Ante la proximidad del 9‑N, el carácter abierto del escenario y la confusión generada por el tacticismo de los partidos «nacionalistas» sobre el antes y el después del 9‑N, así como sobre la propia fecha, es decisivo que el Esquerra Independentista actúe en una sola dirección sobre la base de un análisis que nos permita incidir en la realidad a corto plazo y mantener, al mismo tiempo, una línea estratégica de largo plazo. Los objetivos estratégicos de la Izquierda Independentista son la independencia y el socialismo por los Països Catalans y pensamos que cualquier valoración sobre el proceso soberanista y el 9‑N hay que hacerla desde este punto de vista y en función del papel que estos factores juegan en nuestro proyecto global.
Creemos que hay unos puntos previos a tener en cuenta para poder hacer un análisis que no esté interferido por apreciaciones subjetivas o inmediatistas:
El proceso soberanista se da en una parte del país y no puede ni sustituir ni obstaculizar el proceso de construcción nacional de los Países Catalanes
La independencia del Principado en sí no es el objetivo del programa político de la Izquierda Independentista.
Las valoraciones sobre la conveniencia o inconveniencia de la independencia del Principado en relación a estos objetivos estratégicos no son pertinentes para que finalmente el protagonismo y la decisión recaen sobre el pueblo y en ningún caso es tarea de la Izquierda Independentista obstaculizar la materialización de la voluntad popular .
Es importante, también, hacer una correcta caracterización del proceso soberanista para no perder de vista el papel que juega en el proceso de liberación nacional de los Països Catalans. A nuestro entender, están los siguientes elementos a tener en cuenta:
El objetivo del gobierno de CiU no es la autodeterminación del Principado, sino canalizar la movilización social independentista hacia una negociación con el Estado español. Probablemente, CiU no sea el único actor que se conformaría con una solución autonomista.
Si CiU no ha desobedecido ya para convocar la consulta desde la institución, no lo hará para proclamar la independencia. Sin desobediencia no hay independencia y para realizar este gesto de ruptura hay que romper vínculos con la burguesía principatina y su fetichismo de las leyes, el orden y la seguridad jurídica.
No existe un «proceso legal». Para que un proceso de autodeterminación fuera legal deberíamos sacar previamente de sobre la propia ocupación española. Un proceso legal es la negación del proceso.
El conflicto nacional es un conflicto entre el pueblo y el Estado. Si se niega a desobedecer, la Generalitat se pone de parte del Estado.
Como estructura burguesa de Estado, la Generalitat no es la representación del pueblo de Cataluña sino de los intereses de las clases dominantes del Principado.
El gobierno autonómico pretende descafeinar la consulta para desactivarla como mandato democrático al propio gobierno y poder seguir utilizando la capacidad de movilización del independentismo como arma arrojadiza en su pulso con el Estado.
La cuestión no es si la consulta que el gobierno propone para el 9‑N es técnicamente similar a la que prometió; la cuestión creemos que es:
Que la pregunta está expresamente diseñada para dejar la puerta abierta a una reformulación del pacto con el estado, que es precisamente la negación del ejercicio del derecho de autodeterminación.
Que la consulta del 9‑N no puede sustituir en ningún caso un referéndum de autodeterminación.
Que el gobierno prometió que organizaría una consulta y no ha preparado los pasos técnico-administrativas necesarias para hacerlo. La consulta del 9‑N es, por tanto, una prueba del incumplimiento de sus promesas.
Que las rebajas que la actual propuesta implica en relación a la que ha pedido el pueblo en la calle, más allá de la valoración de su relevancia técnica, se deben a la voluntad de evitar el choque de soberanías con el Estado español.
Esta última cuestión creemos que no tiene, como algunos quisieran, un valor puramente simbólico:
A largo plazo un planteamiento así pone el proceso en una vía muerta y se limita a posponer la rendición, ya que no habrá independencia sin desobediencia, es decir, sin ruptura.
A corto plazo, este planteamiento implica que si el Estado impugna también este modelo de consulta, que es una opción muy, muy posible, no habría ningún tipo de consulta.
Ante esta eventualidad, el Gobierno está intentando canalizar las energías reivindicativas populares hacia un escenario de «elecciones plebiscitarias». Este escenario creemos que es inaceptable porque:
Unas elecciones al Parlamento de Cataluña no pueden ser en ningún caso plebiscitarias. Se votan muchos otros aspectos de la gestión autonómica.
No hay ninguna garantía del cumplimiento de las promesas electorales como demuestra la historia del sistema parlamentario catalán
La única salida en clave de autodeterminación que podrían tener unas elecciones de este tipo sería una Declaración Unilateral de Independencia. Unas élites políticas incapaces de convocar una consulta «ilegal» son aún más incapaces de hacer una declaración así.
Los hechos creemos que demuestran, por tanto, que:
El único agente activo por la autodeterminación se encuentra en el pueblo y que CiU no es en ningún caso un aliado en la materialización de esta reivindicación.
Si la actual hoja de ruta hacia la independencia del Principado entra en una vía muerta, tendremos que estar preparados para poner sobre la mesa una estrategia de liberación nacional por los Países Catalanes a largo plazo, en la que un referéndum es sólo un capítulo o un instrumento, pero no el objetivo estratégico.
Esta estrategia debe ser capaz de reunir los movimientos populares en torno a un programa de Unidad Popular que incluya la independencia de los Países Catalanes como una de sus reivindicaciones básicas.
De la experiencia de estos últimos dos años habrá que analizar todo el resultado de la apuesta del independentismo en torno al trabajo político interclasista (referencialidad del «ANC) y de la territorialidad (independencia por fases). A nuestro entender, ha habido una incapacidad para transformar estos «sacrificios» ideológicos en acumulación de fuerza hacia el proyecto estratégico de la izquierda independentista.
Si la dirección política del proceso por parte de las élites del Principado es incapaz de materializar cualquier ruptura con España, habrá quedado demostrado una vez más que un proceso popular como el que ha defendido históricamente la Izquierda Independentista es el único posible.
El proceso popular que proponemos es, además, el único que, al pasar por encima de las leyes españolas, pasa por encima también de las fronteras españolas (entre comunidades y entre estados) y es parte, por tanto, del necesario proceso de construcción nacional.
Esta estrategia de liberación nacional debe ser válida para todo el territorio de los Països Catalans y pasa necesariamente por la desobediencia y la ruptura. Tanto en la coyuntura de corto plazo (el propio 9‑N) como en escenarios posteriores, la Izquierda Independentista ha dotado de un instrumento (Independéncia per Canviar-ho tot) y de una campaña (desobeïm) que han supuesto un primer intento de construir un movimiento autónomo de las clases populares para intervenir en la ola movilizadora independentista. Este modelo creemos que debe ser reforzado por todo el movimiento si no se quiere caer en el simple seguidismo de la hoja de ruta de las clases dirigentes.
¿Qué características debe tener este proceso popular hacia la independencia?
La socialización del programa de la Unidad Popular
La construcción del sujeto revolucionario que debe materializarse este programa
La creación de estructuras de alcance nacional que constituyan una alternativa a las estructuras institucionales existentes
La creación de organizaciones sectoriales de alcance nacional en todos los ámbitos
La socialización de una estrategia concreta dirigida al «derribo del» Estado
De la crítica necesaria al actual proceso institucional no debemos deducir que no hay que esperar nada del actual escenario político. Al contrario, está lleno de oportunidades para que:
Pone en cuestión el marco político impuesto con los pactos de la Transición.
Otorga a los actores principales (el Estado y la Generalitat) un margen de maniobra muy limitado y por lo tanto un gran riesgo de cometer errores.
Da a los sectores populares un protagonismo y una capacidad de intervención, presión y desestabilización sin precedentes desde la Transición.
Por todo ello:
De cara al escenario concreto del 9‑N, hay que promover el único escenario que puede cerrar o dificultar el desarrollo de un nuevo pacto entre Estado y Generalitat, es decir, una participación masiva en la consulta del 9‑N en forma de votos a favor de la independencia.
De cara a los escenarios posteriores hay que promover la movilización masiva a favor de la independencia de los Países Catalanes en forma de lucha en la calle.
Para que estos factores terminen dando sus frutos en el camino hacia la liberación nacional y social de los Países Catalanes, creemos que es necesario que el pueblo actúe autónomamente de la burguesía y sus partidos desde estructuras de clase (es decir, no transversales). Con esta estrategia autónoma de las clases populares se puede conseguir, a medio plazo, convertir la reivindicación popular, la experiencia popular de la traición de los líderes y la indignación acumulada, en un proceso auténtico de autodeterminación por encima de las leyes españolas y de las fronteras (entre estados o entre autonomías) establecidas por éstas.
Este proceso es tan difícil como siempre lo ha sido. No hay atajos en el camino hacia la independencia y pensamos firmemente que la Izquierda Independentista no se puede dejar desorientar por los discursos que promueven un proceso de independencia indolora e interclasista, de la mano de las mismas élites que han dirigido durante décadas el autonomismo. Un proceso que, planteado en su versión legalista, es imposible de materializar. El proceso popular hacia la independencia es un camino difícil, pero creemos que es el único camino posible hacia la independencia de los Països Catalans y la construcción de una sociedad socialista y feminista, objetivos políticos de nuestro movimiento.