El proceso de debate para una posible, pero cada vez menos probable, articulación de una “candidatura rupturista” a las próximas elecciones europeas cuyo eje básico fueran las izquierdas soberanistas e independentistas de los Pueblos bajo jurisdicción del Estado español, ha puesto de manifiesto algunas concepciones de carácter táctico y/o estratégico que suponen un importante handicap no sólo para la articulación de una candidatura a las europeas, cuestión relativamente menor, sino para la construcción de una alianza política y social que tenga auténtica capacidad, potencial real, de constituirse en un instrumento para el cambio de Régimen. Es decir, de llevar adelante un auténtico proceso revolucionario democrático que incorpore el “Derecho a Decidir” y la “Justicia Social”.
Estas concepciones erróneas ‑y por tanto perjudiciales- no son nuevas, pero su persistencia en coyunturas sociales y políticas de extrema gravedad como en las que vivimos generan graves perjuicios para el avance del movimiento popular, dificultan sus expectativas de éxito y por tanto favorecen la perpetuación del actual Sistema de poder económico y político.
Una estrategia transformadora en el ámbito de la política, como en cualquier otro ámbito, tiene que ajustarse a las condiciones reales y a sus potencialidades de cambio.
Hay que conocer en profundidad aquello que queremos cambiar, así como construir las fuerzas que nos permitan llevar adelante, potencialmente, ese cambio.
Uno de los terrenos en los que persisten importantes problemas conceptuales es en el de la cuestión nacional en el Estado español.
Algunas fuerzas de las izquierdas soberanistas o independentistas defienden que el Estado español está compuesto por cuatro naciones: Euskal Herria, Cataluña – Países Catalanes, Galicia y España.
En esta última “nación”, España, estarían incluidas Andalucía, Canarias, Aragón, Castilla, Asturias…
No llegamos a comprender cual es el sustrato teórico-polític, que con un mínimo rigor científico da cobertura a tal cuestión. La historia de los Pueblos que tienen su anclaje total o de una forma significativa en la península Ibérica no ofrecen duda alguna sobre su existencia objetiva y subjetiva, tal como es el caso de Cataluña, de Galicia o de Euskal Herria. Pero la historia tampoco ofrece duda alguna sobre la existencia de Castilla, Aragón o Andalucía, por poner algunos ejemplos.
Lo que tampoco deja lugar a muchas dudas en la historia de la península Ibérica es de la inexistencia, políticamente hablando, de una nación española, hasta que el bloque dominante, decide impulsar tal proyecto nacional-imperial, que tiene un hito determinante con la llegada de los Borbones a principios del Siglo XVIII y se refuerza en el siglo XIX y XX a través de diversos conflictos político- militares.
Cuando el bloque dominante, ya español, impulsa su proyecto nacional de clase, España, no lo está limitando desde luego a los territorios mayoritariamente castellanohablantes, sino que por supuesto incluye a los Países Catalanes, Euskal Herria y Galicia.
Negar la identidad nacional a Castilla o a cualquier otro Pueblo, desde cualquier movimiento soberanista-progresista, no sólo es un error político de primer orden, es también un problema ideológico, porque de alguna manera se está negando a otros Pueblos los derechos que se exigen para el propio.
El modelo de construcción del proyecto –Estado nacional español- , es muy diferente al de la articulación del Reino Unido de la Gran Bretaña, en el que si existe una nación claramente hegemónica en lo político y en lo económico, que es Inglaterra. Cuestión que por cierto condiciona desde el punto de vista material la actitud del Reino Unido ante el proceso soberanista en Escocia y la del Estado español y el proceso soberanista en Cataluña; tema que abordaremos en un próximo artículo.
Sólo mediante la confluencia de las fuerzas progresistas de los diversos Pueblos del Estado alrededor de un proyecto rupturista, soberanista y por la justicia social, abierto además a quien asuma ese programa, se podrá vencer al actual Régimen; y por tanto conseguir objetivos políticos relevantes para los diversos Pueblos bajo jurisdicción del Estado, tal como es el Derecho a Decidir.
Izquierda Castellana
