Eduardo Andrade /Resumen Latinoamericano /20 de marzo de 2020
La directora ejecutiva de Human Rights Watch en Estados Unidos, Nicole Austin-Hillery, manifestó que, cuidar la salud de los presos «es crucial para proteger la salud pública en general”.
El aislamiento social en el que viven no impedirá la llegada del COVID-19 a los recintos carcelarios. Con un veloz incremento de la tasa de contagios en el país, las familias de las personas recluidas se encuentran preocupadas por las condiciones de higiene en dichos espacios y por la falta de medidas de contingencia del Estado para hacer frente a este problema.
El jueves, un motín en el módulo 32 de la cárcel de Santiago 1 les recordó a las autoridades que, en medio de la contingencia por la crisis sanitaria, es necesario pensar mecanismos que eviten convertir a estos espacios en graves focos de contagio.
Poco antes de este episodio, agrupaciones como la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos (OFAPP) y la Coordinadora 18 de octubre se habían manifestado frente al mismo centro penitenciario exigiendo el cambio de las medidas cautelares para los detenidos en medio de las manifestaciones sociales y proponiendo, como una opción viable, el arresto domiciliario.
El pasado 15 de marzo, el Ministerio de Justicia dispuso algunas medidas que van en la línea de evitar el contagio por COVID-19 en las cárceles del país y con las cuales las agrupaciones mencionadas no quedaron conformes.
En conversación con nuestro medio, una de las integrantes de OFAPP, quien prefirió reservar su identidad, explicó en qué consisten este tipo de medidas y cómo les ha afectado.
“Restringieron la cantidad de familiares por visita a dos personas. Es un tema súper trágico en el sentido de que es un solo día de la semana y los compañeros necesitan ver a sus familiares. Eso también afecta la alimentación, porque las visitas llevamos una merienda a las personas y eso también disminuye, sin contar las condiciones en las que se puedan encontrar cada uno de los presos”.
Actualmente, son más de 2500 los presos políticos que figuran en las listas de las agrupaciones mencionadas. Las mismas, además, han asegurado que el Presidente de la República tiene la facultad de gestionar un proyecto de ley que sugiera el arresto domiciliario para sus familiares, tal como ocurre con las facilidades brindadas para personas de edad avanzada.
Sin embargo, contrario a esto, la integrante de OFAPP denunció que en casos de prisión política ha existido, incluso, una serie de retrasos y trabas en los procesos judiciales.
“Hay personas que están adentro más de cien días y no han tenido ni siquiera la primera audiencia. Las carpetas investigativas se entregan con atrasos y algunas personas todavía no las han obtenido: sin embargo, los abogados han hecho la solicitud a Fiscalía y eso es una forma de dilatar los procesos y de querer debilitar a la defensa”, aseguró.
Al respecto, la Coordinadora 18 de octubre ha puesto énfasis en que el objetivo principal de dicha organización es lograr la libertad absoluta de las y los detenidos políticos, pero que, mientras dure la crisis sanitaria, el arresto domiciliario parece ser la mejor opción.
“Una medida cautelar no significa el fin del proceso, pero sí es un cambio sustancial para nuestras compañeras y compañeros prisioneros y para su salud integral. En las audiencias de los últimos días, cuatro prisioneros han logrado el cambio de medida cautelar, pero a varios otros se les sigue negando. Hoy más que nunca es urgente sacarles de las prisiones”, manifestó en conversación con nuestro medio una de sus integrantes, Rocío Pinto.
La propuesta mencionada, además, no es ajena a lo que otros países están previendo en materia carcelaria. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos Estados ya han liberado a reos que no significan un peligro para la sociedad, con el fin de evitar los contagios en las cárceles.
Hasta el fin de semana pasado, el Estado de Los Ángeles llevaba la delantera respecto de esta medida, con aproximadamente 678 presos liberados; mientras que los arrestos de han reducido de 300 a 60 en los últimos días.
La organización Human Rights Watch, por su parte, ha recomendado esto mismo a través de su directora ejecutiva en los Estados Unidos, 
Nicole Austin-Hillery, quien manifestó que “durante una crisis, la sociedad a menudo olvida a las personas que se encuentra entre rejas, pero proteger su salud es crucial para proteger la salud pública en general”.
En Chile, durante los últimos días, un grupo de académicos y especialistas en materia de seguridad penitenciaria ‑dentro de los que se encuentra la académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad, Olga Espinoza– enviaron una carta al director nacional de Gendarmería, Christian Alveal Gutiérrez, solicitando garantizar una serie de medidas carcelarias como la entrega gratuita de implementos de limpieza, la detección temprana de personas contagiadas o la posibilidad de enviar a sus casas a los internos con beneficios penitenciarios.
Asimismo, el documento pone énfasis en que durante el año 2019 también se registraron diversas movilizaciones dentro de las cárceles, por lo que Gendarmería se comprometió a realizar una reunión bimensual con la sociedad civil para abordar este tipo de situaciones. Esto, según indican allí mismo, nunca ocurrió y hoy se hace más que necesaria.
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