Por Ángeles Maestro*, Resumen latinoamericano, 16 marzo 2020
Es bien sabido que la pandemia por el Coronavirus ha servido de
detonante de una grave crisis económica que no ha hecho más que empezar.
Tan grave, que el cierre de empresas se extiende en cadena y de forma
casi tan explosiva como el microorganismo. De esto apenas se informa,
pero en los barrios obreros cunde la desesperación y la angustia. La
enorme precariedad laboral facilita los despidos con indemnizaciones
míseras o directamente sin ninguna, por el sencillo procedimiento de no
renovar el contrato.
Además, aprovechando el pánico reinante, se está diciendo a las trabajadoras y a los trabajadores que se vayan a su casa, directamente, sin trámite administrativo alguno, hasta el punto de que se les podría acusar de abandonar el puesto de trabajo.
La pérdida del empleo en estas condiciones supone la desaparición de
todo ingreso para personas y familias que apenas lograban sobrevivir. Me
remito a los datos del Indicador Europeo de Pobreza y Exclusión Social
(2019) o al más reciente del Relator de la ONU para la Extrema Pobreza[1]:
antes del Coronavirus 12 millones de personas estaban por debajo de los
indicadores mínimos de supervivencia y la mitad de la población no
podía calentar en invierno su casa o comprar carne o pescado una vez a
la semana.
Sobre esta dramática situación caen los despidos masivos, la inmensa mayoría sin protección social.
La Declaración del Estado de Alarma no se refiere en absoluto a las
más ineludibles responsabilidades del Gobierno: a asegurar las
condiciones de vida de todas las personas, nativas o extranjeras, que
aquí residen.
Es escandaloso que el Decreto se haya publicado sin establecer
medidas extraordinarias que son competencia del Gobierno Central
destinadas a incrementar sustancialmente los recursos sanitarios, ya
sobresaturados y claramente insuficientes para el aumento de las
necesidades de asistencia que se espera. Y sobre todo, es inaceptable
la ausencia de medidas sociales y laborales, urgentes e imprescindibles,
que detengan la sangría de despidos que está hundiendo aún más en la
miseria a millones de personas.
Y por encima de ello, lo que es intolerable es que, en una situación
tan grave de emergencia de Salud Pública, de necesidad extrema, no se
aborde el deterioro acumulado en los últimos diez años de los servicios
públicos[2].
y se mantenga la subordinación del gasto de todas las administraciones
públicas a los recortes impuestos por la Unión Europea, introducidos en
2011 mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución, que fue
propuesta por el PSOE y apoyada por el PP.
Hay mecanismos legales disponibles, si se quiere. El Decreto de
Alarma debe suspender el pago de la Deuda y el cumplimiento de los
objetivos de Déficit para todas las administraciones públicas. Máxime
cuando tales medidas están previstas en el artículo 11.3 de la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria, que precisamente
desarrolla esa reforma constitucional de 2011 y que debe ser activado de
inmediato. Este artículo permite al Gobierno incurrir en déficit
estructural en situaciones de «emergencia extraordinaria»; es decir,
adoptar las medidas necesarias para obtener recursos inmediatos. Dice
textualmente:
Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán
incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales,
recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que
escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen
considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o
social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso
de los Diputados.
Los recursos de la sociedad deben estar al servicio de la población
siempre, máxime cuando se viven situaciones dramáticas como la actual.
El gobierno chino construyó los hospitales necesarios en Wuhan en 10
días, ¿y aquí, por qué no?
Las medidas ineludibles e inmediatas que es preciso adoptar son:
- En el ámbito sanitario:
.- Obtención de la financiación necesaria, mediante la emisión de deuda u
otros mecanismos, para hacer las inversiones necesarias y urgentes en
la sanidad pública, incorporación real de la sanidad privada a la red
pública y planificación centralizada de ambas.
.- Contratación del personal necesario para abrir de forma inmediata
todas las camas cerradas desde 2010 y el pleno funcionamiento de los
centros sanitarios de atención primaria y especializada las 24 horas. - Poner urgentemente a disposición de todas las personas que lo
necesiten los alimentos suficientes y productos higiénicos para
garantizar una alimentación y desinfección adecuadas, empezando por los
niños y niñas que se han quedado sin comedor escolar. - Garantizar por parte del Estado permisos adicionales y plena
seguridad laboral a trabajadoras y trabajadores enfermos, que deban
dejar de trabajar por medidas profilácticas o que deban atender a niños o
adultos dependientes. - Paralización de los despidos y para los ya producidos, el derecho
inmediato a percibir la prestación por desempleo. Prohibición de EREs y
ERTEs en grandes empresas durante el tiempo de vigencia del Estado de
Alarma. - Prohibición y persecución de prácticas laborales abusivas como el consumo obligatorio de permisos vacacionles.
- Moratoria del pago de hipotecas y alquileres. Detención de todos los
desahucios por impago de hipoteca o de alquiler e incautación a los
bancos de las viviendas necesarias para asegurar a todas las personas
ese derecho, por razones de emergencia de de Salud Pública. Porque,
¿cómo se ejecutan las medidas profilácticas cuando no se tiene casa? - Anular todo corte de luz, de gas o de agua por impago.
Es obvio que muchas de estas medidas son incompatibles con el marco
legal que es resultado de las últimas reformas laborales. Por ello, al
igual que el Decreto incorpora medidas que suponen de facto la
intervención de la actividad productiva de las empresas o la suspensión
del Estado de las Autonomías (más que cuestionable en el caso de la
re-centralización de las competencias en seguridad), hay que suspender
la vigencia de las reformas laborales para detener esta sangría social.
Todas estas medidas son indispensables para mantener las condiciones básicas de la vida.
Si no se toman, cabe preguntarse: ¿será que el Estado de Alarma
establece competencias unificadas de todas las fuerzas del orden bajo el
mando del ministro del Interior para dirigirlas contra el pueblo en el
caso de que se produzca un estallido social?
Efectivamente, en situaciones terribles como la actual se percibe con
toda claridad el absurdo atentado a la vida que supone la acumulación
de riqueza en unas manos y la miseria para la inmensa mayoría. Sin
olvidar todas las estructuras de poder que se han creado, precisamente,
para asegurar el mantenimiento de la enorme violencia social que ello
supone.
NOTAS
[1] https://www.rtve.es/noticias/20200207/relator-especial-onu-para-pobreza/1999648.shtml
[2] En Italia se ha convocado ya una huelga general para el próximo viernes. https://www.europapress.es/internacional/noticia-convocada-huelga-general-viernes-solo-roma-denunciar-degradacion-servicios-publicos-20191021184726.html)
* Red Roja