Por Horacio Rovelli, Resumen Latinoamericano, 1 marzo 2020
No puede una minoría imponer sus privilegios si la mayoría toma conciencia del real estado de situación
La teoría económica presenta un dilema y una solución. El dilema es
que las oportunidades de inversión dependen de una fuerte demanda
interna que, a su vez, depende de la inversión. Si el país comienza
aumentando la demanda, esto puede generar inflación; si la idea es
comenzar por aumentar las inversiones, ¿cuál será el incentivo para
invertir? La respuesta teórica es que el crecimiento debe ser liderado
por las exportaciones. En este caso, cuando el país en crecimiento posee
cierta capacidad tecnológica y un tipo de cambio competitivo, estará en
condiciones de sacar ventaja de su mano de obra barata (medida en
moneda dura). La demanda deja de ser exclusivamente interna y se expande
para convertirse en demanda mundial. Esto es lo que hicieron los tigres
asiáticos y también Brasil y México en la década de 1970, con muy
buenos resultados. Esto es también lo que los dos últimos países dejaron
de hacer después de la crisis de la deuda de la década de 1980, cuando
aceptaron abrir sus cuentas financieras externas y dejaron de
neutralizar la tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio. Las
exportaciones basadas en un tipo de cambio competitivo no sólo
constituyen demanda cuando el saldo de las operaciones comerciales es
positivo sino que, además, fomentan la inversión, que opera tanto de
lado de la oferta como del lado de la demanda.
Anthony Thirlwall, en su libro La naturaleza del crecimiento económico: un marco alternativo para comprender el desempeño de las naciones, plantea
que el crecimiento económico de largo plazo está determinado por las
exportaciones y por la sustitución de importaciones. Esta teoría
concluye que, en consecuencia, el equilibrio del balance de pagos, en
particular de la cuenta corriente, restringe y determina el crecimiento
de una economía abierta.
El Plan dado a conocer por el Ministro Martín Guzmán se asienta
primero en el crecimiento de nuestras exportaciones, que proyectó en un
escenario optimista a una tasa del 4,5 al 5% anual para los años
2020⁄2023 y que con el fortalecimiento de la demanda interna arrastraría
un incremento del PIB en torno al 2% anual.
Pero la coyuntura se presenta adversa. Por un lado el coronavirus
frena el comercio internacional e implica baja en los precios de los
granos, especialmente la soja, y aproximadamente el 65% de nuestras
exportaciones son productos primarios (principalmente granos) y
manufacturas de origen agropecuario [1].
Por otra parte, nuestro mayor socio comercial, Brasil, devalúa su
moneda, en una clara estrategia de depreciación del real y baja de su
tasa de interés de manera tal que cierra el mes de febrero de 2020 con
4,50 reales por un dólar, una caída del 11% de la paridad en los dos
primeros meses del año y es el menor valor de su moneda en 10 años.
Desde el peronismo la Argentina crece si crece su mercado interno,
dado que el 75% y más de lo que producimos se demanda en el país y eso
también debe fortalecerse, máxime con el profundo descenso del poder
adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y pensiones que dejó
el macrismo.
En ese marco el Ministro Martín Guzmán presenta su Plan Económico:
- Solucionar tema de la
deuda externa.
- Mantener el tipo de cambio alto.
- Aumento de las exportaciones.
- Control y sustitución de importaciones.
- Preservación del superávit comercial.
- Mantener la presión tributaria.
- Disciplina fiscal pero sin el imperativo de conseguir superávit de las cuentas públicas.
- Medidas de estímulo al consumo, particularmente de los sectores de menores ingresos.
- Recuperación gradual del poder adquisitivo de los salarios.
- Intentar que sectores de la clase media recuperen poder adquisitivo.
(Por ejemplo, vía bajos aumentos tarifarios, Ahora 12, baja de tasas de
interés en las tarjetas de crédito.) - Subsidios para dinamizar ciertos sectores de la economía.
- Desarrollo de la obra pública con el propósito de generar demanda de empleo.
- Eliminar situaciones de privilegio y solicitar o imponer “aportes solidarios” a los sectores más pudientes.
- Recomposición tarifaria con incrementos proporcionalmente mayores para los sectores de altos ingresos.
Priorizar el acuerdo sobre la deuda externa ha sido el camino elegido
por el gobierno de Alberto Fernández, y se lo está transitando.
Es válido el planteo del control y la sustitución de importaciones a
como dé lugar, son divisas que no se pierden y a la vez se apuntala la
producción nacional, como afirma Thirwall: “El crecimiento depende de la
elasticidad de las exportaciones y de la elasticidad del ingreso de la
demanda de importaciones (como sustituir importaciones)”.
Pero en el actual estado de las cuentas públicas es imposible pensar
en disciplina fiscal, máxime que la recaudación no aumenta porque está
atada al nivel de actividad y el país está parado. Por eso, los ingresos
tributarios de enero 2020 crecieron con respecto a igual mes del año
pasado solo en un 38,5%, cuando la inflación del período fue del 55%. A
la vez las prestaciones sociales, como las jubilaciones y pensiones, AUH
y otros programas (y en buena hora) se acrecentaron en un 61,5% y
representan el 62% del gasto total. La mitad de los jubilados y
pensionados cobran la mínima o cerca de a mínima y la jubilación mensual
promedio de la ANSES en diciembre de 2019 es de $ 20.575.-[2]
La variable de ajuste fue la obra pública y el gasto de capital, que
incluso es una partida menor en términos nominales que la de enero 2019.
En enero de 2020 se invirtieron solamente $ 11.481 millones, el 2,36%
del gasto total del mes, cuando en enero de 2019 y en pleno ajuste
fiscal, fue de $ 17.730 millones y representaba el 4,97% del gasto.
Durante el kirchnerismo, la inversión pública era del 12% o más del
gasto total, que a su vez era mayor (y mayor el pago de las jubilaciones
y pensiones).
Sin recursos suficientes y sin
fortalecer al Estado es imposible impulsar la obra pública y al mercado
interno, por lo menos en la magnitud necesaria para estimular la
demanda y el multiplicador de la inversión. De allí el planteo de no
pagar intereses y capital de la deuda hasta 2023. Por ejemplo, si los $
87.052 millones de intereses netos de enero 2020 (excluye intereses
pagados Intra-Sector Público Nacional) se destinaran a aumentar las
jubilaciones y pensiones y a la obra pública todos los meses, se
incrementarían esas erogaciones en torno a un 30%, cifra nada desdeñable
y que sería el punto de partida del crecimiento económico.
Finalmente, para que el Plan presentado tenga consistencia se debe apuntalar el punto 13 – Eliminar situaciones de privilegio y solicitar o imponer “aportes solidarios” a los sectores más pudientes,
que es a la vez, el camino que permite zanjar la diferencia entre la
posición defendida por el Ministro cuando fue a exponer a la Cámara de
Diputados de la Nación, de que solo va a poder pagar a partir del año
2023 en que, en el mejor de los casos, se va a conseguir un superávit
primario del 1% o 1,2% del PIB y, por otra parte, la pretensión de
cobrar de grandes fondos acreedores que ya demostraron, caso Bono BP 21
en la Provincia de Buenos Aires y caso Bono Dual en la Nación, que
tienen una mayor participación en la deuda que les permite superar la
cláusula de acción colectiva.
Se debe contar con un aporte solidario de los sectores más ricos de
esta sociedad, que son los que fugaron dólares por 88.300 millones en
los cuatro años de gestión de Cambiemos y que identificamos básicamente
con beneficiados por el macrismo (bancos, energéticas, servicios
públicos privatizados, Ternium y Tenaris, telefónicas y comunicaciones y
los grandes productores, acopiadores y comercializadores del agro),
para que en lo inmediato se les coloque un Bono de Ahorro Forzoso a
cinco años, con la opción que si el Estado lo decide se renueve por
otros cinco años más.
Objetivos y contradicciones
Un plan estratégico o un “programa macroeconómico muy definido”, como
dijo el Ministro en su presentación en Diputados, debe contar con más
medios que objetivos. Esos objetivos y esos medios no pueden
contradecirse entre sí y finalmente debe haber un orden de prioridades,
para que se concatenen medidas y objetivos en una relación de causa y
efecto.
Es loable tener un tipo de cambio competitivo, pero los precios en la
Argentina se siguen fijando por los mercados externos, esto es, para
dar un ejemplo burdo: una botella de aceite mezcla de 900 cc, que en
nuestro país producen y comercializan tres firmas, se vende en el
mercado de Amsterdam a un dólar. Obviamente los productores van a
imponer ese precio también en el mercado local, de otro modo les
conviene exportar, con lo que impacta sobre los ingresos fijos
(salarios, jubilaciones y pensiones). Nuestro territorio está mucho más
internacionalizado de lo que los medios comerciales dan a conocer y
forman opinión al respecto. De las quinientas empresas más grandes por
nivel de facturación, trescientas son extranjeras. La comercialización
de nuestros granos se realiza mayoritariamente por empresas extranjeras,
y la deuda pública externa nacional bajo ley internacional supera los
70.000 millones de dólares.
Nuestros empresarios son débiles ante el gran capital internacional,
pero nuestro Estado no se encuentra en mejor situación y tiene como
tarea principal redireccionar el proceso económico e implementar y
posibilitar un esquema sustentable a mediano plazo.
Por lo tanto, sin desconocer el fin y la importancia estratégica de
incrementar nuestras ventas al exterior, no se lo puede hacer vía
depreciación cambiaria porque se debe fortalecer el mercado interno en
primer lugar y eso exige aumentar el poder adquisitivo de los
asalariados y jubilados y pensionados y garantizarles a las empresas que
operan en el país una demanda sostenida. Paralelamente, es preciso un
fuerte control de las importaciones para evitar que se pierda el efecto
multiplicador comprando insumos del exterior, el control de las tarifas
cuya pesificación es un paso importante en ese sentido, y controlar los
precios.
El plan económico debe ser apropiado por el pueblo argentino. Si no
se comunica fehacientemente a la población el estado en que nos
encontramos, no se puede avanzar en ningún programa o plan. El ejemplo
último fue la presentación en el Congreso de la Nación del privilegio
del Poder Judicial y de los jubilados y pensionados que trabajaron en
relaciones exteriores. Cuando se hizo público lo que percibían sus
miembros por mes, se acabó la discusión.
Con el plan y la deuda se debe hacer exactamente lo mismo. No puede
una minoría imponer sus privilegios si la mayoría toma conciencia del
real estado de situación.
Lo decía Mariano Moreno: “Si los pueblos no se ilustran, si no se
vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que
puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y
después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez
nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.
Desde el 22 de mayo de 1810, nuestro pueblo quiere saber de qué se trata.
[1]
Que no tienen la virtud de generar empleo por lo menos en la magnitud
que es imprescindible para que tenga impacto en la economía interna.
[2] Y como informó el Director Ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, en la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles 26 de febrero 2020, en promedio, un beneficio del Poder Judicial de la Nación asciende por mes a $ 293.107.
fuente: El Cohete a la luna
