Hay conceptos que se erigen en verdaderos fetiches y son utilizados como un curalotodo y punto final de cualquier debate en profundidad sobre el contenido real de tales expresiones. Durante la transición, conceptos como “consenso”, “pacto constitucional”, “monarquía constitucional”, “transición democrática”… nada o muy poco tenían que ver con la percepción de las clases populares sobre su significado y su traducción en la vida sociopolítica cotidiana de los ciudadanos.
Para el conjunto de los represaliados de la rebelión militar de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado conceptos como “democracia”, “paz”, “reconciliación” etc. contenían una, cuando menos, ambivalencia socio-política evidente, en la medida en que la “democracia” era vigilada, la “paz” era el resultado de la imposición del “estatus quo” por los vencedores sobre los vencidos y la “reconciliación” nacional se fundamentaba en la impunidad y el olvido. Desde un tiempo a esta parte, el concepto de “reconciliación” ha sido recuperado del diccionario político español de los años 60 adaptándolo a las nuevas circunstancias y procesos políticos que actualmente vivimos en este país, estableciéndolo como una de los ejes a desarrollar para la consecución de la normalización política en nuestro país. Como ejemplos claros de lo que llevamos dicho, pueden mencionarse apartados concretos de los siguientes documentos: el acuerdo de Gernika (25÷09÷2010) y la declaración conjunta del 17 de diciembre de 2011 y la declaración del Kursaal del 26 de febrero de 2012.
Nosotros como asociación, somos partícipes del conjunto de este proceso aunque mantenemos una actitud crítica constructiva, basada en un análisis exhaustivo conceptual, histórico y sociopolítico de sus contenidos, algunos de los cuales adolecen de una falta de articulación conceptual, lo que provoca graves contradicciones además de, a nuestro entender, errores que podrían derivar en graves consecuencias.
Lo primero que debemos destacar sobre la utilización del concepto de “reconciliación” es que este es un concepto con una fuerte carga moral del que deben de estar exentos los procesos de estas características; incluso en aquellos casos en los que el concepto de “reconciliación” aparece como objetivo a conseguir, se ha coincidido en afirmar la necesidad de despojar a su significado de toda carga moral y, en consecuencia, eliminar la precondición de la solicitud de “perdón” como elemento delimitador de la viabilidad del proceso de normalización y de la propia reconciliación. En segundo lugar, los análisis desarrollados con un mínimo de rigor coinciden en valorar como un error el establecer la “reconciliación” como un objetivo en si mismo, cuando su consecución está circunscrita dentro de un largo proceso de decisión y en el ámbito estrictamente personal e individual. En tercer lugar, pensamos que nos encontramos ante uno de esos conceptos con los que se pretende deformar y distorsionar la realidad para, desde una posición o visión de clase, poder negar la existencia de un conflicto socio-político a resolver; una visión en cuya base se encuentra una interpretación socio-política que pretende establecer como causa última de situaciones de conflicto, el comportamiento individual erróneo de unos pocos inadaptados sociales que el Estado debe de corregir mediante procesos de reinserción social y actos de contrición. Es el mismo esquema gestado por la ideología nacional-católica franquista y aplicada en toda su crueldad por Vallejo Nájera, pero adaptada, por exigencia de los nuevos tiempos, en alguna de sus formas y conceptos.
Toda esta trayectoria está teniendo unas consecuencias y derivaciones que se están plasmando en actos como el Gudari Eguna celebrado en Zarautz con la presencia de representantes institucionales, incluidos los correspondientes al gobierno de Gasteiz.
Mediante la caracterización que se ha querido dar a este evento, puede llegar a proyectarse una imagen y un mensaje absolutamente distorsionado de la realidad socio-política de este país y la voluntad de lucha de un importante sector de la sociedad de Euskal Herria. No estamos hablando del dolor o del daño sufrido, estamos hablando sobre la pretensión de equiparar la legitimidad histórica, social, política y cultural de la lucha antifranquista y en defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Euskal Herria. La intención de los representantes institucionales de reconocer parcialmente el dolor y la injusticia sufridas por unos militantes represaliados en 1975 no tiene otro fin que el de dotarse de argumentos para seguir negando las vulneraciones de derechos sufridas por los ciudadanos de Euskal Herria a partir de 1978 y, en consecuencia, afirmar la ilegitimidad de la lucha de los compañeros de militancia de los asesinados el día 27 septiembre de 1975.
A partir de aquí, querer presentar esta escenificación como un pequeño pero primer paso hacia la normalización, antesala de otros que implementará el adversario (Azpeitia 29/IX/2012), es querer distorsionar la verdadera voluntad de los responsables políticos del gobierno de Gasteiz, cuya única finalidad ha sido (y es) conseguir la certificación de la derrota histórica (en sus contenidos y en sus formas) de una lucha cuyo origen se sitúa mucho más allá del año 1960. Fracuentemente, se ha hecho autocrítica sobre los perjuicios de los discursos articulados en un lenguaje hermenéutico, creando unas expectativas políticas sobre gestos y palabras que, en la mayoría de los casos, no se corresponden con nuestros deseos. La presencia de los cargos institucionales del Gobierno de Gasteiz en los actos de Zarautz responde a una estrategia meditada por los partidos reformistas que está vinculada al debate parlamentario sobre las víctimas por excesos policiales (apoyado por el PNV, EB y los sectores escindidos de Aralar) que han sido denunciados por el conjunto de los movimientos sociales de defensa de DDHH y un amplio espectro sociopolítico disidente.
Mientras que no exista un compromiso y programas específicos dotados con sus correspondientes medios materiales y humanos para superar las vulneraciones de DDHH no es admisible, desde un punto de vista ético y sociopolítico, participar en actos conjuntos (esto mismo les ha sido expresado ante la convocatoria institucional del día de la memoria, el 10 de noviembre) proyectando a la sociedad una imagen y un mensaje que no se corresponde con la realidad disimétrica de las situaciones de vulneración de DDHH y una práctica política, social y legislativa (…) agresiva en contra de nuestros derechos. Todo ello se hace aún más evidente en el contexto de campaña electoral en el que nos encontramos.
La conclusión es clara: el objetivo de estos actos es mantener el estado de impunidad. Si no fuese así, ¿a qué esperan las instituciones para personarse como parte y financiar las denuncias interpuestas por los familiares de las personas desaparecidas, asesinadas, torturadas…? ¿A que esperan para exigir la anulación de las leyes de punto final aún en vigor? Junto a todo ello, es necesario subrayar que la legitimidad y condición socio-política y cultural de los luchadores y ciudadanos antifascistas no puede equipararse con la de aquellos militares franquistas, los sectores socio-políticos que los apoyaron y los que, siendo sus herederos, se aferran en el presente al actual estado de impunidad.
La reconciliación no puede establecerse como un objetivo socio-político, en la medida en que esta es una opción individual que no puede imponerse por encima de la voluntad del propio represaliado y, en cualquier caso, debe tener como condición previa e incuestionable, el respeto de los derechos de los represaliados a conocer la verdad, a la justicia efectiva y la reparación, incluidas las garantías de no repetición. Solo así podrá establecerse un entorno propiciatorio para una convivencia que pudiera derivar en acciones de reconciliación como una opción personal e individual de aquellos que quieran realizarla.
