NOTA: Ponencia para la charla-debate a celebrar el viernes 4 de julio en Sant Celoni, Catalunya, organizada por el movimiento juvenil ARRAN
Las múltiples soberanías
Reflexionar sobre el concepto de soberanía es trasladarnos a múltiples y posibles aspectos de ésta que están entretejidos en una sola. Podríamos hablar de la soberanía personal y rápidamente pensamos en nuestra capacidad de ser plena como persona libre. De poder actuar para conseguir nuestras necesidades y cumplir nuestros anhelos. Pero la soberanía personal quedaría coja si no se acompaña de la del entorno en el que nos encontramos, el contexto familiar, nuestro barrio, nuestra ciudad y país. Por que no tendremos esa posibilidad de actuar, transformar y mejorar en lo personal si mi pueblo, centro de trabajo o barrio no la tiene y eso implica actuar como grupo, como seres sociales que somos. Hace poco me contaba una buena amiga, profesora, que cada vez más la delegación de educación del que depende su instituto ejerce una verdadera tiranía, un «ordeno y mando» sobre el profesorado sin contar con su opinión experta (experta por la experiencia y la actitud de aprender cuando enseñas). Y en cierta ocasión que la dirección del instituto transmitía a sus compañeras y compañeros las órdenes de «arriba» respondió irónicamente si es que acaso estaban al dictado (en su autentico sentido escolar) de lo que exigen sus «autoridades» educativas. Esta anécdota como tantas otras que ocurren en el día a día de las personas nos muestra la importancia de practicar la soberanía en todos los ámbitos combinando la actitud personal frente a posibles imposiciones injustas en nuestra vida diaria lo cual no impide sino todo lo contrario que dicha actitud la realicemos en parejas, equipos de trabajo, grupos militantes sindicales, sociales o políticos. Es una práctica y una lucha diaria para conquistar y conseguir cuotas de independencia personal, profesional o vecinal que termina en la nacional, en el territorio en donde nos encontremos. Ya que sin esa independencia no se tendrá capacidad de decidir en todos los ámbitos de la vida política.
No es fácil porque nuestra sociedad individualista desde los albores del capitalismo ha propiciado la pasividad, el aislamiento y la falta de participación comunal. Y es que al igual que la liberación de la mujer, este también es un proceso largo y difícil que debe recorrer muchos frentes, un esfuerzo que supone un cambio consciente y progresivo de hacer grupo en todos los quehaceres de la vida.
Y no es fácil porque el sistema capitalista en su fase imperialista más decadente se blinda, se arma, no solo de armamento sino también de sistemas jurídicos y comerciales que favorecen a los grupos económicos de poder. Que la troika (hacemos referencia a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Inernacional) tiene más poder de decisión que los propios Estados con supuesta soberanía política, es bien palpable en la actualidad. En el Estado español el gobierno de Zapatero cambia la constitución española a escondidas del pueblo para reducir el límite del déficit tal como le ordenaron desde la troika. Y las posteriores medidas de Rajoy rescatando a la banca con dinero público, vulnerando derechos laborales y privatizando servicios públicos es una continuación de obediencia a dichos gobernantes. El actual Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que se está negociando en la actualidad a espalda de los pueblos y al propio parlamento europeo provocará medidas aún más duras para la región.
La soberanía política es la esencial, el núcleo donde se concentran las otras imprescindibles soberanías porque son los gobiernos los que deciden, más los más ricos y poderosos, los que apoyan y se apoyan en sus grandes empresas transnacionales. Porque son los gobiernos los que firman los tratados internacionales que tienen implicaciones económicas y jurídicas beneficiosas para las citadas empresas. Esta internacionalización de las relaciones de producción ha provocado una superestructura jurídica internacional que provoca profundos cambios en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales como las nuevas leyes de patentes, bolsas de valores y mercados internacionales.
Y en este contexto debemos situar la soberanía alimentaria la más básica y elemental porque nos permite el sustento y supervivencia de una población. Sabiendo que ir conquistándola supone una lucha dura y constante, subjetiva de trabajo común, colectivo y político.
La soberanía alimentaria
La expansión por las luchas por la seguridad y soberanía alimentaria es debido a la toma de conciencia social y política de las campesinas, indígenas y gente del mundo rural que se organizan en movimientos nacionales e internacionales, destacando la organización Vía Campesina.
Vía campesina y otros movimientos en la declaración final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria celebrado en La Habana en 2001 expresan que:
La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser auto- suficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del dumping… La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables.
De esta definición podemos extraer tres ideas básicas:
1) Cada pueblo tiene derecho a definir sus políticas agropecuarias y en materia de alimentación. Esto es, que no vengan impuestas del exterior.
2) Proteger y reglamentar su producción interna para el desarrollo del sector que les haga autosuficientes e impedir la entrada de productos más baratos que los costos de los productos nacionales (dumping).
3) Abogar por un comercio internacional que proteja y sirva a los derechos de los pueblos (y no a unas pocas multinacionales), a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y respetuosos con el medio ambiente.
La soberanía alimentaria es un tema de seguridad y poder real de un país. Ya que si para alimentar a un pueblo de una nación cualquiera su Estado (las naciones y pueblos que no tienen Estado aún lo tienen más difícil) debe depender de las reglas abusivas del mercado internacional de alimentos y otros bienes o servicios, que además se utiliza como instrumentos de presión, o de la imprevisibilidad y los altos costos del transporte de larga distancia, ese país pierde la posibilidad de actuar no solo sobre la alimentación sino también sobre otras decisiones políticas y económicas.
La seguridad alimentaria significa que cada niño, cada mujer y cada hombre deben tener la certeza de contar con el alimento suficiente y adecuado cada día. Pero el concepto no dice nada con respecto a la procedencia del alimento, o la forma en que se produce. El comercio interno y local de producción y consumo deben estar en la base de las economías locales y nacionales, que cuide y desarrolle la calidad de vida de las personas, que mejore sus conocimientos y aumente la producción variada de alimentos con técnicas respetuosas con la tierra, el agua y los ecosistemas.
En definitiva mientras los alimentos (y cuando hablamos de alimentos hablamos de tierras, aguas, semillas o productos fitosanitarios) y otros bienes básicos como la energía se regulen en acuerdos comerciales internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre otros, el desarrollo económico local y la soberanía alimentaria será un imposible. Ya que estos acuerdos implican subsidios y protección de parte de los Estados Unidos y la Unión Europea que abaratan sus costes y obligan a los gobiernos que firmaron los acuerdos a importar productos más baratos que el coste de su producción nacional. La importancia de actuar a través de las luchas de los movimientos populares y gobiernos más progresistas puede evitar estos acuerdos. Como ocurrió con el intento del Tratado de ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) que intentaba sobreexplotar las riquezas de América Latina y alterar el poder judicial en dichos países. La resistencia de los pueblos y de algunos gobiernos de la zona, destacando el gobierno de Venezuela impidió su consecución.
«¿Acceso a los mercados? ¡Si! Acceso a los mercados locales»— lo que significa «no» a la inundación de alimentos baratos importados (Vía Campesina, 2002). Que los subsidios no son el problema, depende de cuanto sea su valor, quienes los reciben, y para que son. Subsidios para los grandes productores y corporaciones del Norte, que conducen al dumping y a la destrucción de los modos de vida rurales, NO. Subsidios para los grupos campesinos y agricultores que se mantienen en sus tierras y generan economías locales, conservación del suelo y prácticas agrícolas ecológica, SÍ. Subsidios para la protección y distribución a las zonas más cercanas; para la producción y protección pecuaria y la pesca local, respetuosa ambos con la conservación del medio ambiente, SÍ.
Estas políticas que protegen a los pequeños productores y a las cooperativas locales entran en clara contradicción con la existencia de las corporaciones del sector de la alimentación como Cargill, Archer Daniels Midland, Dreyfuss, Bunge, Nestlé, entre otras, las cuales promueven el control monopólico de los alimentos a nivel mundial obteniendo grandes beneficios monetarios abaratando sus precios a costa de la explotación de los y las trabajadoras, de los animales y son agresivos con la naturaleza y el medio ambiente. Estudios de hace ya un tiempo alertaban de la enorme concentración mundial de las empresas alimentarias transnacionales, cinco países acaparan el 91% de los ingresos totales y 82% de la empresas con los Estados unidos a la cabeza (47% y 50% respectivamente), seguido a gran distancia de Gran Bretaña, Japón, Suiza y Alemania.
Pero aún quieren más, en junio de 2013 la Unión Europea y los Estados Unidos iniciaron, aprobado en el Estado español por el PP y el PSOE, negociaciones para llegar a un Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión, más conocido como Tratado de Libre Comercio (TLC). La negociación no solo es secreta sino que incluso el negociador principal de la parte europea reconoció en una carta pública que todos los documentos relacionados con dichas negociaciones no tendrán acceso público durante al menos treinta años y, por supuesto, el Parlamento Europeo no participará de ellas. El objetivo principal no es la reducción de los ya muy bajos aranceles sino la regulación de las relaciones comerciales que favorecerán a las corporaciones transnacionales y que afectarán a estándares medioambientales, convenios laborales y derechos de propiedad intelectual e incluso privatizaciones de servicios públicos. Pero para el tema que nos ocupa las consecuencias de este tratado es la competencia desleal de las grandes empresas que podrán mantener costes y precios reducidos (a consta de una mayor reducción de puestos de trabajo y explotación laboral) eliminando a la competencia local y nacional. A nivel alimentario, las granjas de Estados Unidos son aún más intensivas, trece veces más grandes, y contaminantes que las europeas. Esto aumentará la concentración de poder y riqueza en el sector que la que sufrimos actualmente. Los negociadores de Estados Unidos han señalado particularmente a la regulación de sanidad y de los productos fitosanitarios (La llamada agrofarmaindustria donde la biotecnología juegan un papel primordial), que facilitará la introducción de organismos modificados genéticamente (OMG) en alimentos y otros como las hormonas de crecimiento transgénicas para el engorde rápido de animales; como apunte, el 70% de la comida vendida en Estados Unidos contienen OMG (sin legislación para identificarlos en el etiquetado). Además de las consecuencias negativas que tendrá para el potencial desarrollo industrial de otros sectores en los diferentes territorios de la Unión Europea.
Sin poder detenernos mucho en otras consecuencias negativas como la posibilidad de obtención de energía peligrosa como el fracking, este tratado no solo no creará empleos sino que además el trabajo será más precario (el Tratado de Libre comercio de Norte América firmado por Canadá, Estados Unidos y México en 1993 que anunció que crearía un total de 20 millones de empleos, se quedó en una pérdida neta de cerca de un millón de empleos por las deslocalizaciones).
Estas normativas internacionales que suponen una protección legal a las grandes empresas y donde los futuros gobiernos no podrán hacer nada. Las demandas de estas empresas a través de tribunales internacionales ya ocurren desde hace tiempo, Uruguay fue demandada por 2.000 millones de dólares, ¡por poner alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco!, Alemania por cerrar centrales nucleares, y así en otros países como Ecuador o el caso más reciente y ejemplarizante de Argentina que tiene acumuladas demandas por 20.000 millones de dolares.
Tratados o acuerdos como este provocan un poder, una potestad judicial mayor que la de los tribunales del Estado español, obviando por supuesto los tribunales más locales. Una forma silenciosa más que ampara a las transnacionales del sector alimentario, entre otros, y provoca el estrangulamiento, la imposibilidad de cambios reales en nuestros países, aumentando la dependencia, que ata y oprime a los pueblos al introducir, importar todo tipo de servicios más baratos e impedir la posibilidad de un desarrollo armónico y equilibrado de las riquezas internas, empezando por las alimentarias. Pero es que, además, esos productos más baratos que destruyen tejido productivo local es a costa de la explotación de otros pueblos de naciones empobrecidas, en muchos casos en condiciones de esclavitud. Tenemos el ejemplo actual, por las muertes dramáticas, de la industria textil en el Estado español, empresas como Inditex S.A. deslocaliza sus producciones en países del sudeste asiático cuyos gobiernos ofrecen mano de obra muy barata en unas condiciones inhumanas y de ausencia de seguridad. El modo de producción capitalista en su fase imperialista provoca a diferentes niveles de desarrollo desigual un sistema que no conoce de desarrollo económico humanizado y ético, sino de explotación, destrucción y beneficios monetarios, «caiga quien caiga». Saber eso es imprescindible para ser conscientes que la lucha soberanista de la clase trabajadora en sus propios territorios es la misma lucha de pueblos lejanos, la lucha internacionalista. Porque el hilo conductor que los une es el mismo la explotación y represión que sufren bajo el modo de producción capitalista.
Mientras tanto la lucha por la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos que trabajan en el campo y en la mar se debe expandir y continuar resistiendo y frenando los intentos de las transnacionales y los gobiernos por imponer este modelo agroalimentario que impiden que sean los pueblos los que realmente decidan su futuro y que hipotecan su futuro para las generaciones venideras. Para ayudar en esta lucha básica que ocurre en diferentes lugares y países del mundo, la soberanía alimentaria es un concepto a aplicar y analizar en cada lugar en función de sus características y sus idiosincrasia, desde la pertenencia a países del llamado Norte como a los del Sur pasando por la distribución de la tierra y los recursos, la cultura y la configuración de su clase trabajadora.
La soberanía alimentaria en Andalucía
En Andalucía, la tierra ha representado históricamente un patrimonio colectivo en el sentido más amplio de la palabra que incluye sus costas y todo el conocimiento y cultura que se ha gestado alrededor de su territorio. Pero la realidad de su tenencia es muy otra, representando una de sus aspiraciones más importantes y simbólicas. Una tierra repartida y generadora de empleo y alimentos de calidad, respetuosa con el medio ambiente y organizada de forma que distribuya sus productos desde lo local en un proceso de formación de las mujeres y hombres del campo en colaboración con otros sectores de la economía social.
Si decíamos que el concepto más aceptado a nivel internacional de soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus políticas agropecuarias y de alimentación, reglamentando e impidiendo la entrada masiva de productos más baratos que los costos de su producción interna y defendiendo un comercio internacional protector de la necesidad de los pueblos a tener unos métodos y alimentación adecuada (nutritiva e inocua) y respetuosa con su medio ambiente. Debemos añadir que este derecho debe hacerse extensible a todos tipos de recursos, de materias primas, industriales, energéticos, tecnológicos y del conocimiento.
Pero para conseguirlo necesitamos soberanía política, real poder de decisión en todos los sectores importantes de nuestra sociedad. Porque Andalucía ha sido históricamente, al menos desde los inicios del capitalismo, un territorio dependiente y suministrador de materias primas y mano de obra barata a otros lugares del Estado español y de otros Estados. Con una estructuración económica que promovía sectores como la agricultura extensiva con menor valor añadido que otros como el industrial y financiero y cuyos centros poder y las ganancias han estado fuera del territorio. A esa dependencia se añade imponer a su territorio una frontera militarizada (Gibraltar y dos bases de la OTAN) y asiento de las industrias más contaminantes cuyas plusvalías se han apropiado agentes externos (polos industriales en Huelva y la bahía de Algeciras). Territorio de un «monocultivo» de sectores, como el turismo y el inmobiliario, que ha provocado más paro, contaminación, pobreza y precariedad laboral.
Esta dependencia política ha tenido como resultado su dramática situación económica y social. La tasa de paro alcanza el 36% de la población activa y en menores de 25 años el 62% (sin contar la cada vez mayor cantidad de gente que ya ni se inscribe en el paro). El 56,2% de los desempleados no reciben prestaciones por desempleo, 5 puntos por debajo de la media estatal (y aún debemos soportar que nos llamen «subsidiarios») a lo que se añade un grave aumento de la precariedad laboral y un 38,6% de la población en situación de pobreza o exclusión social. Esta gravísima situación tiene una trayectoria histórica de muchos años que se acentúa en los últimos 30 al profundizarse las políticas en la misma dirección equivocada ya comentada, con la ayuda cómplice de la Junta de Andalucía que sigue manteniendo una Andalucía pobre en un territorio rico.
Los antecedentes históricos más recientes de la lucha por una reforma agraria en Andalucía se sitúan en los movimientos campesinos de finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. En la actualidad la reivindicación es más amplia al incluir el apoyo y la preservación de sus recursos agropecuarios, pesqueros y de todo el talento y conocimientos ancestrales que caracterizan la rica cultura andaluza. Por tanto una de las aspiraciones históricas de nuestro pueblo es la importancia de tener un Patrimonio Agrario Andaluz con tierras que, al menos a corto plazo, incluyan las de titularidad pública; las cedidas y recuperadas como tierras comunales y de propios que sufrieron procesos desamortizadores; las que no estén siendo explotadas ni mejoradas por el desuso y abandono y las que fueron expropiadas al amparo de la legislación de la Segunda República. Que dichas tierras se utilicen en forma de cooperativas, con empleo y salarios justos, con inclusión destacada de la mujer y otros colectivos más desfavorecidos. Que su producción sea para uso alimentario y sus ganancias reviertan en los grupos involucrados; que no se utilicen semillas tratadas genéticamente y que promueva semillas tradicionales. Que fomente la utilización de técnicas tradicionales y nuevas para un uso eficiente del agua y con el compromiso que en un plazo reciente un alto porcentaje de la explotación sea de certificación ecológica.
Pero la Andalucía actual no solo es tierra (y aguas costeras y de interior), es riqueza natural de materias primas, naturaleza diversa, energía, conocimiento, cultura y arte. Porque el talento y preparación de su población es uno de sus valores más preciados. Esa riqueza humana y social ha generado en nuestro territorio, científicos, escritores, pintores, músicos y cineastas producto de un amplio legado histórico que caracteriza la rica cultura de «lo andaluz». Porque dicha riqueza humana y cultural ha sufrido intentos de usurpación y subsumisión (con mayor o menor éxito) por las clases dominantes del Estado español y de la propia Andalucía, es por lo que debe ser rescatada y desarrollada en sus contenidos más progresistas y en su identidad más genuina y popular.
Por tanto, hablar de soberanía alimentaria en Andalucía implica fomentar la participación, el reparto y la calidad de la producción alimentaria local y nacional incluyendo el concepto de seguridad alimentaria basado en el conocimiento científico que se nutra de los conocimientos ancestrales del pueblo en estrecha relación con el académico. Las riquezas naturales agropecuarias deben ser fuente de alimentos de calidad para una salud y dieta equilibrada para toda su población. Además, el Patrimonio Agrario Andaluz cederá fincas para el aprovechamiento forestal, su regeneración y repoblación, la silvicultura, las cabañas caprinas y ovinas, la apicultura y la obtención de biomasa y abonos naturales para el desarrollo de industrias relacionadas, de transformación agraria y comercialización así como para mantener las instalaciones de transformación artesanal. Pero también se deben incorporar las iniciativas que ya existen sobre avances tecnológicos y de innovación, el uso de energías renovables y el desarrollo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) en los sectores fundamentales de la economía nacional para el pueblo andaluz.
Con todas estas medidas mostramos la importancia de plantear acciones concretas, prácticas y pertinentes en un proceso que tiene unas metas de transformación social y política indispensables. Ya decíamos en otro escrito anterior que no nos debemos engañar, que nuestra dependencia del Estado español, de la Unión Europea y de sus tratados con Estados Unidos, restringe enormemente las posibilidades de acción por y para nuestra nación y su población. Porque el Estado español y el gobierno andaluz se han supeditado y se supeditan al capital privado cada vez más internacionalizado donde ya vienen pactados los ejes comerciales, de precios y jurídicos en beneficio de las grandes empresas y en perjuicio de las pequeñas, de los autónomos y de la clase trabajadora en general.
La entrada del Estado español en la Unión Europea creó una dependencia aún mayor de Andalucía a intereses exteriores y una profundización del latifundismo. Solo hay que mirar los números de las ayudas de la política agraria común (PAC) para ver que estas se concentran en los grandes propietarios de tierras y obvian el criterio fundamental de creación de empleo y desarrollo social. También ha provocado una intensificación del monocultivo, como es el caso del olivar y la producción de aceite de oliva de alta calidad. Pese a que todos los procesos de transformación se producen en nuestra tierra, una ausencia de fiscalidad de los gobiernos estatal y andaluz dejan que terminen en empresas británicas y como ya ocurrió con la industria cervecera Cruzcampo y ello sin entrar en quien tiene la propiedad y el control de nuestros recursos e industrias.
Seguimos, por tanto, manteniendo y potenciando los múltiples frentes de la lucha para conseguir la soberanía en general, y la alimentaria en particular, en Andalucía. Se puede, Marinaleda es un símbolo, y Somontes también. En el primer caso, los productos de la tierra tienen sus propias industrias de envasado y transformación, pero sobre todo la riqueza que genera es para el pueblo y todas sus necesidades vitales. Pero estemos en el campo o en la ciudad se puede actuar modificando actitudes y organizando las acciones en todos los ámbitos. Conociendo las fortalezas y debilidades de todos los contextos locales e internacionales, porque el conocimiento es una premisa básica para la acción.
Si queremos un consumo alimentario saludable para nuestras familias y para toda la población debemos empezar por nosotras mismas evitando el consumo de alimentos que supongan un alto coste económico, social y ecológico. Aunque es muchas veces difícil conocer la posible utilización de productos químicos, transgénicos o producidos bajo inadmisibles condiciones de explotación laboral y saqueo de los pueblos, siempre se puede intentar un consumo responsable. Solo evitando o comiendo muy poca cantidad de alimentos proteicos de origen animal o alimentos de fabricación industrial estamos mostrando nuestro rechazo a la producción intensiva de las explotaciones agropecuarias, aviarias y pesqueras. Intentando conocer el origen de los alimentos para consumir los de producción local y respetuosa con la clase trabajadora y la naturaleza. Por ejemplo, en Andalucía tenemos el pescado obtenido con métodos tradicionales. En Barbate (Cádiz), la sardina y el boquerón se obtienen de la flota de cerco de jareta o traíñas. O consumir frutas y verduras de pequeñas explotaciones cercanas y ecológicas y evitando comprar productos de los grandes invernaderos o latifundista. Comprando en las tiendas del barrio y en los circuitos de producción y consumo responsable o apoyando las experiencias agroecológicas como las ecocestas.
Concienciar y educar en el ámbito donde nos movamos y actuar en los grupos donde militemos. Debemos avanzar en la lucha contra los transgénicos. En el Estado español, Euskal Herria, Baleares, Canarias o Asturias han declarado sus territorios libres de transgénicos. En Andalucía los municipios como Marinaleda, El Arahal o La Algaba, muy poco, dado el extenso territorio andaluz.
La lucha organizada, social, sindical y política es básica para impedir que se vulneren derechos básicos y necesarios como la alimentación, la vivienda o el trabajo de calidad. El bien común, el derecho comunal debe prevalecer frente al derecho de la propiedad privada que en el estado actual de internacionalización del poder de las empresas y las legislaciones que las amparan está afectando a la salud global de la población. En este sentido suscribimos la alternativa que plantea la ponencia Soberanía Alimentaria del I Congreso Nacional del SAT (celebrado en diciembre de 2011) reivindicando la capacidad de decidir de las naciones y de los pueblos según sus propios intereses. La necesidad en Andalucía de una política agroalimentaria sin interferencias del la OMC o del FMI y la necesidad de, al menos, un cambio radical de la PAC. Considerar los alimentos como un derecho inalienable de los pueblos que los Estados deben garantizar; expropiar a los expropiadores los bienes comunales, la tierra, el agua, las semillas y los recursos naturales arrebatados a los pueblos; fomentar relaciones horizontales de comercio sin monopolios ni oligopolios agroalimentarios y producir alimentos saludables a través de su trazabilidad comprobada.
En definitiva, luchar por la salud y bienestar de los pueblos, por el consumo de alimentos saludables es sacar los alimentos de los mercados capitalistas y convertirlos en patrimonio de las personas, los pueblos y la humanidad.
Concepción Cruz Rojo
