El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, reiteró este lunes la posición del Gobierno nacional de no cesar las operaciones militares en el país, ya que se trata de un “deber constitucional” perseguir a quienes hayan violado los códigos y normas del Estado.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró este lunes que las fuerzas de seguridad seguirán desarrollando operaciones militares en el país, pese a la tregua declarada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El titular de Defensa resaltó que es un “deber constitucional de la fuerza pública colombiana “perseguir a todos aquellos criminales que hayan cometido delitos a través de tantos años” como lo han hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Esa es la postura muy clara que corresponde a la fuerza pública, seguir trabajando con toda decisión para perseguir a estos individuos que han violado todo tipo de códigos, todo tipo de normas y que han atentado contra la vida, contra la honra de los colombianos”, acotó Pinzón.
Más temprano, Iván Márquez, jefe del equipo de negociación de las FARC, anunció el cese unilateral del fuego desde el 20 de noviembre hasta las 00H00 del 20 de enero de 2013, a propósito de los diálogos de paz que se desarrollan entre el grupo insurgente y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Márquez leyó un comunicado en el que expresó que el cese al fuego por parte de las FARC es una contribución decidida a fortalecer el clima de entendimiento necesario durante los Diálogos de Paz que fueron retomados este lunes en La Habana.
“Es una muestra más de nuestra voluntad para generar un medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones, en aras de alcanzar el compromiso de acordar un verdadero tratado de paz que ponga fin al conflicto social y armado como es el anhelo de la mayoría de los colombianos”, agregó.
Desde el pasado jueves el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó la posibilidad de un cese al fuego porque a su juicio, la iniciativa “no tiene coherencia”.
“La fuerza pública tiene obligaciones de carácter constitucional e instrucciones presidenciales claras” por lo que “debe perseguir sin descanso en todo el territorio nacional a cualquier criminal o organización criminal”, apuntó Pinzón la semana pasada.
El Gobierno colombiano y las FARC suscribieron el pasado 27 de agosto en La Habana un documento en el que fijaron pautas para comenzar las negociaciones de paz y buscar la salida política al conflicto interno de casi medio siglo.
El documento fue el resultado de unas “conversaciones exploratorias”, según declaró el mismo presidente Santos, que las partes mantuvieron desde el pasado 23 de febrero en La Habana, Cuba.
Cuba, sede permanente del diálogo, y Noruega, son garantes del proceso, mientras que Chile y Venezuela participan como acompañantes.