Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2020
Mundo Indígena Perú del 9 al 14 de marzo de 2020
La deforestación no se detiene. Aunque las cifras oficiales y la medición de un proyecto de monitoreo registran la reducción de la deforestación en el Perú, lo cierto es que este problema continúa.
Así lo revela un informe del diario La República que reporta 140 mil hectáreas de bosque arrasadas durante 2019, algo menos que en 2018.
El problema subsiste en Madre de Dios, por la extracción minera asociada con la ganadería. De igual modo, nuevas e ilegales carreteras afectan lugares cercanos a zonas de amortiguamiento de áreas protegidas.
Los reportes de 2019 indican que los valles de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es la zona de deforestación más crítica por el narcotráfico.
Asimismo, la zona oriental de Huánuco y Ucayali también son consideradas como zonas de grave deforestación.
Celeridad. Las familias de los niños de Pasco afectados con leucemia, a causa de la actividad minera de la empresa Volcan, exigen que se implemente la ruta para el tratamiento internacional de sus hijos.
El 10 de marzo, tras bloquear la calle frente al Ministerio de Salud y soportando la represión policial, se permitió a los padres ingresar al ministerio, pero la ministra no los atendió.
El hecho es reiterativo, pues en los 27 días que acampan frente al ministerio, los padres han denunciado que el gobierno no implementa los compromisos asumidos desde 2018.
Tras la protesta, el jefe de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, Daniel Koc, aseguró que los menores serán tratados en Argentina, pero aún no se sabe cuándo viajarían.
Prevención en lenguas originarias. Si el material informativo elaborado por el Ministerio de Salud sobre el coronavirus no es difundido en lenguas originarias, podría vulnerarse los derechos de los pueblos indígenas.
Así lo advirtió Alicia Abanto, responsable de la adjuntía de medio ambiente y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Pese a que el Perú ya reporta casos de coronavirus, dicho ministerio todavía no ha dispuesto la difusión en lenguas originarias del material de prevención ante el virus, puntualizó.
Capacitación para la trazabilidad. Con el fin verificar el origen legal de la madera el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) inició la capacitación a las comunidades nativas en la provincia de Atalaya, región Ucayali.
La capacitación se efectúa en el uso y llenado del libro de operaciones de los títulos habilitantes, vigente desde el 2 de marzo, en el marco de la norma “Trazabilidad de los recursos forestales maderables”.
El citado libro es un documento que todos las personas naturales o jurídicas están obligadas a llevar, en caso tengan permiso para aprovechar los recursos forestales de manera sostenible.
El libro permitirá verificar el origen legal de la madera y establecer una relación con los productos que llegan al mercado como pisos, muebles, puertas, entre otros.
Rechazan descabecimiento del SERFOR. Sectores de la sociedad civil expresaron su rechazo al intento del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) por intentar debilitar la institucionalidad y gobernanza en el sector forestal.
Mediante un pronunciamiento afirman que «solicitar la renuncia sin sustento» al Director Ejecutivo del SERFOR significa «quebrar la institucionalidad del sector».
El director Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, denunció que Paula Carrión Tello, viceministra de Políticas Agrarias del Minagri le solicitó su renuncia, por decisión de la Alta Dirección del Minagri.
El pedido de renuncia ocurre cuando dicho funcionario impulsa mecanismos de trazabilidad de la madera para verificar su origen legal y en la cadena de transformación, de comercialización y de exportación.
Mala fe. Once de trece comunidades involucradas en la consulta sobre el Lote 200 en Ucayali refirmaron que no están conformes con el proceso y han decidido no participar mientras no se garanticen “estándares mínimos».
Las comunidades ratificaron su exigencia para que el proceso regrese a la fase 3 y se defina el plan de consulta en diálogo y acuerdo con el Estado.
El fondo de la controversia es que el Estado solo quiere consultar una propuesta de Decreto Supremo de solo dos artículos, y mediante el cual se aprobaría la concesión del Lote 200.
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Fuente. SERVINDI