Narkys Blanco /Resumen Latinoamericano /20 de marzo de 2020
Pasó en Argentina con la llegada de Mauricio Macri, en Ecuador con Lenín Moreno, en Colombia con Iván Duque, en Brasil con Jair Bolsonaro y en Chile con Sebastián Piñera, ahora le toca a Uruguay con la llegada de Luis Lacalle Pou.
Hace una semana el recién proclamado presidente anunció la eliminación de subsidios para los servicios básicos de agua, electricidad y comunicaciones, en lo que ha sido calificado como un «tarifazo» por sectores de la oposición.
El mandatario, quien llegó al poder bajo la promesa de no tocar el gasto social, ha manifestado también su intención de aplicar nuevas medidas de austeridad para reducir el gasto público en cerca de 900 millones de dólares. Así mismo, la ministra de economía del país acusó al saliente Frente Amplio uruguayo de ser responsable de no haber subido oportunamente los precios de estos servicios.
Ante la llegada del Coronavirus a ese país, las medidas económicas son necesarias, y con ello la «oportunidad» para que el gobierno las aplique. Estas medidas, estarán centradas en los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo y en el Banco Central (BCU).
Hasta el miércoles en la noche el gobierno había confirmado 79 casos de Covid-19 en el país.
Este jueves 19, la bancada de legisladores del Frente Amplio propuso 18 medidas concretas para evitar que se lleve a cabo un paquetazo en el país, entre ellas el control de precios para los productos de la canasta sanitaria básica, ampliar la cobertura de seguros de paro extender la protección de aquellos trabajadores independientes, zafrales, jornaleros, feriantes y artistas. A la vez, diferir vencimientos de los impuestos y aportes a la seguridad social, para empresas de reducida dimensión, entre otras medidas.
La ministra de Finanzas Azucena Arbeleche, anunció esta semana que desde el 1 de abril se aumentarán los precios de los servicios públicos, como agua, electricidad y comunicaciones, a pesar de la crisis que ha dejado la pandemia en ese país.
Ante esto los sindicatos de trabajadores han rechazado la medida alegando que a esto se le suma la subida del precio del dolar.
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