Hace dos años el estado español a través de su ministro de interior hizo pública su oferta de chantaje para un proceso de “reinserción” de los presos políticos vascos. Una readecuación del chantaje histórico al que están sometidos los presos en un intento de reactivar la “vía Nanclares” que tan pocos resultados le había dado.
En un primera fase, los presos políticos tendrían que “mostrar su voluntad de dejar atrás el terrorismo de forma clara, solemne y pública”, renunciar a ETA en un documento por escrito rompiendo de forma “clara y sólida con la organización a la que pertenecían” y participar en “aulas dirigidas a su educación en valores y formación laboral”. Todo ello sin necesidad de “pedir perdón”.
Una vez cumplida esa primera fase de acogerse al programa, podría abrirse una posibilidad “no automática” de ser trasladados a cárceles “próximas a su domicilio” si cada preso cumple con ciertos requisitos añadidos; “Petición de perdón”, “colaboración con la justicia” y “compromiso de satisfacer la responsabilidad civil”. Tras el cumplimiento de la segunda fase además “podrían acceder a un grado penitenciario más flexible”.
Este programa de “reinserción” recibió el apoyo de PP, PSOE y PNV. El partido jeltzale valoró positivamente y prestó apoyo al programa en espera de que se acompañe con más medidas para “apuntalar el fin de ETA y consolidar la paz” mientras pedía a la izquierda abertzale “hacer pedagogía con los presos de conceptos como las salidas individuales “.
En los últimos tiempos además desde el ministerio de interior se ha añadido constantemente el mensaje de que “Mientras ETA no se disuelva no va a variar la política penitenciaria ni la dispersión de los presos”.
Parece bastante evidente al contrario del discurso repetido hasta la extenuación de que el estado “necesita a ETA”, que la quiere cuanto antes y de manera prioritaria fuera de circulación, aun no siendo ya una organización que practique la lucha armada. Y que sus propuestas de “reinserción” están basadas en hacer que el pueblo oprimido por el estado pida a ETA su disolución y que reniegue de su historia para así supuestamente terminar con graves vulneraciones de los derechos de los presos. Y digo supuestamente porque hasta el día de hoy el estado no ha cumplido nunca ninguna de sus promesas de cara al MLNV.
La política de los estados español y francés en materia carcelaria está íntimamente ligada al proceso de opresión del pueblo vasco, siempre ha sido y lo sigue siendo, una arma más a modo de chantaje para condicionar e incidir políticamente. Desde esa perspectiva, nunca por voluntad propia los estados darán marcha atrás a sus políticas vulneradoras de derechos si no se crean unas condiciones de presión necesarias que así lo logren. Pensar lo contrario hace entrar en el círculo de peticiones infinitas que no tienen ningún otro destino que la aniquilación y sumisión de Euskal Herria.
De la misma forma que los presos políticos y refugiados son una expresión nítida de la existencia de un conflicto político sin resolver, solo la eliminación del conflicto político de manera integral haciendo que Euskal Herria ejerza la democracia con mayúsculas en absoluta libertad a través de la autodeterminación y haciendo desaparecer la existencia de todo preso mediante una amnistía son la garantía de que ese conflicto desaparezca. Pues no existe ninguna guerra terminada donde se sigan amontonando prisioneros de guerra. Esa es la razón y la “lucha incansable” del estado por ocultar e intentar arrebatar el carácter político de todo preso encarcelado en relación a la lucha por la liberación nacional y social vasca.
No habrá salida positiva del conflicto sin amnistía. Si no hay amnistía no hay solución al conflicto político y entre otras cosas las cárceles seguirán llenándose. Si se cree que la amnistía no es posible ni viable, algo que la guerra psicológica del estado pretende inyectar falsamente, tampoco lo será una solución al conflicto.
En el camino hacia la amnistía, que en realidad es la finalización del conflicto, todo avance en la mejora de condiciones en las cárceles desde un punto de vista humanitario es positivo. Que sectores diferentes incluso enfrentados puedan aunar presión para que se den esas mejoras también lo es. Eso en ningún caso significa que la reivindicación de amnistía de los presos deba desaparecer sino que debe estructurarse y hacerse visible, así como una amplia gama de necesidades anti represivas que un movimiento humanitario no puede cubrir porque su posible filosofía se lo impide.
Por eso será positivo cualquier grupo que surja y se desarrolle en defensa de la amnistía, aunque no siga a rajatabla los dictados políticos de ningún partido, siempre y cuando precisamente se dedique a trabajar por la amnistía, así como será positivo toda iniciativa en defensa de los derechos de los presos siempre y cuando sea para eso mismo. Y no en un caso o en otro como maneras de presión política partidista o de normalización de vías de reinserción-presión.
Y para ser mas gráfico, en mi opinión no es de recibo hacer una manifestación pro-amnistía como la convocada tras la movilización de Enero y que sea aprovechada por algunos para realizar pintadas contra Sortu, se compartan o no sus postulados, así como tampoco es de recibo presionar a los presos políticos para que acepten un camino que vaya en contra de su dignidad y carácter político. Posiblemente por ello, la presencia de Azkarraga el otro día ha levantado polémica porque este político, mas allá de sus pasadas responsabilidades en el gobierno de Gasteiz, se ha destacado en muchos momentos de la historia reciente vasca en la promoción de vías de reinserción-presión posteriormente puestas en práctica por el estado. Y salta la memoria histórica popular.
Es el momento de pisar el acelerador para derribar el muro de la dispersión y medidas de infinita crueldad y llevamos buena carrerilla para dar el golpe final. Ese golpe posiblemente necesitará elevar la presión hasta el límite requerido. Euskal Herria debe ser un hervidero en ese sentido y empezar a poner en práctica medidas de presión y desobediencia efectivas que hagan desde ya inasumible el coste político de mantener ese crimen a los responsables y colaboradores de esa práctica represiva. No está en manos de los presos, sino principalmente lo está de Euskal Herria. No hay otro camino.
En un primera fase, los presos políticos tendrían que “mostrar su voluntad de dejar atrás el terrorismo de forma clara, solemne y pública”, renunciar a ETA en un documento por escrito rompiendo de forma “clara y sólida con la organización a la que pertenecían” y participar en “aulas dirigidas a su educación en valores y formación laboral”. Todo ello sin necesidad de “pedir perdón”.
Una vez cumplida esa primera fase de acogerse al programa, podría abrirse una posibilidad “no automática” de ser trasladados a cárceles “próximas a su domicilio” si cada preso cumple con ciertos requisitos añadidos; “Petición de perdón”, “colaboración con la justicia” y “compromiso de satisfacer la responsabilidad civil”. Tras el cumplimiento de la segunda fase además “podrían acceder a un grado penitenciario más flexible”.
Este programa de “reinserción” recibió el apoyo de PP, PSOE y PNV. El partido jeltzale valoró positivamente y prestó apoyo al programa en espera de que se acompañe con más medidas para “apuntalar el fin de ETA y consolidar la paz” mientras pedía a la izquierda abertzale “hacer pedagogía con los presos de conceptos como las salidas individuales “.
En los últimos tiempos además desde el ministerio de interior se ha añadido constantemente el mensaje de que “Mientras ETA no se disuelva no va a variar la política penitenciaria ni la dispersión de los presos”.
Parece bastante evidente al contrario del discurso repetido hasta la extenuación de que el estado “necesita a ETA”, que la quiere cuanto antes y de manera prioritaria fuera de circulación, aun no siendo ya una organización que practique la lucha armada. Y que sus propuestas de “reinserción” están basadas en hacer que el pueblo oprimido por el estado pida a ETA su disolución y que reniegue de su historia para así supuestamente terminar con graves vulneraciones de los derechos de los presos. Y digo supuestamente porque hasta el día de hoy el estado no ha cumplido nunca ninguna de sus promesas de cara al MLNV.
La política de los estados español y francés en materia carcelaria está íntimamente ligada al proceso de opresión del pueblo vasco, siempre ha sido y lo sigue siendo, una arma más a modo de chantaje para condicionar e incidir políticamente. Desde esa perspectiva, nunca por voluntad propia los estados darán marcha atrás a sus políticas vulneradoras de derechos si no se crean unas condiciones de presión necesarias que así lo logren. Pensar lo contrario hace entrar en el círculo de peticiones infinitas que no tienen ningún otro destino que la aniquilación y sumisión de Euskal Herria.
De la misma forma que los presos políticos y refugiados son una expresión nítida de la existencia de un conflicto político sin resolver, solo la eliminación del conflicto político de manera integral haciendo que Euskal Herria ejerza la democracia con mayúsculas en absoluta libertad a través de la autodeterminación y haciendo desaparecer la existencia de todo preso mediante una amnistía son la garantía de que ese conflicto desaparezca. Pues no existe ninguna guerra terminada donde se sigan amontonando prisioneros de guerra. Esa es la razón y la “lucha incansable” del estado por ocultar e intentar arrebatar el carácter político de todo preso encarcelado en relación a la lucha por la liberación nacional y social vasca.
No habrá salida positiva del conflicto sin amnistía. Si no hay amnistía no hay solución al conflicto político y entre otras cosas las cárceles seguirán llenándose. Si se cree que la amnistía no es posible ni viable, algo que la guerra psicológica del estado pretende inyectar falsamente, tampoco lo será una solución al conflicto.
En el camino hacia la amnistía, que en realidad es la finalización del conflicto, todo avance en la mejora de condiciones en las cárceles desde un punto de vista humanitario es positivo. Que sectores diferentes incluso enfrentados puedan aunar presión para que se den esas mejoras también lo es. Eso en ningún caso significa que la reivindicación de amnistía de los presos deba desaparecer sino que debe estructurarse y hacerse visible, así como una amplia gama de necesidades anti represivas que un movimiento humanitario no puede cubrir porque su posible filosofía se lo impide.
Por eso será positivo cualquier grupo que surja y se desarrolle en defensa de la amnistía, aunque no siga a rajatabla los dictados políticos de ningún partido, siempre y cuando precisamente se dedique a trabajar por la amnistía, así como será positivo toda iniciativa en defensa de los derechos de los presos siempre y cuando sea para eso mismo. Y no en un caso o en otro como maneras de presión política partidista o de normalización de vías de reinserción-presión.
Y para ser mas gráfico, en mi opinión no es de recibo hacer una manifestación pro-amnistía como la convocada tras la movilización de Enero y que sea aprovechada por algunos para realizar pintadas contra Sortu, se compartan o no sus postulados, así como tampoco es de recibo presionar a los presos políticos para que acepten un camino que vaya en contra de su dignidad y carácter político. Posiblemente por ello, la presencia de Azkarraga el otro día ha levantado polémica porque este político, mas allá de sus pasadas responsabilidades en el gobierno de Gasteiz, se ha destacado en muchos momentos de la historia reciente vasca en la promoción de vías de reinserción-presión posteriormente puestas en práctica por el estado. Y salta la memoria histórica popular.
Es el momento de pisar el acelerador para derribar el muro de la dispersión y medidas de infinita crueldad y llevamos buena carrerilla para dar el golpe final. Ese golpe posiblemente necesitará elevar la presión hasta el límite requerido. Euskal Herria debe ser un hervidero en ese sentido y empezar a poner en práctica medidas de presión y desobediencia efectivas que hagan desde ya inasumible el coste político de mantener ese crimen a los responsables y colaboradores de esa práctica represiva. No está en manos de los presos, sino principalmente lo está de Euskal Herria. No hay otro camino.
