Resumen Latinoamericano, 23 marzo 2020
Este lunes 23 de marzo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Justicia y luego de los hechos ocurridos en diferentes penitenciarias en todo el país, declaran estado de emergencia carcelaria.
Los
hecho en tema de salud y orden público que afectaron a los reclusos de
las cárceles Buen Pastor, Picota, Modelo, Picaleña y Cómbita; así como a
los de las cárceles de Palmira, Jamundí, y La Dorada en Caldas, fueron
los detonantes para las medidas tomadas por estos organismos.
Esto trae consigo la declaratoria de emergencia cárcelaria
En
primer lugar se determina que para descongestionar los centros de
reclusión, se optará de manera transitoria por la medida de prisión
domiciliaria a mayores de 60 años, enfermos, o personas con condenas
menores a 5 años o por tengan delitos culposos; así como también darán
permisos de de 72 horas a algunos reclusos. Acciones que por ahora
tendrán un tiempo de tres meses prorrogables.
Se restringirá la
salida a personas que estén recluidas por por delitos de lesa
humanidad, delitos contra niños, niñas y adolescentes, delitos contra la
Administracion Pública, o que tengan vínculos directos o indirectos con
el conflicto armado.
A su vez se dará facultades al INPEC, para
realizar traslados presupuestales a prioridades actuales; así como el
Ministerio de Defensa diseñará una estrategia de defensa juridica con
garantías procesales en acompañamiento de la Defensoria del Pueblo, en
los diferente casos denunciados este fin de semana, empezando por los
hechos dados en la cárcel Modelo.
Carta Abierta al Presidente Iván Duque
Por
medio de un documento este lunes más de 200 organizaciones de Derechos
Humanos, y cerca de 600 personas presentaron una carta al Presidente de
Colombia solicitando que tome medidas preventivas y para afrontar el
COVID19 en el sistema carcelario, penitenciario y centros transitorios
de reclusión.
Dentro de las peticiones
hay cinco claves para los firmantes, la primera se refiere al personal
penitenciario y administrativo, el cual debe ser regulado, teniendo en
cuenta que los funcionarios «tienen contacto con el mundo exterior lo que lo convierte en un posible vehículo de contagio«.
Segundo se refieren al hacinamiento el cual oscila en un 55% en algunas cárceles, y otras supera un 260%, situación que «imposible generar espacios de aislamiento social al interior de las cárceles y prisiones».
Tercero
señalan que muchas cárceles no tienen suministro de agua lo cual afecta
las rutinas de limpieza corporal, espacios comunes y de celdas;
conectado a esto está la solicitud de kits de aseo para las personas
privadas de la libertad, los cuales hasta el momento deben ser
entregados por el INPEC y han sido insuficientes.
Por último señalan que el sistema de salud de las cárceles no alcanza a atender las necesidades actuales, esto debido a la carencia de personal médico, áreas de sanidad, insumos y medicamentos.
fuente Contagio Radio