No tengo relación personal con el joven más recientemente detenido bajo la mediátiica y policial acusación de «terrorismo». Tampoco voy a entrar a debatir sobre el debatible derecho del Estado al monopolio de la violencia, aún que no pueda dejar de denunciar los tan evidentes como abundantes excesos violentos de las fuerzas policiales a su servicio.
Pretendo únicamente, delante de la reciente detención y linchamiento mediático de un vecino de Ames, conocido por su activismo social e independentista, cumplir con el deber de denuciar el contraste que un hecho como ese se refleja en relación a los numerosos casos de corrupción política y económica que diariamente -¡y no exagero! – llenan las páginas de los medios de comunicación de este país.
Es por eso que en el título que encabeza estas líneas he colocado los nombres de Senlheiro y de Baltar. A quien me acuse de hacer demagogia por comparar dos casos tan diferentes, responde desde este instante que si, son diferentes, pero también indicativos de las contradicciones que atraviesa el decadente sistema actual.
El primero, Hadriám Mosquera, Senlheiro, representa un creciente número de galegas y galegos que en los últimos años están siendo periódicamente detenidos y encarcelados de manera fulminante. No sólo eso: es costumbre incluir un protocolo contra ellos que incluye meses o años de prisión preventiva a cientos de quilómetros de distancia de sus lugares de residencia, a veces con vejaciones y malos tratos incluidos, a la espera de juicio por acusaciones que a menudo no quedan más que en humo.
El segundo, José Luis Baltar, representa en estos días esa legión de acomodados políticos y millonarios banqueros acusados, imputados, condenados, e indultados, cuya cuenta sin fin es difícil de hacer, tanto por su número como por lo que robaron o desviaron para las cuentas de sus partidos, y que hacen parte del consenso de un régimen cada vez más visiblemente podrido y antidemocrático.
Los rigores de la prisión, del aislamiento e inclusive de la dispersión, impuestos por una legislación perversa y parcial, son aplicados contra quien el sistema considera sus enemigos, entre los cuales nunca se encuentran esos políticos corruptos, los banqueros ni otros grandes delincuentes económicos.
Estos a pesar de las contrastadas redes de financiación irregular que alimentan los principales partidos, de las grandes operaciones financieras de engaño masivo a decenas de miles de familias galegas, y del hundimiento de todo un sistema económico basado en la especulación y en el robo generalizado. Ninguno de los protagonistas y responsables de todo esto está en prisión y algunos de ellos hasta fueron premiados en su día con las Medallas Castelao, el máximo reconocimiento institucional de la Galiza autonómica.
No sé si Senlheiro y las restantes presas y presos preventivos por motivos políticos cometieron alguna infracción o delito contra el actual ordenamiento jurídico. Si tengo la certeza de que todas ellas son personas honradas, con un compromiso comunitario contrastado y ajenas a cualquier lucro o interés personal que no sea contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Por eso no merecen la aplicación de una legislación tan injusta como desproporcionada, que sólo cae sobre los más débiles y nunca sobre los más fuertes.
Transmitida por unos medios de comunicación secuestrados por el poder político y económico, asistimos en estos días a una intolerable representación de la profunda y discriminatoria desigualdad en que este sistema se sustenta. No podemos asistir callados, porque no queremos ser cómplices. Debemos denunciar la impunidad con que en este régimen se aplican dos pesos y dos medidas en el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado.
