Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 7 marzo 2020.-
«Las sanciones son un crimen». Este es el título del informe que el gobierno bolivariano ha presentado a la Corte Penal Internacional para documentar el daño causado al pueblo venezolano por las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Donald Trump. Medidas que constituyen un crimen de lesa humanidad desde 2014, cuando Obama definió a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos», que han causado sufrimiento a la población con el objetivo explícito y declarado de derrocar al gobierno de Maduro.
De hecho, el informe contiene repetidas declaraciones de Trump y sus funcionarios que expresan públicamente estas intenciones. Un ataque renovado el 5 de marzo por el presidente norteamericano, el cual solicitó al Congreso de los EE. UU. que extendiera el decreto ejecutivo de Obama por otro año, empeorado por una larga lista de ordenes ejecutivas promulgadas por el propio Trump, y reivindicadas ahora con arrogancia.
Para evitar que la situación se estabilice en Venezuela, con las elecciones parlamentarias de este año y con la recuperación económica que se está produciendo, la derecha a sueldo de los Estados Unidos prepara una nueva ofensiva violenta, con la ayuda de los países capitalistas vasallos de Trump, como Colombia y Brasil.
Maduro denunció que Trump «intenta provocar una guerra con Brasil», mientras que una gran cantidad de armas y explosivos procedente de Colombia ha sido secuestrada en Táchira a un grupo de paramilitares que habían penetrado en Venezuela.
Y para el 10 de marzo, el autoproclamado «presidente interino» Juan Guaidó, rechazado también por la mayoría de la derecha que aceptó el diálogo con el gobierno, pero satisfecho por un viaje al extranjero durante el cual obtuvo una audiencia con sus padrinos occidentales, anunció una manifestación.
Mientras tanto, el gobierno bolivariano ha denunciado el «falso positivo» del presunto ataque a Guaidó en Barquisimeto. Otro teatro creado por la extrema derecha para justificar las nuevas medidas coercitivas de Trump contra el pueblo venezolano. La evidencia presentada por el gobierno, primero por Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo, luego por el Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez en una rueda de prensa, es incontrovertible. Cualquiera puede averiguarlo en Youtube.
Sin embargo, apenas los medios que tomaron fotos manipuladas a toda página del presunto ataque publicarán la verdad de los hechos.
Hace un año, el 7 de marzo, la derecha intentó poner de rodillas al país con el mortal sabotaje eléctrico, bloqueando también la marcha de las mujeres del día siguiente. Pero el socialismo bolivariano, el socialismo feminista, reaccionó con una gran manifestación callejera el sábado siguiente. Y lo hará también este 8 de marzo, día de las trabajadoras.
La siguiente entrevista relata la resistencia de una mujer en uno de los municipios más antichavista de Venezuela, Diego Bautista Urbaneja, en el estado Azoátegui.
«Palabra, palabra, palabra de mujer. La patria de Hugo Chávez la vamos a proteger». «A construir, a practicar, el feminismo popular».
En Barcelona, las mujeres dan la bienvenida a la llegada de la ministra Asia Villegas. Durante el debate sobre la violencia de género, Asia pide a las mujeres presentes que expresen sus solicitudes y propuestas. Roxana Báez, presidenta de Inmujer del municipio Simón Bolívar aunque vive en municipio Diego Bautista Urbaneja el más escuálido, pregunta, en particular, por las herramientas para el análisis de ADN, prueba esencial en este tipo de procedimiento. Al final de la reunión, le pedimos a Roxana que nos cuente sobre su experiencia.
«Durante 13 años, dice, he estado trabajando para construir el socialismo feminista deseado por Chávez y Maduro para transformar la sociedad de acuerdo con los principios de nuestra matria. Lo hago en condiciones realmente adversas, ya que el municipio Diego Bautista Urbaneja, por pequeño que sea, está compuesto en un 85% por la clase media alta anti-chavista, y ha sido uno de los centros más activos en violencia contra el gobierno. Durante las guarimbas, sufrí amenazas y ataques. Durante 4 meses, tuve que caminar durante una hora y media para ir a trabajar y así ir a casa. Pero ya sabes cómo somos las mujeres, no nos dejamos intimidar».
En el municipio, dice Roxana, hay muchos problemas, muchas familias disfuncionales que tienen niños tóxicos y violentos. Sus dos hijos, gracias a las relaciones familiares, fueron admitidos en una de las universidades más prestigiosas. «En esa institución, cuenta Roxana, traficaron con los cupos. Una práctica que denuncié públicamente. El comandante Chávez me dio coraje y seguí. Por mi compromiso declarado con la revolución, intentaron expulsar a mis hijos, aislarlos y perseguirlos. Fue terrible, pero aguantamos. Y cuando el mayor se graduó de abocado con buenas notas, los directores tuvieron que disculparse públicamente por lo que nos habían hecho pasar. Mis hijos hoy tienen una conciencia socialista».
Roxana dice que, como directora de Inmujer, se dedica principalmente a «desarrollar la conciencia a través de la formación. Comencé a impartir cursos, explica, a la policía del municipio, cuando me di cuenta de que no estaban prestando atención a las denuncias de violencia de género contra las mujeres, que fueron obligadas a ir a Barcelona. Abrí una oficina en el Museo de los niños y, durante 13 años, dos veces a la semana he recibido mujeres víctimas de violencia. Ya he ayudado a 600».
¿Y con cuales herramientas? «Con la hermandad, con la ayuda mutua entre mujeres. Cuando necesito una evaluación psicológica o psiquiátrica, llamo a una amiga, que recibe mujeres gratis. Para mejorar las cosas, debemos adoptar un solo protocolo de denuncias, adoptar un lenguaje común. Y contar con las herramientas para el análisis de ADN es esencial para facilitar las investigaciones y evitar que los casos se archiven porque no hay evidencia definitiva».
