Por Gastón Rodríguez /Resumen Latinoamericano /26 abril 2020
Un
relevamiento satelital hecho por Greenpeace reveló la extensión
deforestada en cuatro provincias del norte entre el 15 de marzo y el 15
de abril.
La
emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de Covid-19 no
detuvo el daño ambiental: sólo en el último mes se desmontaron en el
norte del país más de 6500 hectáreas. El dato se traduce en que la
Argentina perdió 211 hectáreas de bosque por día aun en un contexto de
aislamiento obligatorio. “Si la deforestación en cuarentena es un delito
penal por no estar considerada como una actividad esencial, ¿qué
podemos esperar después, cuando los responsables sólo tengan que pagar
una multa?”, advierten los ambientalistas.
Según el monitoreo que realizó la organización Greenpeace mediante la
comparación de imágenes satelitales, entre el 15 de marzo y el 15 de
abril se desmontaron 3222 hectáreas en Santiago del Estero, 1194 en
Salta, 1132 en Formosa y 1017 en Chaco. Sólo estas cuatro provincias
concentran el 80% de la deforestación del país.
“En los últimos 30 años perdimos cerca de 8 millones de
hectáreas y somos uno de los diez países que más destruyen sus bosques.
Es irresponsable y hasta suicida que, frente a la crisis sanitaria,
climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga
deforestando”, se queja Hernán Giardini, coordinador de la campaña de
Bosques de Greenpeace.
Al igual que ocurre con las fumigaciones con agrotóxicos, con muchos
productores aprovechándose de los recursos ocupados en contener la
propagación del Covid-19 para aplicar sin ningún tipo de control, los
dueños de las topadoras arrasan miles de hectáreas de bosque nativo, con
un agravante: están cometiendo un delito.
“Las actividades agropecuarias estaban exceptuadas de cumplir la
cuarentena desde el principio –explica Giardini – , y desde hace una
semana están permitidas las actividades forestales, como pueden ser los
madereros, el carbón, una tala controlada. Lo que hacen las topadoras es
otra cosa: convertir un bosque en un cuadrado pelado para pastura de
vacas o cosecha de soja. El desmonte no es una actividad esencial y
realizarlo en este contexto es un delito penal”.
La publicación del informe de Greenpeace provocó reacciones
dispares de los gobiernos provinciales. Santiago del Estero y Formosa
aún no se expresaron públicamente. Chaco, en cambio, reconoció a través
del subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, áreas
desmontadas durante la vigencia del aislamiento obligatorio, por lo que
aplicó sanciones y prometió más inspecciones.
El caso más polémico, sin dudas, es el de Salta. Su ministro de
Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se desentendió
del tema al considerar que el Ejecutivo provincial no tiene el “poder de
policía” necesario para evitar los desmontes en cuarentena. El
funcionario, que todavía se ufana de haber sido el primer presidente de
la Federación de Entidades Rurales de Salta, está acostumbrado a
defender los intereses de los grandes terratenientes porque también son
los suyos. No sorprende que uno de los que usufructuaron esa carta
blanca haya sido el presidente de la Sociedad Rural salteña, Ignacio
García del Río, dueño de una finca ubicada en el departamento San
Martín, donde más de cien hectáreas fueron deforestadas después del 20
de marzo.
Para Giardini, “si el Estado no manda a la policía a controlar los
campos, no lo va a hacer nadie. Un juez no se va a levantar para ir a
ver si en una finca están desmontando. Encima, los grupos indígenas y
los activistas no podemos salir para frenar las topadoras. La
deforestación en cuarentena es responsabilidad de los empresarios y
también de los gobiernos”.
Perderlo todo
La brutal deforestación del norte del país se explica por el avance
de la frontera agropecuaria. Gran parte de esa producción (soja
transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China,
con una rentabilidad que vuelve a los dueños de los campos indiferentes
al daño ecológico.
“Estamos reemplazando un bosque por hectáreas de pastura de ganado y
soja que terminan siendo forraje para chanchos. Lo plantean como un
modelo de progreso, pero las provincias que más desforestan son también
las más pobres”, insiste Giardini y recuerda un estudio del INTA que
había probado que una hectárea de bosque chaqueño puede absorber hasta
300 milímetros de lluvia, mientras que una de pastura sólo cien, y una
de soja, apenas 30 milímetros.
“Más desmonte –concluye– significa más inundaciones, más cambio
climático, más desaparición de especies en peligro de extinción, más
enfermedades y más desalojos para las comunidades indígenas, que son las
que más lo sufren. Para ellas, perder el bosque es perder su casa, su
almacén y su farmacia”.
La bajante histórica del río Paraná trae consecuencias económicas y sanitarias en el Litoral
La imagen causó estupor: las Cataratas del Iguazú sin turistas por la
pandemia y sin el gigantesco caudal de agua que las ha convertido en
una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Pero la bajante histórica
del río Paraná, provocada por las sequías cuenca arriba, también trajo
consecuencias más graves en términos económicos, complicando la
operatoria de los puertos, y sanitarias, con el riesgo de interrumpir la
provisión de agua potable en varias ciudades del país, en el contexto
de aislamiento obligatorio por el coronavirus y de recomendaciones
higiénicas por el dengue.
La empresa estatal del servicio de agua
que abastece a Chaco, por ejemplo, reconoció que se redujo en un 25% por
la pérdida de los rendimientos de las bombas de las tomas y adelantó
que varias regiones se verán perjudicadas.
En Santa Fe la
situación no es mejor. El descenso del nivel del Paraná se viene
produciendo sin descanso desde fines de febrero, cuando el río apenas
alcanzó los tres metros en el puerto local. Desde entonces bajó más de
dos metros, provocando que las embarcaciones quedaran apoyadas sobre la
arena y dejando al descubierto la manta protectora del túnel subfluvial
que une las ciudades de Santa Fe y Paraná, lo que complicó el
funcionamiento de la planta potabilizadora.
