La propuesta realizada por el primer ministro griego George Papandreu de convocar un referéndum a fin de que el pueblo de ese país apruebe su «plan de recortes» (que no de «austeridad») no deja de ser un golpe de efecto. En primer lugar, porque no está nada claro la pregunta concreta que se hubiese formulado en caso de llevarse a cabo el referéndum. En este sentido, no sería lo mismo preguntar si se aprueban o no determinados recortes sociales y salariales (las eufemísticamente llamadas «medidas de austeridad»), o preguntar a la gente si está de acuerdo en seguir perteneciendo o no a la zona euro, una pertenencia que los gobiernos de la Unión Europea condicionan a que Grecia implemente dichas medidas. Es fundamental saber cuál sería la pregunta concreta, ya que ésta puede dar lugar a que el resultado sea en un sentido o en otro.
Además, el recurso a una herramienta como es el referéndum, si realmente se quería consultar a la ciudadanía griega sobre el futuro de su país, debería haberse hecho cuando se comenzaron a aplicar las primeras medidas, hace ya más de año y medio.
Sin embargo, el debate generado como consecuencia de la propuesta del presidente griego ha dejado una vez más en evidencia la escasa cultura democrática que impera en la Unión Europea, en sus instituciones y en los gobiernos miembros de la UE, así como en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.
La actual crisis del capitalismo ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, la falsedad de una afirmación que se repite hasta la saciedad en los grandes medios de comunicación a diario, en el sentido de que Europa es la cuna de la democracia y que la ciudadanía europea, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, goza de la posibilidad de elegir democráticamente su futuro en el ámbito social, en el económico y en el político.
Por una parte, estamos viendo cómo son la banca, el gran capital transnacional y organizaciones tan poco democráticas en su composición como el FMI y el BM quienes dictan las políticas económicas y sociales de los gobiernos. Para ello, Nicolas Sarkozy y Angela Merkel son sus más firmes testaferros, y los mandatarios de los países de la UE cumplen servilmente, probablemente porque muchos de ellos tienen la esperanza de cobrar cuantiosas comisiones de los consejos de administración de bancos y empresas multinacionales, una vez que hayan terminado su carrera política.
El Estado español es un claro ejemplo de esta práctica que ha recibido el nombre de «puertas giratorias», que consiste en saltar de la gestión de la res publica a la dirección de consejos administrativos en la empresa privada: Felipe González (Gas Natural), Aznar (Endesa), Pedro Solbes (Barclays, Enel), Piqué (Vueling), Narcís Serra (Caixa Catalunya), Josu Jon Imaz (Petronor) o Acebes son sólo unos ejemplos que componen la punta del iceberg.
Además, el debate que se ha generado a raíz del posible referéndum en Grecia y el tirón de orejas que el resto de mandatarios de la Unión Europea le han dado a Papandreu por insinuar siquiera el recurso a la consulta popular, ha puesto una vez más en evidencia el miedo que los constructores de la Europa del capital y de los estados tienen a la opinión del pueblo cuando ésta se formula de forma directa. Esto no es algo nuevo en el marco de la UE. He aquí algunos recientes ejemplos:
-En el año 2005, franceses y holandeses fueron consultados mediante sendos referéndum y se opusieron a la ratificación de lo que se llamó la Constitución Europea (firmada en 2004). Este rechazo hizo que varios de los referéndum que estaban previstos se aplazasen para no llevarse a cabo jamás, y los mandatarios europeos redactaron un nuevo texto: el Tratado de Lisboa (firmado en 2007).
-En el caso del Tratado de Lisboa, aprendiendo de «errores» precedentes, todos los países evitaron consultar directamente a su ciudadanía, con excepción de Irlanda, que estaba obligada a someter su ratificación a referéndum por orden constitucional. La mayoría del pueblo irlandés votó en contra de su ratificación en 2008, y tuvieron que organizar una nueva consulta en 2009 y una fuerte campaña mediática, que duró todo un año, amenazando con un desastre para Irlanda si no se aprobaba el Tratado, para que finalmente éste fuera aprobado.
-En Islandia, uno de los países de mayor índice de desarrollo humano según la ONU, la crisis capitalista estalló en 2008. Tras un cambio de Gobierno, entre otras medidas, el Parlamento propuso devolver 3.500 millones de euros a los bancos del Reino Unido y Holanda, fundamentalmente. Esa suma la hubieran debido pagar mensualmente las familias islandesas durante 15 años al 5,5% de interés. Hubo un gran debate social que obligó al Gobierno a celebrar un referéndum. El 93% votó «no» en 2009 al pago de la deuda, y en abril de 2011 se celebró otro referendum, donde el 60% votó en contra del pago de la deuda a los bancos extranjeros. Los grandes medios de comunicación europeos obviaron esta noticia, así como toda información relativa al modo en que en Islandia están enfrentando las consecuencias de la crisis (encarcelamiento de banqueros, juicio al ex primer ministro por su nefasta gestión, redacción de una nueva Constitución, etc.), no vaya a ser que las clases populares de los países de la UE consideren una alternativa aceptable el ejemplo islandés.
-En junio de este año, los italianos, también mediante referéndum, se opusieron a las pretensiones de Berlusconi de volver a implantar la energía nuclear, de privatizar el agua, y de garantizar su inmunidad penal. Berlusconi hizo todo lo posible para que la participación no llegara al 50%, dato necesario para que su resultado fuera vinculante, pero para su desgracia ésta superó el 55%. Además, de los votantes, más del 95% votaron contra las pretensiones del primer ministro italiano.
Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que a los mandatarios europeos se les da bastante mal la democracia participativa, que consiste en mucho más que depositar un voto cada cuatro años, y secuestrar la palabra de la ciudadanía hasta las siguientes elecciones. No es lo mismo optar en unas elecciones entre diferentes opciones políticas, que votar «sí» o «no» cuando a la ciudadanía se le pregunta una cuestión concreta.
Sólo admiten que la gente acuda a las urnas cuando ellos quieren y para que elijamos entre galgos y podencos. No dudan en amordazar a la ciudadanía europea en los temas que nos conciernen directamente: qué medidas adoptar ante la crisis del sistema capitalista, qué modelo de desarrollo queremos, si la ciudadanía de naciones oprimidas en la actual UE de los estados, como es el caso de Euskal Herria, quiere dotarse de un estado propio, etc. Frente a la seudodemocracia representativa que nos pretenden imponer es necesario que apostemos por un modelo de democracia participativa en la que las trabajadoras y trabajadores europeos podamos decidir qué modelo de sociedad queremos y el futuro de cada una de nuestras naciones.
Mientras esto no se garantice, el poder no estará en manos del pueblo sino, como sucede hoy día, en manos del gran capital, la banca y de una casta política servil.
Pero se han empezado a poner nerviosos, y eso significa que algo empieza a cambiar. De nosotros y nosotras depende que nuestros más dulces sueños se conviertan en sus peores pesadillas.
