Resumen Latinoamericano* /27 de marzo de 2020
Ante los riesgos que representa el hacinamiento en los centros penitenciarios y la propagación del COVID-19, organizaciones nacionales e internacionales defensores de derechos humanos presentaron un Hábeas Corpus Correctivo a favor de los presos políticos.
En el Hábeas Corpus Correctivo, presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se solicita la aplicación de medidas distintas a la prisión preventiva para los presos políticos de la crisis post electoral de 2017 y los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro.
Los centros penales en Honduras tienen capacidad para 8 mil 625 privados de libertad, sin embargo, representantes del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura (CPTRT) apuntan que la población penitenciaria asciende a 22 mil personas.
Las organizaciones, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Asociación Civil para la Promoción de los Derechos Humanos (XUMEK de Argentina), Litigantes Contra la Tortura y la Impunidad en América y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), instan al Estado hondureño a adoptar las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
La entidad de la ONU, debido a la vulnerabilidad a la que se exponen con la propagación la pandemia del COVID-19, ha exhortado a los gobiernos a liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes.
La abogada Carol Cárdenas, integrante del área legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), indica que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró una jueza ejecutora, la cual ha comenzado a realizar entrevista a los presos políticos, como parte del proceso para resolver el Hábeas Corpus Correctivo en el que solicitan su libertad.
“Esta jueza ya ha entrevistado a Rommel Baldemar –preso político-. Ella me manifestó que presentaron un auxilio judicial, este consiste en que se nombren más defensores para que ellos se apersonen a los centros penales y verifiquen las condiciones de las personas”, detalla la abogada Cárdenas.
Cárdenas informa que los jueces que conocen los casos de los presos políticos y los defensores del Río Guapinol ya fueron requeridos por la juez ejecutora.
De igual forma, indica que si el Hábeas Corpus Correctivo se resuelve a favor, la libertad de los presos políticos y ambientalistas será inmediata, porque es una de las facultades que la Ley de Justicia Constitucional da a los jueces ejecutores.
En el caso de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro, los abogados defensores han demostrado que los ambientalistas no cumplen con los presupuestos legales para estar en prisión preventiva, los cuales se basan en el peligro de fuga y la obstrucción de las investigaciones.
Radio Progreso*
