Tres actos políticos, dos comparecencias ante los medios y una reunión son los motivos por los que el juez Ruiz la envía a la cárcel y la amenaza con una condena de doce años. La izquierda abertzale recuerda a Hollande que ni Sarkozy lo hizo. Protesta conjunta de electos vascos del PS.
La militante de Batasuna Aurore Martin ya se encuentra en Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz ordenó ayer su encarcelamiento apoyándose en una única acusación: su actividad política. Un trabajo que la propia Martin no ha ocultado, ni antes ni después de que el tribunal de excepción le imputase por «integración en organización terrorista» el 29 de marzo de 2009. Tampoco lo hizo ayer, durante los 15 minutos que duró su comparecencia frente al magistrado, trece horas después de ser entregada a la Guardia Civil en Biriatu tras haber sido detenida por la Gendarmería en Maule.
En virtud de esta acusación política, el magistrado construye una imputación que podría acarrear una pena máxima de 12 años de cárcel, tal y como indica el auto. Además, Ruz advierte que el juicio oral contra 43 militantes abertzales, entre los que se incluye la propia Martin, podría estar cerca de celebrarse, ya que el sumario ha sido elevado ya a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En una operación sin precedentes, Martin fue arrestada el jueves en un control de carretera. Posteriormente, la Policía francesa la puso en manos del cuerpo armado español, que la condujo a la Audiencia Nacional. Según relató la joven zuberotarra a su defensa, el trato por parte de los agentes fue «correcto» en todo momento. Tras pasar la noche en los calabozos del tribunal de excepción, Martin prestó declaración pasadas las 10.30 horas. Según indicó su abogada, la militante abertzale reivindicó en todo momento que su actividad había sido exclusivamente «política». Pese a ello, alrededor del mediodía el juez Ruz se sumó a las tesis de la Fiscalía y decretó su ingreso en prisión frente a la petición de libertad realizada por su defensa.
Mitines como prueba
Un acto público en Iruñea, dos ruedas de prensa, la presentación de una propuesta político-institucional realizada en Uztaritze, un mitin en Anaitasuna, una reunión en Agurain y un artículo publicado en GARA son algunas de las pruebas que esgrime el juez para justificar el ingreso en prisión de Martin. Estar dada de alta en la seguridad social como trabajadora del PCTV en 2006 (cuando la formación era legal y disponía de nueve parlamentarios en Gasteiz) o diversos ingresos de esa formación son también argumentos utilizados por el togado. Paradójicamente, el auto no menciona que las actividades de Batasuna en Iparralde, de donde es originaria Martin, nunca han estado prohibidas, a pesar de que el Estado español ilegalizase la formación abertzale en 2003.
Ni el cese definitivo decretado por ETA ni la nueva fase política abierta en Euskal Herria son tomadas en consideración por el juez Ruz. Tampoco el hecho de que Martin estuviese participando activamente en Bake Bidea y la conferencia de paz que se desarollará en diciembre en Baiona. Por el contrario, su escrito se remite a los razonamientos esgrimidos por el magistrado Baltasar Garzón en julio de 2009, donde ya se acordaba el encarcelamiento de la militante zuberotarra a causa de «contribuir a la obtención del fin delictivo común sigiendo las directrices de la organización terrorista ETA». Se refiere así a las diversas operaciones de motivación política lanzadas en octubre de 2007 y febrero de 2008.
«Tales razonamientos permanecen inalterados al presente estadio procesal», indica el auto dictado ayer, que recuerda que, tras no comparecer cuando fue citada en 2009, la Audiencia Nacional decretó sendas órdenes europeas de detención y entrega fechadas el 14 de julio de 2009 y el 13 de octubre de 2010. Unas solicitudes que, finalmente, fueron aceptadas por el Tribunal de Apelación de Pau el 23 de noviembre de ese mismo año, y consumadas ahora.
Argumentos para la prisión
En concreto, Ruz responsabiliza a Aurore Martin de las «actividades insitucionales y orgánicas llevadas a cabo en el seno de la ilegalizada organización Batasuna durante el período comprendido entre 2006 y 2008». Por este motivo, le imputa un delito de «integración en organización terrorista», con posibles penas de hasta 12 años de cárcel. Paradójicamente, las cuatro páginas que ocupa el auto se centran más en justificar la prisión que en argumentar por qué se encuentra imputada. De hecho, la acusación se basa únicamente en su participación en actos políticos y en vincularla con la Mesa Nacional de Batasuna.
Sobre su ingreso en la cárcel, el magistrado se aferra al «riesgo de fuga» y a su incomparecencia ante los tribunales españoles, que pretendían encarce- larla por su trabajo político, tal y como ha ocurrido. Lo que no toma en consideración es que, tras pasar medio año en la clandestinidad debido al persecución de la que era objeto, Aurore Martin regresó a la vida pública en 2011. Tampoco el hecho de que la propia arrestada manifestase ayer mismo su disposición a seguir residiendo en su domicilio habitual e incluso someterse a control policial.