El gobierno de Argentina, presidido por 
Cristina Fernández de Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado la nacionalización de la empresa
YPF, filial de la multinacional REPSOL. En este post recopilamos la información más relevante que hemos publicado estos días sobre esta cuestión.
En primer lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la propia medida, pues de momento las informaciones son imprecisas. Se habla tanto de “expropiación” como de “nacionalización” y de “compra”, sin precisar mucho más. Las definiciones son importantes y deben acompañar a los conceptos, pero hasta el momento la información disponible nos indica que se trata, efectivamente, de una nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio asignado hasta el momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una decisión voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión unilateral que, no obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir[1].
En segundo lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero).
En tercer lugar, la historia es importante. YPF fue fundada en 1922 por el Estado argentino y fue de titularidad pública hasta 1992, cuando comenzó el proceso de privatización auspiciado por los organismos internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el marco de los llamados planes de ajuste. La empresa terminó de privatizarse en 1999 cuando Repsol –otra empresa que fue en otro tiempo pública, en este caso española- se hizo con la mayoría de las acciones de YPF.
Durante la etapa de la “sustitución de importaciones” ‑a partir años treinta- YPF jugó un rol fundamental en la reestructuración de la economía argentina. La influencia de los autores dependentistas y neomarxistas llevó a Argentina a una estructura económica que la situó entre los países más avanzados del mundo en la época de posguerra, atrayendo a gran parte de los refugiados por la II Guerra Mundial. Su modelo de exportación de materias primas fue progresivamente sustituido por uno en el que la industria jugaba un rol crucial, proporcionando un modelo de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales estables y un incipiente sistema de protección social.
Tras la dictadura militar y la crisis estructural de los años setenta y ochenta, el gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de la privatización, si bien fueron las políticas del Consenso de Washington las que inspiraron dicho proceso. Junto a esa privatización se dieron reformas estructurales que llevaron a la privatización de los planes de pensiones, reformas en el mercado de trabajo que precarizaron las condiciones laborales y otras reformas que llevaron a la gravísima crisis de 2000. Sólo después de que Argentina se rebelara contra el FMI y sus planes de ajuste, incluso acometiendo una quita de la deuda –no pagar parte de la deuda externa‑, pudo el país volver a remontar aquella situación.
En cuarto lugar, Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.
En quinto lugar, Repsol proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios. Repsol declara en España el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%. Ello quiere decir que ni siquiera paga el 30% que corresponde como tipo nominal por tributar en España. Repsol paga otro tipo de impuestos en los países donde opera, como Argentina o Libia, pero también tiene operaciones en paraísos fiscales. Y su operativa financiera muy probablemente no se contabilice en España.
En sexto lugar, el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.
En séptimo lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además‑, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.
En definitiva, hablamos de un fenómeno económico que debe analizarse desde un enfoque adecuado. No están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en menor grado, españoles-. Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada –ya veremos‑, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad.
Esta no es la guerra de los trabajadores españoles. En todo caso queda pendiente ver si la gestión de YPF, a partir de ahora en poder del Estado argentino, será beneficiosa para los trabajadores argentinos o si, por el contrario, será YPF un instrumento al servicio de las oligarquías argentinas. No obstante, no es ese el tema que ahora nos ocupa.
Es una vergüenza que el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como Argentina. Más aún cuando mientras eso ocurre el gobierno está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida.
Para el gobierno del PP el grado de atención y ayuda prestada depende del tamaño del bolsillo. Lo que debería hacer el PP, en vez de proteger los intereses de los más ricos, es replantearse su política económica y reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos. Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto, y no de unos pocos adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros –entre ellos el de acciones.
[1] La ventaja más obvia que conlleva la nacionalización de una empresa rentable es que más allá del coste de adquisición los beneficios de su actividad pasan a engordar las finanzas públicas. Se trata de una socialización de las ganancias, en oposición con las socializaciones de las pérdidas a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos europeos y estadounidenses con respecto a las entidades financieras en tiempos de crisis.
