Es inaudito que a la acusación particular se le cobre por tratar de avanzar y saber más en una investigación que le afecta directamente. Los padres de Iñigo Cabacas Liceranzu ‑Manuel y Josefina- tendrán que pagar las costas por haber intentado que se tome declaración a Jorge Aldekoa, jefe de la Ertzaintza en Bilbo cuando mataron a su hijo, y por haber querido indagar sobre qué ordenes se dieron aquel fatídico día en una reunión de los mandos policiales para planificar la jornada.
La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha enviado en un solo auto de apenas seis folios dos mensajes muy potentes a los padres de Iñigo Cabacas. Uno de ellos, que lo único que los tribunales buscan es «quién realizó un disparo» que causó la muerte de su hijo y si lo ocurrido puede ser considerado delito o una falta administrativa. Es decir, no parece que tengan intención de buscar más allá o de evaluar el conjunto de la actuación policial.
El segundo mensaje es que si quieren ir más lejos de lo que en cada momento vaya autorizando la jueza instructora, lo van a ir pagando de su bolsillo.
Y es que la Sección 6ª de la Audiencia Provincial no se ha limitado a rechazar las solicitudes realizadas por la representación legal de la familia Cabacas para tratar de ahondar más en la investigación, sino que ha ordenado que se le cobren las costas que se han originado en este trámite.
El cobro de las actuaciones judiciales a la acusación particular es insólito. Se supone que la justicia debe proteger el derecho de la familia de una víctima a esclarecer las causas de su muerte.
La Audiencia Provincial de Bizkaia, invoca los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para «imponer las costas originadas en esta alzada al apelante».
Sin embargo, lo que establece el artículo 240 de la mencionada ley es que el «querellante particular o actor civil serán condenados al pago de las costas cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe».
En ningún momento el auto que desestima el recurso de Manuel Cabacas y Josefina Liceranzu establece que hayan obrado con temeridad o mala fe, por lo que hacerles pagar las costas de un mero recurso, tiene difícil explicación judicial.
La cantidad a pagar en este caso ronda los 350 euros. Pero debe tenerse en cuenta que supone un claro precedente de lo que puede ocurrir si pretenden recurrir cualquier otra decisión de la jueza instructora.
Los tribunales parecen estar buscando únicamente a quien realizó el disparo
No cabe duda que en la investigación de la muerte de Iñigo Cabacas es importante determinar quién fue el autor del disparo de la pelota de goma que acabó con su vida, pero las responsabilidades de lo ocurrido aquella noche difícilmente podrán esclarecerse si, por una parte, no se establece de forma fehaciente qué órdenes recibieron los agentes que intervinieron en los hechos y si resulta imposible saber qué escopetas se utilizaron, quién uso pelotas y quién no, porque justo aquella fatídica noche ‑en contra de lo que expertos dicen que se hacía siempre- no se levantó acta en el bunker de las escopetas y pelotas usadas.
El recurso de la familia Cabacas iba, precisamente, en esa dirección: saber qué órdenes se habían dado en la reunión de coordinación en la que se estableció el dispositivo policial para aquella jornada de alto riesgo, y tomar declaración, siquiera como testigo, al jefe máximo de la Ertzaintza en Bilbo, a quien incluso un alto responsable del sindicato ErNE pone en el epicentro de las decisiones que se adoptaron aquella noche y que están teniendo una repercusión objetiva en la propia investigación.
Según la Sección 6ª de la Audiencia, la familia no determina qué indicios tiene para pedir la declaración de Jorge Aldekoa ni entiende «de qué concretos hechos ha podido ser testigo y que serán relevantes para la instrucción». A su entender, según la causa, el jefe de Bilbo «poco puede aclarar sobre las concretas circunstancias en las que se produjo la intervención policial». Porque el fin de la investigación es «averiguar quién realizó un disparo».
Esta semana, el fiscal superior, Juan Calparsoro, ha empezado a admitir que puede ser necesario subir en la escala de mando para fijar responsabilidades.
