El archivo provisional, por parte del titular del Juzgado de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, de la causa orquestada por el Gobierno, sectores de la policía y los medios de comunicación del Búnker, contra ocho compañer@s del 25S, por la presunta comisión de delitos recogidos en el Art. 494 del Código Penal, ha sido una magnífica victoria social que demuestra que «SI SE PUEDE» avanzar en la lucha por el CAMBIO DE SISTEMA, pero que también esta poniendo de manifiesto la profunda descomposición institucional existente y el tremendo nerviosismo que ello conlleva entre sus representantes, especialmente los de la partitocracia.
Un párrafo de la resolución del titular del Juzgado de Instrucción nº1 de la A.N.: “Y, desde luego, el hecho de convocar bajo los lemas de rodear, permanecer de forma indefinida …, exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura v del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho 6 fundamental de libertad de expresión, pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política ” y especialmente la última frase de ese párrafo «máxime ante la convenida decadencia de la clase política», ha sacado totalmente de quicio a significados representantes del PP y del PSOE.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, llamó «pijo ácrata» al juez Pedraz y lo responsabiliza de posibles agresiones a políticos, ahí es nada. Por su parte el Secretario de Formación del PSOE y portavoz socialista en la Comisión de Fomento del Congreso ha calificado de «lenguaraz”, entre otras lindezas al referido juez.
El Sindicato Unificado de Policía(SUP) también ha expresado su malestar con la situación creada por el desarrollo de los acontecimientos.
La Asociación Profesional de Magistrados (APM), que representa a los sectores mas conservadores de los magistrados, también ha informado de su desacuerdo con algunos de los contenidos de la resolución del Juzgado de Instrucción nº1 de la A.N.
Realmente lo que hace la referida resolución es desmontar de una forma razonable y razonada todo un montaje político-mediático-policial, cuya finalidad era criminalizar y reprimir sin base legal alguna al movimiento 25S.
Hace dos días el Fiscal General del Estado volvió a reiterar: “las manifestaciones contra los recortes en tales o cuales servicios son legales y legitimas, pero las manifestaciones que tengan como finalidad el cambio de modelo político, el cambio constitucional, no lo son.” Esa es la doctrina jurídica-política del Gobierno y por extensión del conjunto del bloque dominante español.
El juez Pedraz en su auto dice lo contrario, que es legal, legítimo ya lo sabíamos, manifestarse a favor del cambio en el ordenamiento jurídico-político vigente . Esa es la auténtica cuestión de fondo que el titular del juzgado de Instrucción nº1 de la A.N. ha puesto sobre la mesa.
Sinceramente no creemos que la cosa quede así, traerá cola y no hay que excluir incluso la posibilidad de que la Fiscalía recurra el auto que archiva las diligencias, pero sea cual sea el recorrido de la cuestión hoy el movimiento social agrupado alrededor del 25 S ha tenido una gran victoria moral.
Por su parte los políticos profesionales del Régimen, han demostrado una vez más su autentica catadura, estos son los que nos decían que había que respetar las resoluciones judiciales.
Como decíamos en el título de este artículo, en esta ocasión el tiro les ha salido por la culata.
