El tema quizás le aburra a más de uno. Es recurrente y de vez en cuando sale a la palestra. Sin indulgencias. Un buen puñado de vascos cayó bajo las balas y las bombas de mercenarios a sueldo de estados. Hasta hace bien poco. Un documental de Canal+ Francia lo ha sacado a la palestra unos días atrás. Creo, sinceramente, que en la medida que husmeemos en los códigos de los estados vecinos, la actualidad nos revelará que no fueron excepciones sino costumbres atávicas.
Lo digo porque tengo la impresión de que los análisis que se han hecho sobre el fenómeno parapolicial, incluso los más implicados con la defensa de las tesis de sus víctimas, han errado en un tema de calado. La actividad paramilitar no ha sido anomalía, ni siquiera una versión extrema de aquella frase de Von Clausewitz, «la guerra es la continuación de la política por otros medios». La mal llamada «guerra sucia» ha formado parte y forma parte de esa gran materia en discusión desde hace siglos: cómo abordar las tendencias separatistas de los vascos.
Y por eso la tortura, la contaminación mediática (las ultimas de Vocento sobre Begoña Urroz y Pertur son de manual contrainsurgente), las medidas excepcionales políticas, las venganzas sobre los presos, las detenciones por razones ideológicas, el arrinconamiento lingüístico, las multas… son ramas de un mismo árbol. Quizás me repita, pero el recordatorio televisivo me viene como anillo al dedo.
Una y otra vez recogemos las palabras de Felipe González como si entre líneas estuviéramos a punto de captar algún mensaje incriminatorio. Las frases célebres del ya difunto Fraga como aval de la complicidad. Las miradas huidizas de Ardanza, no precisamente hacia los culottes de sus ciclistas, sino como coletilla a aquel «ya lo decía yo…». Las razones de la actividad estatal en la innombrable vía parapolicial son eso, razones de estado. Y en consecuencia tiene dos actores por acción, PP Y PSOE, y otros dos por omisión, PNV e IU (PCE en su época). Los avales del Estado.
Quizás alguno me tilde de exagerado. O de radical por eso de meter en la misma cesta a apellidos diversos. No me tengo precisamente por amigo de los excesos. Lo que digan González o Ardanza es lo de menos. Las actividades paralelas del Estado son como la biografía del rey español. La mayoría estamos al tanto de sus peajes históricos, parejas extramaritales y tapaderas empresariales. Nadie cree que fuera el salvador de España ante la opción golpista de los cuarteles aquel 23F. Más bien un actor secundario salvado por un reparto mediocre. Y, sin embargo, las voces de su amo alaban hasta la saciedad sus reales modales. Si fuera mi rey sentiría vergüenza ajena. No la siento por razones obvias.
Algo similar ocurre con la actividad paralela de España y de Francia. Europa, y en consecuencia sus máximos líderes políticos y económicos, conocen a la perfección la histórica tendencia hispano-francesa a resolver sus problemas con la eliminación física de su disidencia. En todas y cada una de las ocasiones que en los últimos años se han reunido los dirigentes jurídicos y policiales europeos, Madrid y en otra medida París, han puesto sobre la mesa su estilo. Para presionar a su favor en la concepción de los nuevos espacios represivos.
Lo hicieron en Trevi, en Schengen, en Ámsterdam, en Tempere… en la gestación de la Europol. Las euroordenes son inventos españoles y franceses. Animo a cualquiera que tenga un rato libre a colgarse de Internet durante unas horas para comprobar algo sorprendente, que los personajes citados por diversos medios como instigadores de la actividad paramilitar contra militantes o exiliados vascos, son los mismos que compartían mesa con otras policías europeas en los escenarios citados. Agentes pegados a un traductor simultáneo que transmitía a Europa su determinación y, por extensión, su odio hacia su disidencia interna. Y Europa tragó.
Ahí tenemos, como paradigma, la resolución 1.530 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas atribuyendo a ETA los atentado del 11 de marzo de 2004 que tuvieron lugar en Madrid. El proyecto de resolución, para los más desmemoriados, fue presentado conjuntamente por Francia y España. ¿Ridículo? ¿Han escuchado palabras al respecto de Sarkozy, Chirac, Villepin, Rajoy, Zapatero o Aznar? Yo tampoco.
Si la prueba para que el órgano supremo mundial condenara a ETA por los atentados de Madrid fue aquella famosa cinta de la Orquesta Mondragón, patria chica como alguien dijo de Txomin Iturbe, Juanjo Etxabe y Peixoto… ¿qué otros informes habrá llevado España a Schengen, Ámsterdam o Tempere? Me imagino cosas increíbles con solo leer los informes policiales que atestan las instrucciones judiciales de estos años, camisetas del Ché Guevara, pegatinas contra el TAV, discos de vinilo de La Polla… informes incompletos de muertos de la lucha «antiterrorista» como llamaba un despacho del Ministerio del Interior a las víctimas del terrorismo estatal.
El estado tiene razones que la razón no conoce. Frase manida. Las razones de estado son conceptos jurídicos y políticos. Y en lo referente al tema que nos ocupa, la mesa, de cuatro patas como cualquier mesa que se precie, ha estado formada, precisamente, con esas cuatro extremidades: acciones diplomáticas, acciones policiales, acciones paramilitares y acciones comerciales. ¿Por qué no han puesto siglas como GAL, BVE, AAA y similares a la compra de aviones de tipo Mirage o a la venta de tecnología para el tren de alta velocidad? En justicia hubieran debido hacerlo. Porque todo ello obedecía a una misma línea de trabajo.
Mientras el ministro de Exteriores viajaba a París para entregar una lista detallada con la ficha completa de 137 exiliados vascos a los que había que perseguir, la delegación comercial española civil negociaba los cupos alimentarios y la militar regateaba la compra de tanques y su fabricación parcial en suelo ibérico. Simultáneamente la Policía española de paisano incordiaba a esos exiliados, la gendarmería los detenía y los mercenarios contratados por los servicios españoles de inteligencia mataban a Argala. Todo ello en la misma semana. Efectividad y ofensiva en toda regla.
Las cuatro patas de la misma mesa.
En nuestra casa y en los últimos años, varios centenares de miembros de organismos antirrepresivos, de organizaciones políticas, juveniles, sindicales, sociales, de comunicación, han sido detenidos, muchos torturados y otros tantos encarcelados. En ocasiones se les ha condenado por «cómplices del terrorismo». En otras, directamente, por «pertenencia a banda armada». El montaje ha sido espectacular, gracias a esa sempiterna «razón de estado».
Hecho el daño, falta la reciprocidad. La mayoría de los atentados paramilitares ejecutados en tres grandes fases de nuestra historia reciente, apenas han sido investigados por quienes deberían, agentes policiales y judiciales. Un puñado de policías y mercenarios fueron señalados. Sus nombres son de dominio público. Pero, ¿cuándo conoceremos los nombres del resto, del aparato civil que participó en esas ofensivas de cuatro entradas (diplomática, policial, paramilitar y comercial)? Porque, de Garzón a Marlasca, de Rubalcaba a Fernández, decenas de jueces y policías nos han recordado que para ser un terrorista no hace falta, necesariamente, tener una pistola debajo del sobaco.
Diversos organismos llevan lanzando la idea de una Comisión de la Verdad que examine la intervención de cada parte en conflicto. La experiencia en este campo es amplia, desde Latinoamérica hasta África. Objetivo público: la verdad. Atrocidades, que las hubo, actividades sin reconocer, desapariciones, no solo las de Pertur, Popo Larre o Naparra, sino otras que siguen sin esclarecerse. Aquel refugiado de Azkoitia, Peru Larrañaga, asesinado en Hendaia por un veterano de la guerra de Indochina. Aquel vecino suyo, Tomás Hernández, que algo debió de ver para que desapareciera sin dejar rastro hasta hoy.
Una verdad que se nos ha hurtado escandalosamente. Víctimas que aún están sin reconocer, la mayoría. Informes, seguro que desternillantes, del estilo del de la Orquesta Mondragón, enviados a las embajadas de Holanda, Canadá o República Dominicana para que Madrid y París lograran sus objetivos. Compras vergonzosas, fiestas y saraos millonarios para alimentar el ego de fiscales y jueces especiales. Regalos en carne, Exuperancias entrando y saliendo de zonas privadas…
¡Qué lejos estamos todavía de la verdad!
