró en apenas mil personas la asistencia a la movilización.
Durante este recorrido pudieron escucharse consignas como «Euskal presoak etxera», «Aske eta gazte irabazi arte», «Amnistia osoa» o «Hay que cerrar la Audiencia Nacional».
Los gritos a favor de la repatriación de los presos políticos vascos se hicieron aún mucho más sonoros al paso ante las sedes del Parlamento navarro y del PSN.
En la rotonda de los cines Golem confluyeron las columnas que partieron de Arrosadia y de Barañain, donde residen varios de los once jóvenes que iban a ser juzgados la próxima semana en la Audiencia Nacional española por su pertenencia al movimiento juvenil.
Durante el cortejo, estas columnas mostraron sus correspondientes pancartas, al igual que los internacionalistas procesados, que portaron una banderola con el lema «Internazionalismoa ez da delitua». Asimismo, pudieron verse banderas de otros pueblos en lucha y de la iniciativa Gazte 1+ Ez!
Entre los asistentes, se encontraban los parlamentarios de Bildu Maiorga Ramírez y Bakartxo Ruiz, así como Txentxo Jiménez, parlamentario de NaBai, y miembros de la izquierda abertzale como Txelui Moreno, Tasio Erkizia y Miren Legorburu, así como representantes de los sindicatos y movimientos sociales que habían apoyado la convocatoria.
Desde el escenario del paseo de Sarasate, Expe Iriarte y Juanje Soria, en nombre de Eleak, recordaron que ayer hacía justo un año que el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz enviaba a la cárcel a cinco militantes internacionalistas y se felicitaron por el hecho de que varios de ellos estaban ayer en las calles de Iruñea.
También recordaron que el 29 de enero, miles de personas salieron a la calle en Iruñea para decir basta a las detenciones y a las torturas, porque en ese plazo de cuatro meses de registraron otras dos operaciones contra el movimiento juvenil y otras más, con el saldo de diez detenciones, contra militantes de Batasuna, el movimiento pro-amnistía, Segi y la web Apurtu. «Aquel día hicimos algo muy importante, dibujamos ese muro popular que decía no a las detenciones y a las torturas y logramos poner un dique de contención a la estrategia represiva del Estado», destacaron.
«Ahora nos encontramos en un nuevo momento político, nos toca parar los juicios», subrayaron, ya que los cinco internacionalistas acaban de ser procesados, otros nueve navarros serán juzgados por ser miembros de Segi o Ekin, Josu Esparza se enfrenta a una euroorden por militar en el movimiento pro-amnistía, se acaba de conocer la sentencia de Bateragune y sólo un error de procedimiento ha impedido que la semana próxima empiece el juicio contra once jóvenes.
Cien imputados en Nafarroa
«En Nafarroa hay actualmente cien personas imputadas por militar en distintas organizaciones de la izquierda abertzale y 34 de ellas están en la cárcel. Y lo grave es que el número de presos políticos podría aumentar tras los juicios de los próximos meses», alertaron.
En nombre de estos imputados, intervinieron Iker Aristu y Maitane Intxaurraga, que recordaron que además de los de Iruñerria también hay jóvenes de Orereta, Uribe-Kosta o Donostialdea que se encuentran en la misma situación.
Junto a ello, subrayaron que organizarse políticamente no es ningún delito, pese a la persecución que supone, sino un derecho y reivindicaron la necesidad de seguir ejerciéndolo.
Asimismo, destacaron que estos juicios políticos afectan no sólo a los derechos de los enjuiciados, sino a los de toda la sociedad, por lo que hicieron un llamamiento a construir un muro ciudadano que haga frente a las oleadas represivas.