El paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno de Lenín Moreno el martes pasado mereció numerosas críticas, en las redes sociales, de quienes las definen como “ineficientes, irresponsables y perjudiciales, una vez más, para los trabajadores”.
Según Prensa Latina , el “descontento y la incertidumbre” aumentaron después de que el ministro de Economía, Richard Martínez, declaró en una conferencia de prensa después del anuncio de Moreno de que era necesario en ese momento dar a conocer las decisiones, y la evaluación de cómo se implementarían más adelante.
Entre las medidas anunciadas por el presidente ecuatoriano, hay un recorte presupuestario de $ 1.4 mil millones (800 de los cuales en bienes y servicios, y 600 en bienes de capital).
El plan de austeridad, con el que Lenín Moreno dice que tiene la intención de lidiar con la crisis generada por la pandemia de Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, también incluye la eliminación del Ministerio de la Juventud, cuatro agencias de regulación y control, tres institutos y un número igual de empresas públicas, cuatro secretarías técnicas, la Empresa de Medios Públicos, así como la fusión de varios ministerios.
La eliminación de la Empresa de Medios Públicos fue fuertemente criticada y condenada por sectores de la sociedad, ya que temen que la información sea controlada exclusivamente por los grandes canales privados de comunicación.
Funcionarios públicos para “contribuir”
De manera temporal, los funcionarios perderán una “pequeña parte” del salario que ganan, una medida a la que el gobierno ecuatoriano se refiere como una “contribución”.
Desde el anuncio, dice TeleSur, ha habido manifestaciones de repudio en varias partes del país. En Twitter, la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su desacuerdo con los recortes salariales, y solicitó al gobierno que revisara las medidas anunciadas y mostró disponibilidad para presentar una propuesta alternativa.
Para UNE, la medida es “inconstitucional” y no deben ser los funcionarios públicos, es decir, los docentes, quienes deben pagar la “crisis”. “El salario de los funcionarios públicos no se ha revisado en más de ocho años y su poder adquisitivo ha disminuido durante ese tiempo, lo que hace que sea imposible que los funcionarios paguen por la crisis es inconcebible”, señaló la organización, que anunció el 18 Marzo un día de movilización.
Por su parte, el Frente Único de Trabajadores (FUT) rechazó tanto el recorte de salarios como el cierre y fusión de entidades públicas, algo que, según defiende, causará despidos. Si el gobierno no cambia su actitud, la organización sindical procederá con acciones de lucha, informa TeleSur .
Además, el FUT ha hecho público un paquete de medidas que, en su opinión, servirían para enfrentar la crisis sin afectar los empleos y salarios de los trabajadores, es decir, instar a los inversores nacionales a invertir en el país y declarar una moratoria sobre la deuda externa.
Fuente: www.abrilabril.pt
Francisco Vílchez
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
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