El peligro de los residuos, peligrosos o no, reside en su quema, por las peligrosísimas emisiones de compuestos cancerígenos ante las que no hay un valor seguro de exposición
Ultimamente nos encontramos con informaciones que, en torno a la nueva activi- dad que la cementera de la multinacional de las basuras FCC quiere realizar en Navarra, resultan contradictorias y en ocasiones nada fáciles de entender. A estas alturas, todo el mundo sabe que se trata de una incineración de residuos encubierta, y es precisamente por eso, porque la empresa no sabe como encubrirla, por lo que muchas informaciones provenientes de esas fuentes resultan totalmente infumables. Desde la Plataforma 3MB queremos incidir en algunos de estos aspectos para aclarar en lo posible algunas cuestiones relacionadas con este tema.
Una de las afirmaciones repetidas por la empresa es que va a producir cemento y que no va a cambiar de actividad. Ante esto surge una pregunta: si para hacer cemento ya tiene una autorización desde junio de 2007, la Autorización Ambiental Integrada (AAI), ¿para qué necesita otra nueva autorización?
La respuesta es que necesita una nueva AAI porque, además de fabricar cemento, va a realizar una nueva actividad de gestión de residuos regulada por el RD 653⁄2003 de incineración de residuos, el mismo que regula la incineración en instalaciones específicas (incineradoras). Para ello, además, la empresa ha firmado un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra para quemar los residuos provenientes «preferentemente» de Navarra. Un convenio con el objetivo de justificar la declaración del proyecto de la multinacional de las basuras FCC de interés público y pasar así por encima de las normativas locales que no permiten la realización de esa actividad.
Otra cuestión es la referida a que quemarán residuos «no peligrosos», para trasladar a la ciudadanía el mensaje de que su nueva actividad no es peligrosa.
El RD653/2003 de incineración de residuos, que regula la actividad de gestión de residuos en plantas de valorización (incineradoras) y en plantas cementeras que queman residuos, dice: «la diferenciación entre residuos peligrosos y no peligrosos tiene su fundamento en las características de los residuos con carácter previo a su incineración, pero es irrelevante en relación con la emisión de contaminantes a la atmósfera por lo que exige unos valores límite de emisión comunes…». Es decir, el peligro de los residuos, peligrosos o no, reside en su quema, por las peligrosísimas emisiones de compuestos cancerígenos ante las que no hay un valor seguro de exposición.
El argumento de la utilización de la «biomasa vegetal» solo le era necesario para abrirse camino y adentrarse en lo que realmente resulta rentable para la empresa: la quema de basura (eufemísticamente denominada CDR, combustible derivado de residuo), lodos, plásticos, neumáticos, etc, por supuesto, «residuos no reciclables cuyo destino es el vertedero». No es cierto que los residuos que quiere quemar FCC en Olazagutia solo tengan como destino final el vertedero y la prueba es que, por ejemplo, los neumáticos son 100% reciclables y su quema, al igual que el resto de residuos, está prohibida sin ir más lejos en las vecinas Araba o Aragón, donde sus Planes de Residuos no contemplan la incineración ‑valorización de residuos- como método de gestión de los mismos, sino otros métodos basados en el reciclaje y el compostaje.
Con respecto al mantenimiento del empleo, tanto la empresa como el presidente del comité han declarado que con la implantación de esta actividad no se aseguran los puestos de trabajo, algo que como estamos viendo sucede en otras cementeras que queman residuos.
Pero si Pórtland difícilmente puede camuflar su nueva actividad, igual suerte corre el Gobierno de Navarra al intentar justificar un PrSIS para el proyecto de un grupo como Pórtland, conociendo como conoce la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, en la que considera acreditadas las prácticas ilegales y fraudulentas de la multinacional, que según un primer cálculo han supuesto directamente para las arcas forales un fraude de más de 100 millones de euros. Utiliza perversamente este instrumento excepcional, nunca antes empleado en la autorización a una cementera, para puentear la normativa municipal de Olazti, que prohíbe la quema de residuos en todo su término municipal y establece unas distancias de seguridad para actividades nocivas y peligrosas que el proyecto de Pórtland no cumple. Es un atropello antidemocrático que debería activar todos los mecanismos de alarma de todos los partidos políticos.
Somos conscientes que los verdaderos paganos serán los vecinos de las zonas afectadas, que sufrirán las consecuencias de la imposición de una actividad que nadie ha querido en sus zonas, y que ha suscitado el rechazo de políticos, consorcios de desarrollo, asociaciones de turismo y casas rurales, ayuntamientos, …
El sábado, día 21 de julio, a las siete de la tarde desde la Plaza de Olazti, saldrá una manifestación de rechazo, que cuenta con el apoyo de colectivos ecologistas, sindicatos, casas rurales, ayuntamientos y cientos de particulares, bajo el lema «Errausketarik ez-No a la incineración». Os esperamos.
Gara