Si hay algo que se ha demostrado en los últimos tiempos es la inutilidad de las políticas basadas en el despilfarro y la especulación para el bienestar del conjunto de la sociedad. Los megaproyectos son un ejemplo de ello, y el Tren de Alta Velocidad (TAV) su expresión máxima.
Esta infraestructura ferroviaria se ha convertido en un gran lastre para el Estado español: gastos que no se amortizan, bajo número de viajeros, alto coste de los billetes, millonario gasto de mantenimiento,… Lejos de aprender la lección, los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea aprobaron la construcción del TAV, cuyo coste total va a superar los 9.000 millones de euros.
El balance de estos años de imposición de un proyecto no refrendado por la sociedad vasca, no puede ser más negativo. ¿Para qué han servido los millones de euros que se han destinado para ello? Es evidente que no ha servido para crear empleo. El paro sigue creciendo hasta llegar a las 213.816 personas desempleadas. No ha servido para crear empleo de calidad. Son constantes las denuncias de incumplimiento de convenios provinciales, falta de seguridad laboral, largas jornadas de trabajo, accidentes laborales, temporalidad… Ni tampoco ha servido para mejorar los servicios públicos. El dinero que los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea están desviando al TAV en forma de partidas presupuestarias cada vez más crecientes, se está restando de la sanidad, la educación, de las políticas de creación de empleo, de la dependencia, de las rentas de ingresos mínimos etc.
El TAV se está tragando nuestro futuro. El beneficio de las grandes constructoras supone cortar de cuajo la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria, con servicios públicos que satisfagan las necesidades de la mayoría, que promueva un modelo económico más social y democrático.
Por ello, para el sindicato LAB nos parece inaudita y alarmante la intención de Urkullu de comprometer y adelantar el dinero de las obras del TAV, copiando así la política de Yolanda Barcina en Nafarroa. En estos momentos en que se anuncian nuevos ataques a los derechos sociales, que se acumulan a los que ya se venían aplicando, planteamientos como los de Urkullu suponen un grave peligro y riesgo para el bienestar de la sociedad vasca.
Urkullu antepone salvar la cara al Estado español, la banca y las grandes constructoras a responder a las urgentes necesidades en materia de salud, educación, pobreza, vivienda o desarrollo económico existentes en nuestro pueblo. Por ello, además de mostrar nuestro más contundente rechazo, exigimos un cambio radical en las prioridades políticas y económicas. La dirección es clara: más derechos sociales, más fiscalidad progresiva, más creación de empleo, más servicios públicos, más desarrollo local, más soberanía.
