Ayotzinapa, crimen de Estado
Felipe Cuevas, integrante del Comité Central del PCM
El gobierno del Estado de Guerrero desvió de su ruta de movilización a jóvenes normalistas de la combativa Ayotzinapa con toda intención de propiciar un altercado con los guerreros unidos e instigó el acto con el auxilio de sus fuerzas represivas. Por su parte el narco poder da muestras claras de entrar en una fase “precautoria” respecto de los golpes sufridos en el estado de Michoacán de no permitir la movilización popular en las zonas bajo su control. Se trata de una celada al viejo estilo de la guerra sucia, una emboscada preparada por instancias políticas, de seguridad y del narco hoy enmarañadas en el deterioro de la antigua institucionalidad burguesa del Estado mexicano y el socavamiento de su condición como Estado-nación.
Un detonante colocado por gentes del poder (narco, político y económico) que no quieren hacerse responsables de sus actos de ningún modo, empeñadas en ponerlo como un acto de la delincuencia organizada restringiendo toda forma de manifestación social que irrumpa en sus escenarios, ya sea en las zonas donde gobierna el narco o en lo que los políticos creen sus estrictas áreas al margen de los derechos políticos. Así entonces, en este acto criminal están coludidos esos entes con plena intención de generar la represión contra el pueblo pero por la naturaleza feroz de su agresión la situación se les escapó de control y del cerco mediático.
Al limitar las posibilidades de movimiento hacia Chilpancingo las instancias de seguridad, las fuerzas policiales y militares, el ejecutivo estatal y sus agentes crearon el marco “perfecto” para empujar a los estudiantes a Iguala para armar ese plan macabro entre dos fuegos. El presidente municipal de Iguala en la maraña de sus frivolidades poco importa a los más poderosos, lo usarán como tonto útil independientemente de sus propias responsabilidades.
Definitivamente es un ensayo para aplicar este tipo de acciones a gran escala donde sea el narco quien golpee al movimiento popular, es un plan combinado con los intereses propios del narco poder que una vez socavado el tejido social en importantes regiones del país cree tener las condiciones para ejercer funciones de dominación general sobre la población que sólo sembrarán mayor caos y desmembramiento del país, ideales para otro tipo de intervenciones imperialistas. Se estará de acuerdo en que eso hace tiempo se practica a un nivel muy local en algunas regiones, pero este precedente es nuevo y sumamente peligroso para la lucha revolucionaria en un momento en que se incuban nuevos potenciales de movilización de las cuales el Estado gobernado por imperialistas, oligarquía financiera y carteles de la droga toma nota como puntos rojos que van encendiéndose intentando distintas acciones para apagarlos.
Peña Nieto en lugar de subrayar la responsabilidad de su investidura, simplemente se lava las manos, nos sale con una declaración oficial de consternación como si no fuese más que un simple espectador, pero para quien quiera ver en su discurso es notoria su intención retardataria de las investigaciones en el caso de Guerrero como lo fue mientras fungía de gobernador del Estado de México. Simplemente por el hecho de que en lugar de crear alguna herramienta institucional que atienda estos graves problemas, se apoya en las instituciones que se sabe carcomidas para que estas resuelvan lo que no les interesa resolver. A esos niveles de gobierno resultan absurdas sus declaraciones, sobre todo con su gabinete de seguridad que sabe y discute dónde y cómo usar la fuerza.
Los gobernantes juegan a la confusión, se hacen los desentendidos, demoran las investigaciones, están coludidos por diversos intereses; el pueblo debe movilizarse contra esta agresión de todas las fuerzas hostiles del poder político, económico, militar y narco, exigimos castigo a los culpables, desenmascarando la múltiple condición de este crimen de Estado.
