Bien es sabido que tanto el estado español como el francés utilizan la dispersión carcelaria a modo de coacción violenta contra presos políticos y familiares. Una política carcelaria que no está escrita en ninguna parte pero que se realiza sistemáticamente y de manera colectiva como un añadido cruel a la condena. Es simplemente una estrategia político-criminal que a través del sufrimiento intenta sacar réditos politicos, quebrar voluntades y saciar venganzas. No tiene absolutamente nada que ver con un estado de derecho las prácticas carcelarias que se realizan contra prisioneros políticos. No existe ninguna organización internacional de derechos humanos que no condene esa práctica. Uno de los derechos fundamentales del preso es cumplir condena en la carcel más cercana a su entorno. Y no existe en ninguna legalidad democrática que dependiendo de diversas condiciones que se le puedan forzar al preso este pueda acceder a derechos que le corresponden. Es simple y llanamente un delito lo que está realizando el estado español y el estado francés. Una práctica criminal que tiene como antecesor directo a la metodolgía de la inquisición española.
Este delito y vulneración de derechos fundamentales tiene el apoyo de las direcciones de PP, PSOE y PNV. Al ser estos tres partidos los que han dado por bueno el plan de interior en relación al chantaje y coacción sobre los presos políticos. Este nuevo plan de política penitenciaria impulsado por el gobierno del PP no presenta ninguna novedad, es la copia exacta de la política penitenciaria que ha llevado hasta ahora en la práctica. El mismo modelo. El del palo y la zanahoria. El poner condiciones políticas para vulnerar o no vulnerar diversos derechos humanos. Es la misma “vía de nanclares”, vía que han aceptado que es un fracaso pero que ahora es presentada con otro nombre. Se suele decir que a veces algo se mueve para que no se mueva nada, sin embargo en este caso ni si quiera se ha movido algo.
Los presos politicos no necesitan reinsertase en una sociedad en la que están plenamente insertados. Por eso los dispersan, para alejarlos del pueblo. Obviamente después de décadas ya se han dado cuenta que sus esfuerzos han sido en vano. Se han quedado simplemente con una política penitenciaria criminal, cruel y sobre todo gratuita.
Es el estado español el que persigue violentamente a la mayoría de la sociedad vasca que defiende los derechos de los presos políticos. Son los estados en definitiva los que deben de respetar esa voluntad.
Los derechos básicos de los presos políticos deben respetarse sin ninguna condición. El no hacerlo supone ahondar en una estrategia político-criminal que no tiene nada que ver con un proceso de resolución. Por lo tanto toda estrategia violenta que ponga en marcha el estado que de entrada no respete esos derechos son movimientos hacia atrás que tratan de asentar
un modelo que ha fracasado. Y ese es el caso del plan de interior.
Puede que haya gente que fruto de la ansiedad de alimentar un proceso de resolución que sigue siendo unilateral haya visto un movimiento en el estado. Otras gentes, como los sectores más ultras de la sociedad española, cegados por la venganza y el odio histórico también lo han visto así. Otros, como cierta clase política, en general lo analizan como un clavo ardiendo donde poder sujetarse y así quedar libres de algo que son responsables, como si la cosa no fuera con ellos. Especial responsabilidad la del PSOE y PNV ya que ellos fueron los diseñadores de muchas de las estrategias violentas carcelarias como la dispersión.
No existe otro horizonte de resolución del conflicto que el que en primera instancia respeta los derechos mínimos de los presos políticos sin ninguna contraprestación para finalmente y en el contexto de una solución final vaciar las cárceles. Quieran llamarlo amnistía o no, será amnistía. Como está escrito literalmente en el acuerdo de Gernika.
No son criminales. Son presos de guerra con estatus político no reconocido. Y pese a que el conflicto violento es vehiculizado unilateralmente por el estado a día de hoy, algún día llegará a su fin. Por lo tanto la liberación de todos los presos está íntimamente ligada al proceso de solución del conflicto y de las razones que les llevaron a la cárcel , asegurando que no existen condiciones para que nadie más vuelva a entrar.
Sobra decir que esto no vendrá de la buena voluntad de los estados sino que sigue estando como siempre en manos de la presión que pueda realizar la sociedad vasca y de los avances en el proceso de liberación. La presión puede llegar a niveles asfixiantes, y ese debe ser el objetivo. El estado se ha revuelto y no deja de ser sintomático pero eso no tiene que nublar el análisis de sus intenciones, que hoy por hoy no se encuadran en dar pasos hacia la resolución.
