Pablo Jofré Leal, Resumen Latinoamericano, 15 marzo 2020
Con una deuda externa de
330.000 millones de dólares, que representa el 95.3% de su Producto Interno Bruto
(PIB) Argentina se constituye en uno de los 15 países más endeudados del mundo,
con toda la carga política, social y económica que tal condición conlleva.
Una abultada deuda, que el día
10 de febrero pasado, obligó al presidente argentino, Alberto Fernández en
declaraciones dadas a la radio argentina Continental confesar que su país “no
puede cumplir con el cronograma de pagos de la deuda contraída con
el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues si se hiciera se estaría
sumiendo a la economía en una postración absoluta. Nosotros queremos destinar
el pago de la deuda a la reestructuración de la economía, a sacar a la gente de
la situación de crisis en la que está y por ello, objetivamente no podemos
cumplir”.
Declaración refrendada al
inaugurar el 138.º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en que Fernández,
durante su discurso presentó un diagnóstico negativo sobre la herencia que
recibió del Gobierno de Mauricio Macri, una situación que calificó de dramática
y de destrucción sobre la economía y el Estado Nacional. Fernández precisó que
su Gobierno no va a pagar la deuda, a costa del hambre y la destrucción de los
sueños de los argentinos. Lo afirmado por el mandatario argentino ha sido
igualmente complementado por las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta
y ex mandataria Cristina Fernández quien había declarado que “la deuda se salió
de control y que para pagarla indudablemente lo primero es salir del período de
recesión”.
Las palabras de la dupla
Fernández-Fernández es refrendada por la decisión del propio Senado argentino,
el cual, a través de la aprobación de la llamada “ley de Restauración de la
sostenibilidad de la deuda pública externa” un proyecto de ley presentado por
el ejecutivo y que permitirá al equipo económico presidio por el Ministro
Martín Guzmán, renegociar con los acreedores, las condiciones del pago del
descomunal préstamos solicitado por el gobierno del ex presidente Mauricio
Macri, que ha dejado endeudada a la Argentina en pésimas condiciones.
Recordemos, que el nuevo
gobierno de Argentina recibió un país en un completo descalabro en múltiples frentes.
Una economía en franca recesión desde abril del año 2018 que ha llevado a la
población argentina a niveles de pauperización, que implicó tener a un tercio
de la población bajo la línea de la pobreza, desconfianza en las instituciones
públicas, una alta tasa de desempleo (sobre el 10%) sobre todo en la población
joven. Un Mauricio Macri, que tratando de mantener un modelo de crecimiento económico
ya sin sustento, trató artificialmente de darlo al solicitar al FMI un
empréstito por 56,300 millones de dólares, de los cuales desembolsó unos 44.000
millones, sin poder evitar la profundización de la crisis económica por la
devaluación del peso argentino, una altísima inflación en los últimos meses del
gobierno macrista y una masiva fuga de capitales.
El gobierno de Alberto Fernández,
gracias al apoyo logrado en el senado contará con un marco legal y político que
le permitan emprender un camino de reestructuración de la deuda, en reuniones
de coordinación con el llamado Club de Paris (1) bajo la premisa de
lograr condiciones mejores que permitan, por ende, avanzar por escenarios menos
onerosos y que no impliquen un ajuste fiscal – que va acompañado permanentemente
de pauperización de la población – que suele ser la exigencia de las
corporaciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario internacional (FMI) y aquellos que en general suelen generar empréstitos que termina ahogando a los
pueblos y sometiéndoles ad eternum a los dictados de esas organizaciones.
El nuevo gobierno argentino
enfrenta un duro panorama económico interno y externo. Unido a la crónica
oposición de los grupos económicos y empresariales vinculados a la derecha
argentina, hay que sumar las dificultades externas derivadas de las fuertes
tensiones entre Estados Unidos y China, el reacomodo de los bloques políticos
en Latinoamérica, la irrupción de epidemias como el coronavirus que ha afectado
a aquellos países exportadores de materias primas como es el caso de Argentina
y su producción de carne, trigo y soja. La desaceleración de los niveles de
crecimiento, la guerra entre potencias en materia de hidrocarburos. La escasa
visión de los organismos financieros internacionales para prever las crisis
económicas y que incluso los hacen incurrir en préstamos a gobiernos como el
que tenía la argentina con Mauricio Macri, cuando todas las alertas indicaban
que era contraproducente.
Para poder
contrarrestar ese panorama adverso, el gobierno presidido por Alberto Fernández
elaboró un programa, que buscó, hábilmente, su base política de apoyo transversal
y que se consiguió al ser aprobada por el Congreso, durante el mes de diciembre
del año 2019, la llamada ley de solidaridad social y reactivación productiva (2).
Una ley promulgada tras esa aprobación y que declaró la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social. Una ley que busca salir de la profunda crisis
dejada por el macrismo y que en esencia ambiciona mantener el precario equilibrio
fiscal pero al mismo tiempo incentivar el consumo para así salir de forma más
robusta de la recesión que acosa a Argentina.
Una
verdadera ley de emergencia que por ejemplo grava con un 30% a la compra en
dólares, signada con el nombre de «Impuesto Para
una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)» que va a regir por
un lustro y que gravará con el mencionado 30% además de las compras en el
extranjero, la compra de dólares para atesoramiento compra de servicios que
operen en el exterior y compra de pasajes al exterior. La aludida ley aumenta
los impuestos a los bienes personales y congela las tarifas de servicios, como
también eleva los aranceles a las exportaciones de productos agrícolas, como
también apoya a los sectores más vulnerables como son los jubilados quienes
recibieron un bono para tratar de paliar su precaria situación. Para este mismo
sector se decidió suspender, por 6 meses la fórmula de movilidad jubilatoria,
que fue sancionada a fines del año 2016. En estos 180 días el gobierno podrá
fijar, en forma trimestral, el incremento de los haberes previsionales.
Otro de
los puntos fundamentales de las iniciativas de Fernández y su equipo es llevar
adelante las tareas que permitan recuperar lo que denominan “la sostenibilidad
de la deuda pública. Y, para ello, el Ministro de Economía martín Guzmán afirma
que con relación a la renegociación de la deuda externa «Tiene que haber
conversaciones sobre la base de la buena fe entendiendo cuál es la capacidad
del país para poder servir sus deudas en un contexto de recuperación económica.
Las medidas que hemos tomado están pensadas como un proyecto integral para
resolver todos los desequilibrios, redefiniendo prioridades, resolviendo la
situación de la población más vulnerable respetando la consistencia
macroeconómica. Son parte de un programa muy cuidadoso» concluyó Guzmán quien
durante estos días se reunió con fondos de inversión que visitaron la Argentina
y que desean tener la certeza – que no puede dar el gobierno argentino – de
evitar el default.
Es evidente que aunque se
logre renegociar la gigantesca deuda externa argentina, este punto no tendrá de
inmediato un efecto positivo sobre la economía. Idea sostenida por el propio
Alberto Fernández quien sostuvo “Renegociar la deuda no es mágico. Después
dependerá de nosotros encontrar el camino para volver a crecer”. Se está
trabajando fuertemente por manejar un curso que sintonice la política fiscal
con la monetaria, cediendo en ello las exigencias de bonistas y organismos
financieros internacionales.
Habrá que ver si Fernández
cede en aspectos que suelen ser condición sine qua non en materia de deuda
externa: ajustes fiscales que se traducen en desmejorar la calidad de vida de
la sociedad. La meta de impulsar las exportaciones en un escenario
internacional hostil, que permita acceder a un superávit comercial de 15 mil millones
de dólares en el 2020 (que es la cifra esgrimida grosso modo en economía) chocará,
sin duda, con el régimen impositivo que se está manejando y que gravará a un
sector como el cerealero, que suele ser movedizo y sobre todo sostén de los
sectores más conservadores del país.
Argentina trata de salir
del pantano dejado por el Macrismo y en ese marasmo las interrogantes suelen
cubrir el panorama de posibles soluciones. Latinoamérica necesita una Argentina
firme, un gobierno del lado de la integración regional, de los intereses más solidarios
con causas justas que aquellos que Macri y su inclinación a Washington y el
sionismo han marcado a fuego el rumbo del país. Todo tiene que ver con todo y
en ello la economía no es una cuerda separada de la política interna y externa.
Articulo
cedido por http://www.segundopaso.es/news/381/Argentina-y-sus-intentos-de-salir-del-pantano
- Fundado el año 1956 El Club de París es
una agrupación de países acreedores cuya finalidad es la de organizar formas de
pago para los países deudores, como así también efectuar reestructuraciones de
deuda. Debe su nombre a operar desde la tesorería del gobierno de Francia,
en París. Argentina fue, sintomáticamente, el primer país en trabajar un
proceso de reestructuración de su deuda el año 1956 cuando expresó la necesidad
de cumplir con sus acreedores (varios países soberanos) para evitar convertirse
en un país deudor. Bajo esa premisa, Francia se ofreció a acoger una reunión
excepcional de tres días en París, que tuvo lugar del 14 al 16 de mayo de 1956. - Ley
de solidaridad social y reactivación productiva. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224184/20191228