Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc-EP - Doctor JUAN MANUEL SANTOS, Candidato por la Unidad Nacional – Doctor OSCAR IVAN ZULUAGA, Candidato por el Centro Democrático.
Compatriotas:
El próximo 15 de junio los ciudadanos colombianos que decidan participar con su voto en la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, determinarán en las urnas cuál de ustedes dos habrá de ocupar la primera magistratura de la nación. Es de público conocimiento que, al igual que una inmensa mayoría de colombianos, nosotros no creemos en la legitimidad del régimen político y el sistema electoral vigentes en nuestro país, lo cual no puede significar en ningún caso que seamos indiferentes a los resultados finales de una elección, que necesariamente ha de tener trascendentales consecuencias en el futuro de la patria.
Por eso hemos considerado la importancia de dirigirnos a Ustedes de manera pública, a objeto de auscultar a los ojos de la nación y la comunidad internacional, cuál es su verdadera posición en torno al tema de la paz, la solución política al conflicto y las conversaciones que se adelantan actualmente en La Habana. Sobre la base de considerar que por estos días las FARC-EP, al igual que el ELN, estamos celebrando el 50 aniversario de nuestra fundación, y que son ya por tanto cinco las décadas de confrontación incesante entre colombianos, por causas que desde nuestro mismo nacimiento hemos considerado posibles de solucionar por vías democráticas y pacíficas, completamente distintas a la guerra.
Partimos del criterio de que nos separan profundas contradicciones a la hora de examinar la realidad nacional, así como posiciones abiertamente opuestas en torno a las posibles vías para superar el atraso secular de la economía, las gravísimas inequidades sociales y, sobre todo, las enormes limitaciones al ejercicio de una democracia efectiva. Siempre hemos creído que por disímiles que sean nuestras posiciones ideológicas y políticas, podrían y deberían tramitarse por conductos civilizados, ajenos a cualquier forma de violencia, dejando al debate y el proselitismo limpios todos los espacios para que nuestros compatriotas puedan elegir la propuesta de sus preferencias, sin cerrar los caminos ni obstaculizar giros en su decisión hacia el futuro.
Qué maravilloso país tendríamos entonces. Pero cuán difícil y tormentoso ha resultado bregar a materializarlo. Primero, por obra de un bipartidismo exacerbado, por cuenta del cual se condenó a Colombia a casi un siglo de confrontaciones fratricidas, y luego, por obra de un bipartidismo excluyente, que al hallar en el Frente Nacional la fórmula de poner fin al desangre por dos colores políticos, proscribió cualquier otra alternativa política, persiguiéndola por comunista, en alianza servil con los gobiernos norteamericanos enzarzados en una guerra fría que nos era absolutamente extraña. Tras esas violencias siempre actuó la mano siniestra de fuerzas económicas ligadas al latifundio, al despojo violento de la tierra a campesinos e indígenas, a intereses empresariales monopólicos vinculados al comercio internacional, entre otros, siempre a la sombra de gobiernos liberales, conservadores o de alguna coalición bipartidista disfrazada.
La guerra que recién cumple diez lustros, con sus horribles secuelas en vidas, lesiones, hogares despedazados, regiones asoladas, paramilitarismo, desterrados, desplazados, proyectos truncos y demás tragedias innombrables, no habría tenido que desatarse si la clase política liberal conservadora que gobernaba por entonces, no hubiera acudido al expediente de emplear la fuerza bruta contra las comunidades agrarias. Se trata de realidades ampliamente documentadas sobre las que no es nuestro objeto ahora ahondar. Tampoco se hubiera prolongado hasta hoy, si los esfuerzos de paz iniciados por el Presidente Belisario Betancur hace 30 años, no hubieran sido anulados por la mano criminal que exterminó la Unión Patriótica. Con Belisario se firmó un Acuerdo de cese el fuego, tregua y paz que hoy todos quieren olvidar, el cual no se materializó por la negativa de la clase política a aprobar en el Congreso las reformas pactadas.
La historia de los frustrados procesos de paz en Colombia no puede hacer abstracción del peso que han tenido en sus fracasos las posiciones abiertamente hostiles de las fuerzas militares oficiales. Por alguna razón, evidentemente ligada a los pactos sucesivamente firmados con el alto mando de los Estados Unidos, los generales colombianos siempre han coincidido en atravesarse en los propósitos de reconciliación, sin que hayan logrado derrotar nunca a la insurgencia en el campo de batalla, y menos aún sacar sus manos limpias de la ola de crímenes y violencia generalizada contra la población más humilde. Acusar una y otra vez a los alzados en armas de la responsabilidad por los estragos de la confrontación, ha sido un fácil expediente para salvar sus propias culpas. Como ahora, cuando al rechazar cualquier grado de lo que se ha dado en llamar impunidad, se señala hacia nosotros de manera exclusiva. Tampoco se nos oculta que tras el empleo del poder militar y paramilitar en Colombia, se ocultan poderosos intereses económicos y mafiosos.
Señores candidatos: Creemos llegado el momento de poner fin al largo conflicto colombiano. Hemos apostado lo mejor de nuestras voluntades a ello. Desde luego que exponiendo nuestra posición en torno a lo que denominamos paz con justicia social y democracia, que, tal y como pueden corroborarlo los voceros del gobierno nacional en la Mesa de La Habana, no confundimos en ningún caso con la aspiración de suscribir una revolución por contrato. Pactemos una ampliación efectiva de las libertades y garantías democráticas en el país, que permitan un ejercicio abierto de la oposición política, pongámonos de acuerdo en unas fórmulas mínimas de solución a las iniquidades económicas y sociales, veamos la posibilidad de conseguir del alto mando militar y policial, así como de sus inspiradores y azuzadores, una colaboración real a los esfuerzos de paz y reconciliación. Sigamos explorando caminos y formulas que nos conduzcan a encontrar de modo concertado y bilateral, soluciones que incluyan la verdad del conflicto y den satisfacción a las partes, a las víctimas y a la comunidad internacional.
No olvidamos que el propio doctor Álvaro Uribe gestionó hacia el final de su segundo gobierno la posibilidad de entablar conversaciones de paz con nosotros. Ni que el Presidente Santos se valió de esos contactos para hacernos llegar sus propuestas. Por eso valoramos en su justa medida que el candidato Oscar Iván Zuluaga se haya pronunciado a favor de la solución política y de la continuación de la Mesa de La Habana. Entendemos, porque así es la política, que procure diferenciarse del candidato Juan Manuel Santos, en la medida en que este puede invocar, con justa razón, un buen trecho de ventaja en el camino hacia la concreción de un acuerdo de paz. Después de todo no puede negarse que reconoció la existencia del conflicto y que hay acuerdos parciales firmados en tres puntos de la Agenda acordada. Sin embargo, nos llena de alientos y esperanza el hecho de que uno y otro expresen su interés por la vía de los diálogos. Podríamos afirmar que ninguno está hablando abiertamente de guerra total, sometimientos o rendiciones. Expresarse en esos términos en la Colombia de hoy, podría acarrear costos muy altos en términos políticos.
Pero lo que sí creemos, con independencia del franco optimismo por la paz que nos acompaña en estas horas, es que el candidato ganador será aquel que consiga despertar en la mayoría de los votantes, la certidumbre de que con él en la Presidencia se llegará a la firma de un acuerdo de paz definitivo. Y esa certidumbre sólo puede nacer de posiciones claras, de compromisos definidos. Por grande que sea el escepticismo de los sectores dominantes en el país acerca de nuestro capital político, las FARC-EP sabemos de nuestra incidencia en la política del país, en la toma de decisiones por parte del pueblo colombiano. De ahí nuestro planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente que ratifique los acuerdos firmados.
A comienzos del pasado mes de mayo, los mandos militares anunciaron la posible muerte del Comandante Carlos Antonio Lozada, miembro del Secretariado Nacional de las FARC, en un bombardeo en el Guaviare. Aunque fallido, el ataque se produjo, con saldo de varias bajas nuestras. Del mismo modo, a fines de mes, también terminó frustrado un ataque similar contra el Comandante Pastor Alape, integrante de nuestro Secretariado Nacional, con varias bajas en nuestra fuerza. No cabe duda que eso habla más de una política de sometimiento y rendición, que de la solución civilizada y dialogada con la que el candidato Santos afirma jugársela toda. Igual puede pensarse de la serie de condicionamientos a la Mesa planteados por el candidato Zuluaga, o de su no aclarada vinculación con los confesos fascistas, autores del espionaje y saboteo informático al proceso que se cumple en La Habana.
Creemos que los candidatos a la Presidencia de la República deben definir claramente ante el país, si lo que pretenden con una mesa de conversaciones es el escenario para una entrega sumisa, o si realmente propenden por un escenario para la reconciliación efectiva de la familia colombiana. Si su interés manifiesto por alcanzar la anhelada paz va más allá de los plazos perentorios, o desde ya comienza un conteo regresivo acuciante. Si su aspiración de conseguir la paz va hasta garantizar la democratización de la vida nacional, o por el contrario implica la agudización de la confrontación y el inatajable crecimiento del aparataje bélico. Las FARC-EP, cualquiera que sea su respuesta o actitud, jamás cejaremos en la búsqueda de la paz con justicia social y democracia, porque tenemos la confianza absoluta en que las grandes mayorías del país también la anhelan y terminarán conquistándola. Nuestro compromiso es con ellas, y a ellas nos debemos.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
