Por Nairlay Andrade, Resumen Latinoamericano*, 1 de marzo de 2020.
El 29 de septiembre del año 2019 de forma tardía y discreta, Carlos Yárnoz, el Defensor del Lector del periódico español El País, reconoció en su columna que “
una cadena de equivocaciones” había llevado al diario del Grupo Prisa a informar que el gobierno de Nicolás Maduro había no sólo bloqueado el ingreso de camiones con ayuda humanitaria a Venezuela, sino que además, los había incendiado.
Decimos
que esta rectificación llega de forma
tardía
porque ocurre siete meses después de los sucesos en la frontera
colombo-venezolana; y la calificamos como discreta
porque
la preponderancia de esta columna no se equipara a la del Editorial
de ese diario, fechado el 25 de febrero, en el que se lee: “El
régimen ha dejado al descubierto su cara más miserable al quemar
algunos camiones cargados de medicinas y alimentos”. Pero
además, no hay réplica que le haga frente a la minuciosa cobertura
que rodeó la
batalla
en
la zona fronteriza, orquestada por una fracción de la oposición
venezolana, encabezada por el diputado Juan Guaidó.
La
promesa de los principales titulares del Grupo Prisa, así como del
Grupo de Diarios de América (GDA) para el 23 de febrero era de
guerra;
así que no es casualidad que el título de la columna del Defensor
del Lector de El País se llame “Bombas durmientes” para alertar
sobre “datos erróneos no rectificados” que “cual artefactos
explosivos enterrados tras las guerras” pueden “estallar en
cualquier momento para dañar la credibilidad de quien la difundió”.
Lo
que no dice Yárnoz es que estas bombas
durmientes
fueron sembradas con alevosía y responden no a una “cadena de
equívocos” sino a una línea editorial que bien podemos describir
como
interesada
y que da señales de un arraigado proceso de instrumentalización,
entendido como “la injerencia de intereses extraperiodísticos
‑específicamente políticos y empresariales- en las condiciones de
los procesos de producción informativa”
(Guerrero, 2017, pp. 115 – 116).
Este proceso es mucho más amplio que la mera puesta en circulación
de noticias falsas y resulta en la distorsión del rol vigilante
(Watchdog) de los medios sobre la democracia, sus actores e
instituciones.
Las
consecuencias de estas maniobras
de guerra son
de largo alcance; ya lo ha alertado el investigador brasileño
Alfonso Albuquerque
(2017)
“los medios y otras instituciones de accountability pueden socavar
la democracia a la vez que aseguran defenderla”
(p.3).
Es en esta dualidad de roles defensa-conspiración (para usar los
conceptos de Albuquerque) donde debemos enmarcar la “cadena de
equivocaciones” de Yárnoz y que no es otra cosa que una intrincada
red de intereses disfrazados (en algunos casos de manera burda) bajo
la retórica manida de la objetividad. Pero lo cierto es que hay una
batalla y como apunta José María Maravall
(1999, p.163),
en escenarios de esta índole, “los titulares contarán con el
respaldo de su propio partido (los medios)”.
Que
los medios “tomen” partido no es una novedad. Ya hay
investigaciones que evidencian cómo en sistemas democráticos la
oposición sigue
en
lugar de liderar
a
los medios de comunicación
(Maravall, p.162)
quienes pueden marcar la agenda parlamentaria, por ejemplo, con su
flujo informativo. ¿Hasta dónde puede llegar esta dinámica?
Maravall advierte que “ellos pueden usar presión, amenazas,
chantaje”
(p.163)
y alcanzar abiertamente la desestabilización. El autor español ha
utilizado una frase bastante elocuente atribuida a H. Truman: los
medios “pueden elevar la temperatura considerablemente en la
cocina” (Ibídem)
y
todo indicaba el 23 de febrero que la sopa estaba por ser servida.
Genealogía
de una noticia falsa
El
10 de enero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, asumió
un segundo mandato. Una fracción de la oposición (que se abstuvo de
participar en la contienda electoral)declaró
este hecho como una “usurpación” del cargo (pues desconocían
las elecciones y por ende la proclamación) y en una hilarante
interpretación de la Constitución, la Asamblea Nacional aseguró
que había “falta absoluta” (término empleado en la Carta Magna
para referirse a la muerte del mandatario; renuncia; destitución por
el Tribunal Supremo de Justicia o incapacidad física o mental
permanente). Acto seguido, el presidente de turno del legislativo,
Juan Guaidó, se autoproclamó “Presidente Encargado” de la
nación en un mitin ante unos cientos de seguidores en Caracas.
Cualquier
lectura atenta de la Constitución venezolana hubiese bastado para
reducir estos episodios a anécdotas pintorescas de la disputa por el
poder político en el país; pero no fue así. Juan Guadó fue
presentado en las portadas internacionales como “Presidente
Encargado” sin más. Esto da cuenta en un primer momento de la
capacidad de los medios para “coordinar e incluso acuñar una
retórica común para describir la realidad”
(Albuquerque 2017, p.13).
Pero
todavía más: esto evidencia los alcances de la monopolización de
la información y la respectiva concentración de la propiedad de los
medios (de comunicación) en un puñado de oligopolios.
El
ascenso de Guadó era en la crónica mediática internacional
directamente proporcional a la caída del régimen chavista; la
estocada final sería dada el 23 de febrero cuando ingresarían
camiones de ayuda humanitaria costeados en su mayoría por la Usaid.
“El
día esperado”;“el día D”;
así
fue presentada la jornada por los diarios de la región. En casa, El
Universal conjuraba la contienda de las próximas horas
destacando la petición del Secretario General de Naciones Unidas de
“evitar la violencia” y en la misma línea citando exhortos a las
Fuerzas Armadas para “permitir el ingreso de la ayuda al país.”
Los
primeros “trinos” sobre el incendio de camiones en el Puente
Internacional Simón Bolívar llegaron no desde la frontera sino
desde la Casa Blanca: el Vicepresidente de EEUU, Mike
Pence denunciaba que “el tirano bailaba en Caracas mientras sus
secuaces asesinaban civiles y quemaban alimentos y medicinas”.
Desde luego, la rectificación de Pence no ha llegado todavía.
Al
día siguiente, los titulares se hicieron eco de esta (falsa)
denuncia: “Guardia chavista quema ayuda humanitaria y mata a 4
personas” (El Diario de Hoy, El Salvador); “La comida y los
remedios para Venezuela ardieron en la frontera” (Clarín,
Argentina); “Maduro resiste, ataca ayuda y rompe con Colombia”
(Folha de S. Paulo, Brasil); “Maduro reprimió ayuda humanitaria”
(La Nación, Paraguay).
Desde
luego, hubo voces disidentes que desmintieron a Pence (Telesur, entre
ellas), pero el coro internacional fue tan estruendoso que la verdad
fue silenciada. Así las cosas hasta que apareció el primer
reportaje incómodo: el diario estadounidense The
New York Times
publicó unos videos que dejaban en evidencia cómo ocurrieron los
hechos: “un coctel molotov lanzado por un manifestante en contra
del gobierno es el causante más probable del incendio”
De
acuerdo al relato del diario “el mismo manifestante es visible en
otro video, unos veinte minutos antes de lo sucedido, impactando otro
camión con un coctel Molotov, sin que ese vehículo se quemara”.
Esto contradice el testimonio en primera persona de corresponsales de
medios digitales que declararon desde el puente que los camiones
habían sido incendiados por las bombas lacrimógenas de las fuerzas
de seguridad venezolanas y especialmente a la parlamentaria opositora
Gaby Arellano; una de las fuentes primarias de la noticia
falsa.
Con
la instauración de la democracia liberal como paradigma global, la
libertad de prensa ha sido vista como un pilar fundamental de este
sistema; pero casos como el descrito bien invitan a debatir sobre
estos presupuestos. Pareciera que más allá de la libertad de prensa
(o de empresa como apuntan algunos autores críticos al liberalismo)
lo que requieren las democracias es, en palabras de Adam Przeworski,
un “régimen de libre información”.
Conclusiones
Cuando
Simón Bolívar calificó a su periódico como la artillería
del pensamiento
bien se podría pensar en una metáfora propia del contexto de guerra
por la emancipación. No obstante, hoy en día, la prensa demuestra
ser un arma bastante sofisticada, especialmente en escenarios de
alta polarización y conflicto como es el caso de Venezuela, donde
hay que poner lupa en el binomio presa libre-democracia y ver la
complejidad de esta relación que está atravesada por intereses
económicos y políticos.
Cuando
los medios quieren enmendar la plana a los pueblos es necesario
revisar los alcances (y desde luego, las limitaciones) del rol de
watchdog asociado a la prensa que encubre su posición bajo el ropaje
del relato objetivo y nos presentan una detalladísima mentira muy
bien
diseñada (basta
ver los nutridos artículos del diario El País citados en este
trabajo o los relatos de los corresponsales en la frontera). ¿Quien
vigila el comportamiento los (medios) vigilantes? Esta cuestión es
clave para la comprensión de la relación entre los medios y la
democracia.
Ya
los venezolanos hemos vivido otras “batallas” cantadas por la
prensa. En 2002, uno de los principales diarios del país, El
Nacional, auguró el 11 de abril una contienda final en Miraflores
(palacio
de Gobierno).
Ese día se ejecutó un golpe de Estado contra el entonces Presidente
Hugo Chávez; pero además se marcó un punto de inflexión en la
relación entre los medios y la política local. Desde entonces, la
polarización social ha hegemonizado la prensa: ya no hubo más que
oficialistas contra opositores (o viceversa). En este orden de cosas,
la realidad ha quedado reducida a dos casillas perfectamente
delimitadas y todo el espesor, la complejidad u opacidades de la
política han sido reducidas a estas celdas de confinamiento. Superar
esta trampa es vital para el robustecimiento de la democracia.
Los
medios, además de armas eficaces han sido instrumento de cohesión
de la oposición; alcanzando acciones coordinadas para abrir paso a
violaciones fragantes a las leyes. De
hecho, las últimas maniobras para socavar la legitimidad del
gobierno de Nicolás Maduro se han basado en interpretaciones sui
generis del
texto constitucional y, aunque han ido acompañadas de intentonas
golpistas, todos los experimentos (incluso los insurreccionales) han
sido presentados como ejemplos de apego a la institucionalidad.
La
única forma de desactivar bombas mediáticas es con información y
esto va más allá de la libertad de prensa e implica la
democratización de la comunicación; el robustecimiento de las
instituciones y contraloría popular. De lo contrario, cada tanto
habrá una nueva víctima y no será solamente la credibilidad de
quien difunde la mentira sino que el estallido puede herir de muerte
la vida democrática de un país.
Referencias
Albuquerque, A (2017) Protecting Democracy or Conspiring Against It? Media and politics in Latin America: a glimpse from Brazil. Journalism : 1 – 18
Casey,
N; Koetll, C y Acosta, D. (10 de marzo de 2019) ¿Quién fue
responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela?:
CNN Chile (24 de
febrero de 2019) Ayuda en llamas: las portadas de los medios
internacionales sobre la crisis en Venezuela:
El País (25 de
febrero de 2019)
Editorial: Ayuda Humanitaria.
El Universal (23 de
febrero de 2019) Llegó el día esperado:
https://m.eluniversal.com.co/home/portada-pdf/portada-23-de-febrero-de-2019-FK804025
El Universal
http://kiosko.net/ve/2019 – 02-23/np/ve_universal.html
Torrado, S
(24 de febrero de 2019)
La “batalla” en el puente Simón Bolívar de estrella con el muro
de los militares. El País:
Guerrero,
M (2017) ¿Por qué definir como «liberal capturado» el modelo de
sistemas mediáticos en América Latina? Infoamérica, Revista
Iberoamericana de Comunicación 97 – 128.
La Nación (23 de
febrero de 2019)
Tensión en Venezuela: conciertos y violencia antes del día D
Maravall,
JM. (1999) Accountability and Manipulation. En: Adam Przeworski,
Susan Stokes y Bernard Manin (eds) Democracy, Accountability, and
Representation. Cambridge University Press, pp. 154 – 196.
Przeworski,
A. (1998) Democracia y representación. Revista del CLAD Reforma y
Democracia. 10: 7 – 32.
RCN
Radio (23 de febrero de 2019) Guardia venezolana quema ayudas
humanitarias:
Yárnoz,
C (29 de septiembre de 2019)
Bombas durmientes. El País:
