Los respetables hombres de negocio se reunían la mayoría de las veces en los congresos de la federación profesional de electrónica en Fráncfort. Allí realizaban exposiciones sobre los nuevos mercados, las nuevas tecnologías y sobre cualquier otra novedad del sector de los transformadores, esos grandes aparatos compuestos de imanes y bobinas, indispensables para cualquier proveedor de electricidad. Pero tras el cierre del programa oficial del congreso es cuando las cosas se ponían realmente interesantes, durante veladas o excursiones en grupo.
Entonces, los directores generales y los responsables de ventas se reunían en «petit comité», según determinaron los investigadores, para realizar «intercambios sobre proyectos concretos», con los que obtendrían jugosos beneficios. Pactaban acuerdos que garantizaba a pseudo-competidores una serie de beneficios complementarios del orden de decenas de millones. Los participantes presentes acordaban en detalle la forma de compartir los contratos y, sobre todo, los precios que se iban a aplicar.
Una entente en detrimento de los consumidores
Los funcionarios de la Oficina Federal de la Competencia en Bonn descubrieron que, durante al menos cinco años, el grupo Siemens, la empresa Starkstrom-Gerätebau de Ratisbona, el francés Alstom y el gigante suizo de la electricidad ABB se dividieron el mercado alemán de los transformadores, eliminando de este modo cualquier tipo de competencia, en detrimento de los consumidores, pues éstos pagaron considerablemente más que si los proveedores hubieran operado en una situación de competencia. La investigación de la policía sobre los cárteles duró cuatro años y el resultado fue, el pasado mes de septiembre, una serie de sanciones financieras. En total, las cuatro empresas y los directivos implicados tuvieron que pagar 24,3 millones de euros de multa al Tesoro público.
Pero nada más. Nadie ha tenido que responder de sus actos ante un tribunal. Ni siquiera se ha señalado a ninguna de las partes implicadas. Más allá de algunas noticias breves, los medios de comunicación no se han hecho mucho eco del asunto.
Casi siempre ocurre lo mismo cuando se descubren cárteles en Europa. Cada año, las autoridades responsables de la competencia investigan a cientos de empresas que burlan la prohibición de formar cárteles. Café, productos para lavar vajillas, cemento y productos químicos, pantallas planas y lectores de DVD, cristales y haces eléctricos para automóviles, incluso los camiones de bomberos y los camarones, la lista de los sectores implicados es casi infinita.
«Hijos de las tinieblas»
En realidad, el coste de la plaga de los cárteles es mucho mayor de lo que se cree en general. Según han podido determinar las autoridades de la competencia, los cárteles inflaban los precios de sus productos una media del 25%, con lo que en cuestión de cuatro años podían acumular una bonificación equivalente a su volumen de negocio anual. Como es evidente, es imposible conocer las cifras exactas. Después de todo, los cárteles son «hijos de las tinieblas», como dijo Franz Jürgen Säcker, antiguo juez especializado en cárteles y hoy uno de los grandes especialistas del derecho de la competencia en la Universidad Libre de Berlín.
No obstante, desde 2007, un equipo compuesto por nueve economistas de tres institutos de investigación europeos cuantificaba las pérdidas imputables a los cárteles europeos en más de 260.000 millones de euros al año, en un estudio encargado por la Comisión Europea. Una cifra que equivale al 2,3% del PIB anual de la Unión o al doble del presupuesto anual de la Comisión Europea.
La concienciación sobre las devastadoras repercusiones de las acciones de estos cárteles no es algo nuevo. Uno de los principales pensadores de la economía alemana, Walter Eucker, consideraba que la concentración de los poderes económicos en manos de los sindicatos y los cárteles era el origen de todos los males de la economía antes de la guerra. Por lo tanto, defendía que el Estado fuera más estricto e impusiera la competencia para que los precios tendieran a la baja. Unas recomendaciones que no han dado muchos resultados en la vida real. Es cierto que el Bundestag votó en 1957 la primera ley sobre las restricciones de la competencia, antes de introducir más tarde una legislación europea anti-monopolios mediante tratados comunitarios. Pero durante años, la lucha contra los cárteles ha sufrido una falta de pugnacidad y aún hoy, algunos ponen en duda su eficacia.
Una normativa generosa con los testigos
Las cifras de la reincidencia no contribuyen a disipar las dudas. Un grupo de economistas estadounidenses han analizado los casos de 283 trusts internacionales. Sus conclusiones son asombrosas. Solo el grupo químico alemán BASF habría formado parte de 26 cárteles entre 1990 y 2005. En cuanto al petrolero francés Total, fue perseguido por la justicia en 18 ocasiones y la [empresa química] alemana Degussa, 13 veces.
No se puede acusar a los cazadores de cárteles de falta de celo. Desde principios de 2010, la Comisión Europa investigó 15 importantes casos en los que 112 empresas fueron condenadas a pagar multas cuya cantidad total fue de casi cuatro mil millones de euros. Es decir, en tres años, cuatro veces más de lo que se pagó durante toda la década de los noventa.
Sin embargo, las causas de esta escalada en las multas no residen en la adaptación de las autoridades competentes, sino más bien en la introducción de unas normativas generosas con respecto a los testigos principales. Desde 2004, las empresas y los directivos que denuncien las actividades de los cárteles y presenten las pruebas necesarias ante la Comisión Europea no incurrirán en ninguna multa, aunque hayan sido en el pasado los principales beneficiaros de los cárteles.
A esto se añade que las sanciones financieras se limitan como máximo al 10% de la cifra de negocios. Un chollo, tal y como lo demuestra el asunto del cártel de las empresas de cemento alemanas, descubierto en 2002. Según los cálculos de la autoridad de la competencia, habría expoliado a sus clientes cerca de 2.000 millones de euros. En cambio, las empresas incriminadas no tuvieron que pagar más de 400 millones de euros en sanciones.
Penas de cárcel en Estados Unidos
Aunque causan grandes estragos, los trusts pagan multas dignas de infractores de normas de tráfico. Sus artimañas se consideran simples infracciones. El resultado es que a ninguno de los autores se le considera personalmente responsable ante la justicia. La mayoría de las veces, la opinión pública ni siquiera conoce sus nombres.
En Estados Unidos, la situación es totalmente distinta. Allí, la pertenencia a un cártel desde hace tiempo se castiga con penas de prisión. En 2004, la pena máxima se prolongó a diez años de prisión. Irlanda y Gran Bretaña han adoptado el modelo estadounidense. Pero la República Federal no quiere ni oír hablar del asunto. El secretario de Estado del ministro de Economía, Philipp Rösler, declaró que este último estimaba que el régimen de sanciones en vigor era «apropiado» y «[tenía] reservas sobre la criminalización del derecho europeo sobre los cárteles».
Si la insistencia de Alemania en sancionar las actividades de los cárteles como simples delitos menores plantea un problema, es también, según muchos juristas, porque esta generosidad no se aplica a todos. Los acuerdos realizados durante concursos públicos, denominados «licitaciones concertadas», sí son objeto de sanciones.
