Por Adriana Meyer. 9 abril 2020
Paulino Gómez indicó a un personal jerárquico de la policía provincial que se lleven a cabo detenciones arbitrarias. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exigió la renuncia de ese funcionario y de su superior, el Ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni.
Es
la misma policía que en noviembre pasado detuvo ilegalmente
al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación
de Chubut (Atech), Santiago Goodman.
El mensaje es claro: “Tratá de meter gente en cana.
Sacá a los pucará, que si buscan encuentran”. Ayer por la tarde se dio a
conocer un audio donde el Jefe de Seguridad de la Provincia de Chubut,
Paulino Gómez, le indica a un personal jerárquico de la policía
provincial que se lleven a cabo detenciones arbitrarias. Frente a esto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exigió la renuncia de ese funcionario como así también de su superior, el Ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni.
«Zavala por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana, el ministro nos está preguntando por qué la Primera no tiene detenidos.
Si hay mucha gente debe andar gente en infracción», dice Gómez.
«Busquemos un poco, de última lo demora en el lugar, le hacés el acta en
el lugar o los llevás unos minutos a la comisaría. Sacá a los ‘pucará’
(grupo especial) que si buscan encuentran gente que ande ‘chimangueando’
(robando)», insiste a su subordinado. Queda en evidencia que es el
poder político el que presiona, tal como puede escucharse en el audio.
«La situación que vive la provincia de Chubut es insostenible: largos meses de atraso salarial, abandono de los establecimientos educativos y de la salud, esto sumado a la actitud prepotente y autoritaria de las autoridades políticas atemorizando a la población«. dijo a Página|12 María
Elena Naddeo, co-Presidenta nacional de la APDH. «El audio de Paulino
Gómez, Jefe de Seguridad de Chubut, es la expresión directa de un gobierno que apela a la represión
en vez de preocuparse por el bienestar social. Las organizaciones
sociales y la APDH estamos pidiendo la renuncia de dichos funcionarios y
la intervención y auxilio del poder nacional», agregó Naddeo.
Las autoridades de la provincia del Chubut volvieron a estar en jaque porque las denuncias por hechos
de índole represiva en el contexto de aislamiento social preventivo y
obligatorio, violentando normas ciudadanas y de convivencia elementales,
siguen en aumento. La APDH ya denunció detenciones arbitrarias de pobladores rurales en busca de leña, o de vecinas que trataban de hacer trámites plenamente justificados.
Desde el organismo aseguraron que “Chubut es una provincia en virtual toque de queda que atemoriza a los y las habitantes, recordando métodos que deberían ser desterrados de la vida democrática”. Y agregaron, “estamos
en presencia de viejas prácticas utilizadas por las nuevas fuerzas de
seguridad supuestamente formadas en nuevos paradigmas, con claros
principios de respeto al estado de Derecho y a los Derechos Humanos”.
Lo que denuncia la APDH en Chubut no es una excepción. La Correpi
(Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) viene
haciendo un relevamiento en todo el país y ya lleva 14 informes. Los
casos ya superan los 30 mil, demostrando que estamos muy lejos de la
«policía del cuidado». En las últimas horas se produjeron dos de los más
graves hasta el momento. «En la localidad de Güemes, provincia de
Salta, la policía local irrumpió en un barrio, disparando armas largas
con postas de goma, contra unxs vecinxs que estaban en la vereda. Uno de los proyectiles impactó en la cara de una niña de 6 años, que estaba dentro de su casa. Los médicos todavía no han podido determinar si perderá el ojo», indicó la organización antirrepresiva.
«En Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, la política de detenciones indiscriminadas ocasionó una muerte.
Florencia Magalí Morales, de 39 años de edad, fue interceptada la
mañana del domingo 5 de abril, cuando circulaba en su bicicleta. Aunque
su DNI tiene terminación impar, lo que la habilitaba a salir conforme
las disposiciones locales vigentes, no tenía con ella el documento, por
lo que le informaron que le formarían causa por el art. 205 del código
penal. La mujer entró en crisis e intentó forcejear con los policías,
por lo que sumaron la acusación por atentado y resistencia a la
autoridad y la encerraron en un calabozo. Horas después, fue encontrada
sin vida, ahorcada con un cordón del buzo que vestía».
