Ainhoa Etxaide y Xabier Ugartemendia, acompañados por delegados y delegadas de limpieza, construcción, jardinería, residencias, transportes, mantenimiento, ambulancias, polideportivos, atención telefónica y comedores han comparecido ante los medios de comunicación para presentar la iniciativa para la inclusión de cláusulas sociales en las subcontrataciones.
La subcontratación de otras y servicios ha sido una decisión de los partidos que han gobernado las instituciones de Euskal Herria, principalmente de PNV, PSE y UPN. Se trata de unos de los ejemplos más claros de la política al servicio de intereses económicos privados. Es un problema de una dimensión considerable, resultado de una constante política de privatización de servicios. Esta práctica ha supuesto un gran negocio para los empresarios, financiado con dinero público, lo que ha supuesto incrementar beneficios a costa de la precariedad.
Este camino privatizador se ha sustentado en dos mentiras. La primera, que la gestión privada es mejor que la pública, lo que choca con la realidad, ya que las subcontrataciones deterioran el servicio. La segunda hace referencia al abaratamiento de costes. Argumento éste que no se sustenta ya que hay que garantizar el margen de beneficio de la empresa subcontratante.
Los últimos años, la evolución de las subcontrataciones supone el ejemplo más claro de política subordinada y al servicio de los de siempre, los empresarios amigos del poder.
En primer lugar, se ha recortado en todos los ámbitos menos en los márgenes de beneficio de las empresas subcontratantes. Los márgenes de beneficios y rentabilidad del negocio se mantienen a costa de bajar costes laborales (empleo, salario, condiciones, seguridad y control…), en definitiva, recortando derechos a trabajadores y trabajadoras.
Hay tres tendencias que se están consolidando y que suponen un peligro para trabajadoras y trabajadores. No obstante, estas tendencias se pueden evitar si hay voluntad política.
En primer lugar, la destrucción empleo. Se realiza el mismo servicio, financiado con el mismo presupuesto, con plantillas recortadas.
En segundo lugar, la precarización extrema, garantizar la rentabilidad con la reforma laboral en la mano. El resultado, el deterioro de la calidad en el servicio, resultado de la precariedad y las malas condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores.
En tercer lugar, las ofertas temerarias, que consisten en realizar ofertas por debajo del presupuesto público.
Ante esta situación, LAB demanda compromisos claros por parte de las instituciones para garantizar el empleo y mejorar las condiciones laborales. Asimismo, demanda que la política en esta cuestión sea proteger el empleo y a los y las trabajadoras y no garantizar márgenes de beneficio para los empresarios.
LAB apela a la voluntad política para superar esta situación, primando, con el mismo presupuesto, los intereses de trabajadores y trabajadoras sobre los márgenes de beneficio.
Para ello, apela a la inclusión de cláusulas sociales en la subcontratación, que cada institución, en su ámbito, establezca condiciones a la hora de acceder a contratos públicos. Se trata de diferentes medidas centradas en tres aspectos, el empleo (subrogación, igualdad de oportunidades), condiciones laborales (convenio, salud laboral…) y calidad (euskara).
Sí se puede. En este sentido, se han presentado mociones en distintos ayuntamientos, como en Donostia y Mungia. Mañana se presentará en la Diputación de Gipuzkoa. LAB también realizará peticiones en este sentido en las Diputaciones de Bizkaia y Araba; los ayuntamientos de Bilbo, Iruñea y Gasteiz y los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea. También considera que esta iniciativa se debe extender a todas las instituciones y entes públicos, para ello realizará reuniones con los partidos políticos.
LAB también hará llegar esta iniciativa a los centros de trabajo a través de una campaña con diversos soportes informativos.