Ante la situación de emergencia que las ejecuciones hipotecarias supone y ante la falta de voluntad e incapacidad de los sectores que gestionan el sistema para solucionar el problema de la vivienda a toda la población, urge poner fin al urbanismo salvaje, limitar los precios de los alquileres y construir parques públicos de vivienda en alquiler.Elkartzen siempre ha puesto de manifiesto la grave crisis de exclusión de acceso a la vivienda por parte de los sectores más precarizados en el mercado laboral: juventud, mujeres y personas migrantes. El derecho a la vivienda es una mera formalidad sin obligación de compromiso por parte del sector público, que lo basa en “un sorteo” o en baremos restrictivos para una minoría, sin que en él puedan entrar las personas más necesitadas. Esta falta de cobertura social en un bien básico como la vivienda ha llevado a un endeudamiento masivo y muy por encima de sus posibilidades a los colectivos necesitados de la misma. Esta exclusión al acceso de la vivienda junto a la explosión de la crisis y la consiguiente expulsión de las personas mediante ejecuciones hipotecarias, está teniendo una reacción amplia y popular. En este sentido, somos conscientes de que sólo la movilización popular, la solidaridad y los esfuerzos desinteresados de un sector amplio de la población han obligado a los sectores que han hecho de la vivienda un negocio, a tener que recular en sus intenciones de realizar uno de los mayores trasvases de rentas (como lo han hecho en el pasado) esta vez, por la vía de los desahucios.
“Los que hacen su dinero prestando el dinero ajeno y especulando con él, no tienen derecho a consideraciones especiales”. (Ernesto Guevara)
El Real Decreto sobre hipotecas hecho público el pasado 15 de noviembre no es suficiente para las personas que vivimos y trabajamos en Euskal Herria. Ha quedado patente que la banca manda y esta medida no es más que un movimiento para sacar a las entidades financieras del apuro y mala imagen que les supone que, mientras se les ha inyectado astronómicas sumas de dinero público para salvarles, a los sectores populares no se nos ayuda ni salva sino que se nos expulsa de nuestras viviendas con la ayuda de todo un entramado coercitivo y legal. Se ha dicho que hay que cambiar la ley hipotecaria y ¿por qué no la Ley de Arrendamientos Urbanos que permite los desahucios de las personas en régimen de alquiler? Y ¿por qué no la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite a la banca hacerse con las viviendas de los sectores más castigados por la crisis? Como si no fuera suficientemente agresivo el paro, demos una vuelta de tuerca a la situación, echémosles a la calle, con sus familias, sus pocas pertenencias… nos ceñimos a la ley, dicen… ¡esa es su forma de actuar!
En Euskal Herria, mientras no nos liberemos de esas prácticas, del entramado legal, administrativo y judicial que tienen organizado en torno a las competencias sobre vivienda, será imposible hacer realidad el derecho al uso y disfrute de un lugar de alojamiento digno para toda la población.
El problema de la vivienda es colectivo y global, consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal en nuestro pueblo. Los desahucios no son más que una de las consecuencias de este problema. El gran problema con la vivienda es que, en realidad, no se considera un derecho. Tenemos derecho a una vivienda digna y esto es lo que las administraciones públicas correspondientes tienen que garantizar y no garantizan. En este momento este es uno de los factores más importantes del empobrecimiento y exclusión de la población de Euskal Herria.
Entendemos que el problema de la vivienda es global y por tanto, requiere de una solución estructural.
Los desahucios necesitan una solución inmediata pero sin una solución integral que abarque todo el problema de la vivienda, no dejará de ser un parche más.
Podremos alargar los plazos, podremos buscar resquicios legales pero mientras que no atajemos el problema de una manera global e integral no veremos satisfecho el problema de acceso y disfrute a una vivienda digna para todas las personas. En momentos de crisis como los que estamos viviendo vemos como el peso de las hipotecas y la usura de la banca es inaguantable para el conjunto de la clase trabajadora en particular y de los sectores populares en general. En lugar de inyectar dinero a los bancos o de ofrecer refugio a las constructoras a través de la VPO como se está haciendo en estos momentos, creemos que a quien hay que dar refugio es a las personas que se han visto en la obligación de adquirir una hipoteca. En este sentido exigimos:
1. A los Gobiernos de Lakua e Iruñea que impongan la suspensión de todos los desahucios relacionados con impagos por causas objetivas aduciendo para ello la
situación de crisis económica que estamos padeciendo.
2. A los diferentes Ayuntamientos que aseguren la asistencia legal y ayuda a las personas afectadas, evitando que la gente se quede en la calle. Negarse a colaborar en este despropósito que supone desalojar a las personas de su lugar de residencia. Así como la creación de comisiones locales especiales, con participación popular para afrontar el problema desde el ámbito más cercano.
3. Que toda vivienda sujeta a ejecución hipotecaria pase a formar parte de un parque público de vivienda en alquiler social a nivel local.
Pero el problema de la vivienda como venimos remarcando desde hace tiempo va más allá de resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias. Para asegurar el derecho a la vivienda de una manera integral creemos que:
Hay que eliminar la existencia de vivienda vacía, en este sentido, debemos recordar que en Euskal Herria existen más de 255.000 viviendas vacías. A estas habría que sumar las que en este momento están siendo vaciadas por ejecuciones hipotecarias. La optimización de estas viviendas supondría acabar con el problema de acceso a un derecho básico.
Hay que establecer un límite a los precios que se cobran por los alquileres, tanto a los protegidos como a los de mercado. No es de recibo que hoy en día el precio medio del alquiler en el mercado libre supere los 900 euros y el SMI sea de 641,40 euros. Desde hace tiempo venimos reivindicando que ese límite ha de ser el 15% de los ingresos de la persona inquilina.
Es por ello que hoy cobra más fuerza que nunca la solución que ya propusimos en 2008 (en el libro La Euskal Herria ¿de quién? editado por IPES-Elkartzen) de crear un Instituto de Vivienda Pública para Euskal Herria, que velaría por el derecho efectivo al uso y disfrute de una vivienda digna de carácter público, en el cual se integrarían entre otras, las viviendas vacías o infrautilizadas y en el caso que estamos analizando, las viviendas bajo control bancario mediante ejecución hipotecaria.
Llevamos tiempo expresando nuestra esperanza y alegría ante el aumento del grado de concienciación y movilización que a lo largo de estos últimos años se está dando en la clase trabajadora y los sectores populares de Euskal Herria. Al albor de este aumento y en la medida de nuestras posibilidades, no podemos sino recoger el guante lanzado desde diferentes sectores de crear un frente común para poder hacer efectivo un derecho como es el de la vivienda. Este será nuestro trabajo en los próximos meses, siendo conscientes de que solo la organización y la lucha a favor de un cambio y una transformación social profunda hará posible la emancipación de la clase trabajadora y los sectores populares de Euskal Herria. Nos comprometemos a ello.
Elkartzen 26-11-2012
