Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2020
El pasado martes, segundo día de aislamiento social obligatorio, los pobladores de la comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios iniciaban la mañana cumpliendo con las medidas de prevención decretadas por el gobierno. Sin embargo, al promediar las 9 a.m., más de 50 efectivos militares y policiales, y una fiscal ingresaron a la comunidad sin identificarse y apropiándose de las llaves del portón de acceso. Su única explicación fue que tenían el derecho a ingresar debido al “Estado de Emergencia”.
Sin embargo, una vez dentro de la comunidad, no habrían hecho ninguna labor asociada a supervisar las medidas de prevención del coronavirus (COVID-19). Es más, según señaló Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), los efectivos y la fiscal no contaban con mascarillas, guantes u otros implementos de protección sanitaria exponiendo a la comunidad a un posible contagio.
Entonces, ¿qué llevó a este contingente a ingresar de esa manera a la comunidad Tres Islas? ¿Verdaderamente fue el garantizar el cumplimiento del aislamiento social de los pobladores?
Autonomía ignorada
Las posibles respuestas a estas interrogantes se remontan a 2010 cuando los pobladores de Tres Islas demandaron a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Gobierno Regional de Madre de Dios por otorgar concesiones mineras en sus territorios sin consulta previa.
En setiembre de 2012, el Tribunal Constitucional estableció que solo podían ingresar a la comunidad aquellos que cuenten “con el consentimiento previo, libre e informado” de la población. Mientras que, en 2018, la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios ordenó anular todas las concesiones mineras otorgadas en sus tierras considerando que se había vulnerado su autonomía, libre determinación y propiedad territorial.
La sentencia de la Corte Superior de Justica de Madre de Dios, ordenó en 2018 el cese de todas las concesiones mineras en territorio de la comunidad. A la fecha, la actividad minera continúa.
Es por eso que la fiscalía y la policía ambiental hacen operaciones constantes de búsqueda de actividad minera (interdicciones) en la comunidad. Éstas, a la fecha, poco han servido para solucionar el problema. Por otro lado, según señala la abogada Raquel Yrigoyen, la policía no está conforme con tener que coordinar con la comunidad el acceso a sus territorios. Tampoco la fiscalía.
“Una vez hicieron bombardeos justo al frente de la escuela y todos los niños salieron despavoridos. Luego han estado volando [sus] helicópteros muy bajo por el área del poblado, por la entrada del km. 8 y no por el área del km. 24 donde están los mineros” refirió la abogada del IIDS.
A pesar de estas acciones fallidas, la policía habría advertido a la comunidad que harían “acciones inopinadas sin consultar ni coordinar con la comunidad”. La población les recordó que tienen una sentencia ganada y que no podían entrar sin su consentimiento al territorio.
Al respecto, Daniel Peña de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y sus Afluentes (FENAMAD), señaló que lamentablemente las autoridades están tomando esta actitud amparándose en el Estado de Emergencia.
«Lo que no entiende el Estado es que son territorios comunales, que son titulados y que son territorios que, según las normas, tienen un régimen especial. La máxima autoridad es el presidente de la comunidad y las leyes peruanas deben respetar ciertos protocolos. Pero hoy en día no se está haciendo eso. Simplemente se está ingresando a la mala desconociendo los derechos de los pueblos indígenas», señaló.
Los dejaron desprotegidos
¿Qué sentido tuvo el ingreso de más de 50 efectivos armados en 7 vehículos de la policía y las FF.AA. en plena Emergencia nacional? La abogada Yrigoyen señaló que la comunidad ha tomado este hecho como un “amedrentamiento”.
“No lo han hecho por ningún asunto sanitario y tampoco se justifica por el control minero porque podían hacerlo todo por vía fluvial sin tener que ingresar por tierra a la comunidad. [Además] no han hecho ningún operativo dentro del territorio de la comunidad”, señaló.
Efectivos militares y policiales ingresaron a la comunidad en 7 vehículos luego de apropiarse de las llaves del portón de acceso (Fuente: CNTI)
El recorrido del contingente y la fiscal, según relatan los comuneros, también fue sospechoso. Ingresaron a la comunidad, luego se dirigieron a la ribera del río donde los esperaban botes. Por último, regresaron por la misma puerta de la comunidad. No les devolvieron ni el candado de ese portón ni el manojo que contenía las llaves de acceso al local comunal y del colegio.
“Ahora nada funciona ¿Dónde van a ir a sacar otro candado, otra llave? Todos estos días de estado de emergencia están dejando a esta comunidad vulnerable […] No pueden salir de su comunidad a denunciar estos hechos ni hacerse otro candado que es su único medio de protección ante la entrada de mineros ilegales”, refirió Raquel Yrigoyen.
Al respecto, Wayka se comunicó con el Ministerio de Defensa para conocer los objetivos de este operativo. Fuentes de dicha cartera señalaron que las acciones se realizaron dentro de lo que autoriza el decreto de Emergencia Nacional. Sin embargo, pese a nuestros intentos, no recibimos respuesta por parte del Comando Conjunto de las FF.AA.
Por otro lado, Guimo Loaiza Muñoz, jefe de la Oficina Defensorial de Madre de Dios, señaló que sí tuvo conocimiento de este operativo de interdicción pero que desconoce las acciones que denuncian los comuneros de Tres Islas
Fuente. Wayka.pe
