Resumen Latinoamericano */26 de abril 2020 .-
UN CUADRO A LO GUERNICA
El empresario Elías Masri murió el 7 de abril de 2020 a sus 91 años. Su fallecimiento fue por causas naturales: “Colapso respiratorio por Covid-19”. En Nueva York, y a su edad, todo hubiera parecido normal. En uno de los vuelos de repatriación de ciudadanos argentinos llegó a Ezeiza su cajón mortuorio, con papeles falsificados que ocultaban la infección para ingresarlo de contrabando al país. Como si fuera una macabra broma, todo parecía parodiar la película Este muerto está muy vivo, donde Terry Kiser encarnaba al boss Bernie Lomax. En esa comedia, dos pibes hacían lo imposible para ocultar la realidad simulando que la muerte no había ocurrido para continuar sus vacaciones. El hecho constituye un gravísimo delito que revela otra más de las burdas maneras con que la clase alta ignora las reglas.
Otro vuelo, muy distinto, abre las puertas respetuosas a la esperanza. Se realizaron varios viajes con aviones de la línea de bandera Aerolíneas Argentinas (ida y vuelta a Shanghai) para traer insumos médicos. Las operaciones necesarias para concretar esa tarea son realizadas por dirigentes de todos los gremios aeronáuticos que han encabezado las listas de voluntarios a cargo del operativo. Para Edgardo Llano, secretario general de APA y referente de la Federación de los Síndicatos Aeronáuticos: “Los vuelos a China demuestran el rol de la aerolínea de bandera, en este caso cumpliendo una función social esencial para la vida de los argentinos, y dejando muy en claro porque el Estado nacional la recuperó en el año 2008.”
La pandemia no es un concierto ni el Estado es una orquesta. Voces disonantes, declaraciones contradictorias donde se trasunta el miedo a la muerte colectiva, masiva, donde las imágenes de España, Italia y Nueva York son el espejo en tiempo real. Es indudable que a la firme decisión del Presidente Alberto Fernández de bancar la cuarentena rígida no hay con qué darle. La pandemia fue importada por los ricos y la clase media que viaja y la padecen los pobres en carne viva. El gobierno con todas sus contradicciones se puede equivocar, pero en la trinchera de enfrente anida el enemigo.
El miedo que generan las cifras abrumadoras que cambian de la mañana a la noche, constituye la base colectiva de esta especie de pacto social que tolera el encierro, con la economía paralizada y una política del gobierno que les distribuye a los pobres e intenta sacarles a los más ricos. En esta lógica va transitando sus primeros meses Alberto Fernández. A medida que crecen los infectados, aumenta la preocupación de los que están alcanzados por pertenecer a los servicios esenciales de la salud. Se estima que son alrededor de 450 casos de trabajadores del área alcanzados por la pandemia. La desaprensiva actitud de las patronales, sumada al pragmático aprendizaje de cómo aplicar protocolos eficientes, ha convertido a los lugares de internación (lugares de trabajo del personal sanitario) en el campo de batalla. Un sentimiento de que inevitablemente todos van a ser alcanzados los invade. Esto se extiende al personal de atención de los geriátricos, donde la entrada del virus se percibe como un certificado de defunción, La Intersindical de Derechos Humanos se pronunció al respecto solidarizándose con los trabajadores de la salud:
“Nos solidarizamos y nos sumamos al reclamo de lxs trabajadorxs de salud después de que vimos en las noticias la desidia y el interés económico de muchxs empresarios, que lo ponen por encima de la salud de lxs que deben cuidarnos. (…). Ningún trabajadxr es un número, somos todxs personas con una familia detrás, a lxs que también se expone. Aprendimos de este virus que no hace diferencia de clase social, económica, ni geográfica. ¡Con lo cual nos deja para pensar qué tipo de sociedad queremos para nosotrxs y nuestro futuro, ya que nos demuestra que todxs somos iguales!”
Rebelión en la granja
Antonio Caló, secretario general de los metalúrgicos, afirmó que prefería “rebajar el salario para preservar los puestos de trabajo”. Son polémicas declaraciones, ya que existe una ley antidespidos y el gobierno reclama que no haya rebajas salariales: las protestas se expandieron por las seccionales a la velocidad de un tsunami. “No es un problema de interpretación lo sucedido, sino que el problema es lo que dijo”, afirmó un veterano dirigente de profesión tornero. En un año electoral para la otrora poderosa UOM, el actual secretario general (que ya superó los 70 años) carga la pesada mochila de suceder a Lorenzo Miguel, un histórico caudillo sindical de notorio peso en el concierto nacional. La figura de Caló no se destaca por la audacia de quienes lo precedieron en el cargo. Los cuatro mandatos que lleva no alcanzaron para recuperar el papel protagónico que siempre tuvo la UOM en el concierto de los sindicatos argentinos. Otros dirigentes ocuparon ese espacio, como Hugo Moyano, y hay liderazgos internos al gremio que pujan por la sucesión. En las grandes empresas los acuerdos se realizan en las seccionales y con las comisiones internas. Al Secretario General sólo le queda la lapicera para firmar los convenios y recaudar los aportes. Cuando se conoció que el gobierno cargará con el 50% de los salarios caídos, ya era tarde. El incendio se había propagado y el secretario general se había inmolado. Finalmente la UOM no cerró el acuerdo por la rebaja de los pagos con motivo de las suspensiones, como pretendía Caló.
El paro de los trabajadores de las plataformas en varios países da cuenta de la incipiente voluntad de sindicalizarse de uno de los más precarios e indefensos sectores laborales. Su importancia exponencial en estos días les da la oportunidad de visibilizarse. Como los peones de las estancias de Santa Cruz hace un siglo, que reclamaban un paquete más de velas y que las instrucciones de los botiquines sean traducidas al castellano, ellos piden barbijos y alcohol en gel. Según Pedro Brieger, un referente de los huelguistas señaló: “Sólo recibimos un kit con un barbijo descartable y una botellita de alcohol en gel en Pedidos Ya y un kit de barbijo y guantes en Glovo La Plata. En Capital, un barbijo y un alcohol en gel pequeño. Yo trabajo en Rappi y no recibí nada, Uber Eats tampoco brindó elementos de seguridad”. Son los herederos de la “caballería de la libertad” que dio batalla en las calles el 19 y 20 de diciembre del 2001. De la tradición de aquellos fundadores del SIMECA (mensajeros y cadetes) salen estos jóvenes celular en mano para visibilizar sus reclamos con gran potencia.
Son la marca en el orillo del empleo en tiempos del neoliberalismo. Son el descarte laboral por excelencia. Como los 43.000 despedidos de Disneylandia en Estados Unidos, son un emblema del castigo capitalista que no perdonó a Rico McPato ni a Mickey Mouse.
La marcha de un grupo desesperado de trabajadores del Frigorífico Penta de Quilmes hacia la Plaza de Mayo, reclamando el pago de sus salarios, puso el foco en la hijoputez del empresario Bruzzone, propietario administrador de tres frigoríficos que, apoyado en marginales alquilados a hinchadas de fútbol y cuentapropistas de La Bonaerense, desconoce la conciliación obligatoria y empuja a la desesperación a los trabajadores que no han percibido su garantía horaria por dos quincenas. Los operarios fueron disuadidos de continuar violando la cuarentena en el Puente Pueyrredón.
Contaminado por la peste de la impunidad abierta de la que parecen gozar las patronales de la carne, Genaro Morrone, el administrador del Frigorífico El Federal, también de Quilmes, desconoció cualquier legislación tras el deceso de un trabajador del Senasa y falsificó un amparo judicial para ingresar a la planta y obligar a los operarios a tomar tareas sin ningún protocolo sanitario. Fue denunciado penalmente.
Reclamos de igualdad
La reunión de los representantes de las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas con la comisión de diputados la semana anterior no logró calmar la inquietud que las desvela. En una carta dirigida al ministro de Trabajo Claudio Moroni le expresan: “Saludamos la promulgación del DNU 332⁄20 que crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, aunque nos preocupa la nula mención de las empresas cooperativas vinculadas a la producción y que quedamos comprendidas en el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dictado por el DNU 297÷20”, señala la misiva.
No están comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo ni el de las Convenciones Colectivas de Trabajo y al ser asociaciones de trabajadores sin patrones quedaron fuera tanto de los “Repros” como de las otras formas de asistencia que brinda el gobierno nacional a las pequeñas y medianas empresas. Este universo consolidado después de la crisis de fin de siglo ha logrado una presencia y crecimiento significativo. Muchos sindicatos los reconocen estatutariamente como trabajadores de pleno derecho a la sindicalización y a la representación en los cargos electivos, los gobiernos sucesivos no terminan de encuadrarlos y las grandes patronales los siguen considerando un mal ejemplo. Para el presidente de Conarcoop (Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados), Ramiro Martínez, “lo que solicitamos es una igualación con los Repros que se les otorgó a pymes, de tal manera que podamos, frente a esta situación de crisis y falta de trabajo, dar respuesta y sustento económico a más de 230 cooperativas y 8.000 familias que dependen de ellas”.
Para darle seriedad a la intención de reparar los errores y calmar el hambre, el Presidente se reunió con el Triunvirato de San Cayetano (el Movimiento Evita y la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie). Tras las tarjetas rojas en Desarrollo Social por los sobreprecios, las autoridades prometieron acelerar la compra de alimentos. Los triunvirantes piden por un fondo para la economía popular para dar empleo a trabajadores informales. El amigo papal Juan Grabois reclamó “un Plan Marshall criollo” junto con la entrega de tierras a productores de alimentos. El sentido de préstamos blandos para el despegue se diferencia de aquel Plan tras la segunda guerra para frenar al comunismo en Europa. En 2020 las guerras comerciales se extienden y Estados Unidos pasa por un pésimo momento. Hasta el FMI podría suscribir tal “ayuda”.
En la reunión quedó evidenciada la mala entrega de alimentos en muchos sectores vulnerables del país. Cunden los temores ante contagios masivos de Covid-19 en los barrios y existe la necesidad de dar respuesta inmediata a los trabajadores de la economía popular en función de la extensión del ASPO más allá del 26 de abril, y la discriminación que se percibe en algunos lugares con los infectados del virus, en especial el personal de salud. “No vamos a ceder a las presiones para levantar la cuarentena, porque está comprobado que nos fue bien hasta ahora”, dijo el Presidente a los dirigentes de movimientos sociales que lo escuchaban. El ministro Daniel Arroyo señaló la posibilidad de ampliar la oferta de proveedores de insumos desde su cartera con unos 700 productores o intermediarios disponibles en este período de emergencia. Los referentes reclamaron además alimentos para los 10 mil comedores del país, el doble de las compras frustradas en marzo.
CABA, territorio de miedo
Los estatales denunciaron el extendido pluriempleo el contagio de los compañeros de salud de la Capital es una oleada irrefrenable. Los bajos salarios llevan a enfermeros, personal de limpieza, auxiliares de medicina y los mismos médicos a realizar rondines de instituciones públicas a privadas e incluso geriátricos como franqueros o part time. ATE Capital cuestionó con dureza la actitud del gobierno de minimizar la combinación letal de dengue y coronavirus, que afecta a dos sectores sociales bien diferenciados al sur y el norte de la ciudad. Realizan acciones para visibilizar la explosiva situación de falta de insumos, los sobreprecios y el entramado de corrupción existente. Las acciones se realizan en los cambios de turno, con asambleas con distanciamiento social y de forma permanente. Los reclamos se extienden por todos los hospitales de la ciudad donde faltan insumos básicos de protección para el personal.
Daniel Catalano, en representación del colectivo laboral, realizó una denuncia penal por los sobreprecios de los barbijos y desde el gremio anunciaron que continuarán sus justos reclamos, tomando en cuenta la responsabilidad social que les cabe. Señalan las urgentes necesidades de los compañeros de Prevención del Delito que monitorean los hoteles de cuarentena, los trabajadores que acompañan los retenes de tránsito, que siguen en condición precaria de monotributistas y expuestos al contagio por múltiples contactos, que ya es hora de que pasen a planta permanente.
Un silencioso anteproyecto de ley sigue su curso para dotar de herramientas peligrosas al emperador municipal. Larreta pretende suspender obras y reasignar partidas con una emergencia económica a medida de su política. Solicita a la legislatura manos libres para realizar el pago diferido de proveedores, salarios de los trabajadores y otras viejas ambiciones neoliberales.
Un trabajador del área de limpieza del subte porteña dio positivo al coronavirus y permanece internado en una clínica del sur bonaerense, y se determinó el aislamiento de seis empleados del mismo sector que pudieron tener contacto con él en los últimos días, mientras que se inició una desinfección del ámbito laboral con armonio cuaternario, indicado para la eliminación del virus.
«Ayer por la noche recibimos la confirmación de que un trabajador del turno noche de la línea E dio positivo en su hisopado para coronavirus», sostuvo, por su parte, el secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Enrique Rositto.
Tras la ratificación del aumento del ABL, en un contexto de congelamiento salarial de las asignaciones familiares, el secretario General de la CTA Ciudad, Eduardo López, se manifestó a favor de que en la ciudad de Buenos Aires se avance, como a nivel nacional, en un impuesto a los sectores con mayor capacidad contributiva para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia de coronavirus. López expresó su respaldo a la iniciativa legislativa que propone establecer un impuesto especial del uno por ciento a aquellas empresas radicadas en el territorio porteño que hayan tributado en concepto de Ingresos Brutos más de 30 millones de pesos en 2019. Esto incluye a las grandes entidades bancarias y financieras que tienen su sede en este distrito. El proyecto prevé que el 50 por ciento de lo recaudado se asigne a políticas sanitarias y el 50 restante al abastecimiento de comedores escolares y merenderos en los barrios más humildes, así como a la asistencia a pequeñas empresas afectadas por la caída de la actividad económica. Para López, “la disyuntiva es si la crisis que genera esta pandemia se paga afectando la riqueza de 5.000 grandes fortunas o rifando la salud de millones de habitantes.”
A todo este panorama se le suma la paralización de la industria petrolera, las dificultades de mantener las exportaciones de granos por la histórica bajante del Rio Paraná, sabiendo que más del 75% de lo se exporta sale de los puertos situados entre Timbúes y Ramallo (sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires), el impacto de la “Operación Vicentin” agrega incertidumbre y la industria pesada paralizada nos pinta un cuadro a lo Guernica.
Una batalla de nuevo tipo contra un enemigo invisible se está librando en todo el mundo y también en Argentina. No solo la peste está en cuestión, sino el modelo económico y social de la globalización que patentiza la crisis. Todos somos trabajadores de la salud, de los médicos cubanos, de los maestros y de ese ejercito de voluntarios de las organizaciones sociales.
*Fuente: El cohete a la luna
Impacto de la cuarentena en la actividad comercial
Suspensiones y rebajas salariales
La federación de empleados de comercio convalidó la situación con el fin de “mantener las fuentes de trabajo”.
Miles de comercios están cerrados desde hace un mes.
Imagen: Lucía Grossman
La federación de empleados de comercio (Faecys) firmó acuerdos con empresas de distintos rubros con el fin de “mantener las fuentes de trabajo”. Los pactos implican suspensiones y rebajas salariales de hasta 20 por ciento. Si bien los despidos y las suspensiones están prohibidas por el decreto 329, se amparan en una aclaración del mismo documento. Se trata del artículo 223 bis , que establece que podrán llevarse a cabo suspensiones fundadas en disminución de trabajo, en caso de que sean concertadas entre empleado y empleador y luego homologadas en el Ministerio de Trabajo.
El sindicato que conduce Armando Cavalieri difundió el jueves una circular en la que informa que se alcanzaron acuerdos para evitar despidos. El pacto alcanzado con la empresa Falabella implica el pago del 80 por ciento del salario neto para los trabajadores que sean licenciados. En el caso de los empleados de la cámara de call center de todo el país, con excepción de Córdoba, será un 90 por ciento del neto. Para Musimundo y Falabella será el 100 por ciento.
En algunos casos, las suspensiones concertadas implican que el trabajador continúe percibiendo el mismo sueldo en mano, pero para la empresa si hay una diferencia, dado que los pagos se realizan sin el pago de las cargas sociales. Los casos en los que el trabajador continúa recibiendo lo mismo se dan cuando las rebajas son del 14 por ciento del sueldo bruto, dado que en esto es lo que se les descuenta todos los meses entre la jubilación y por la Ley 19.032 es 14 por ciento. En los sueldos que se pagan tras el acuerdo 223 bis no se descuenta ese porcentaje de aporte a la seguridad social, sino sólo el 3 por ciento de la obra social, al igual que en el sueldo bruto. “Las empresas están usando este artículo para beneficiarse y no perjudicar al empleado”, explicó a este diario el consultor tributario Sebastián Domínguez.
En las suspensiones y rebajas concertadas para los sueldos de abril, el Estado terminará, en la práctica, abonando más que el 50 por ciento del sueldo de un trabajador del sector privado. Por ejemplo, un sueldo bruto de 48.192 pesos, implica tras los descuentos un sueldo neto de 40.000 pesos. Si se pagara el 100 por ciento de ese sueldo, la empresa pondría el 50 por ciento (20 mil pesos) y el Estado el otro 50 por ciento (20 mil) según fue establecido en la medida de salarios complementarios para las empresas que se hubieran anotado en el programa de emergencia en Afip. La difusión de la aprobación llegó en las últimas horas.
En cambio, con el mismo sueldo de 48.192, un hipotético acuerdo del 70 por ciento del salario bruto implicará, tras el descuento de la obra social, un sueldo neto de 32.722. Pero el Estado estableció que pagará el 50 por ciento de los sueldos netos al mes de febrero, que en este ejemplo era de 40 mil pesos, por lo que abonará 20 mil pesos de los 32.722 acordados en el artículo 223 bis.
La modificación del Gobierno sobre la ayuda estatal a las empresas frenó varios de los acuerdos salariales que negociaban sindicatos con compañías. Es que el primer decreto establecía que el Estado pagaría un salario mínimo vital y móvil (16.875 pesos) para las empresas de menos de 25 empleados. Con los cambios, la asignación será del 50 por ciento del salario neto para cualquier empresa, con un tope de dos salarios mínimos. Uno de los acuerdos que quedó en stand by es el que negociaba el sindicato de comercio con turismo. El fin de semana ya había un borrador que establecía que las empresas turísticas de más de 100 empleados podían pagar el 50 por ciento del salario neto para los trabajadores que fueran licenciados. Tras la difusión del nuevo programa de emergencia estatal, fue frenado y se definirá en las próximas horas.
La crisis del Covid empuja el debate sobre el salario universal
La transferencia de ingresos para atender la crisis de la pandemia la encararon los Estados y no los mercados. Desde ese enfoque, Tiempo convocó a opinar a seis actores de esta histórica discusión.
Por Claudio Mardones y Julia Izumi
La pandemia del Coronavirus reavivó la discusión sobre la forma en que los Estados deberían abordar una solución a los crecientes niveles de desigualdad que atraviesan a sus habitantes. Si hasta hace poco tiempo el debate se asentaba sobre las consecuencias de la acumulación de riqueza proveniente de la actividad financiera, el retroceso del trabajo formal asalariado, la precarización laboral, la desigualdad de género y el avance de la robotización avanzada y la inteligencia artificial, la emergencia sanitaria global obligó a acelerar la implementación de medidas de transferencia directa de ingresos a la población para atenuar los efectos de la crisis.
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno argentino puso en marcha distintas medidas de contención de carácter transitorio hasta alcanzar un universo que, según una estimación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), cubre la casi totalidad de la Población Económicamente Activa (PEA). No son equiparables a una renta básica o ingreso universal, pero su alcance da cuenta de la fragilidad económica y social de una porción importante de la Argentina. El Ingreso Familiar de Emergencia con sus casi ocho millones de beneficiarios (trabajadores no registrados, monotributistas A y B, personal de casas particulares), el salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que se estima alcanzará a otros 3 millones, unos 4 millones que podrían ser cubiertos gracias a los créditos a tasa del 24% para micro, pequeñas y medianas empresas, un millón de trabajadores no formales que podría acceder a los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos con garantía del Estado Nacional , y los 3,5 millones de empleados del sector público, conforman una masa crítica de casi 20 millones de beneficiarios, sin contar las transferencias a trabajadores pasivos.
“Las políticas estatales son indiscutibles protagonistas como herramientas de combate a la crisis económica que trae aparejada la pandemia del COVID-19. Responden los Estados, no los mercados”, expresa un informe del CEPA del 10 de abril.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Este acuerdo internacional, que data de 1948, es el punto de partida del debate sobre la renta básica que atraviesa a un amplio abanico ideológico de economistas. Milton Friedman, uno de los principales exponentes de la escuela monetarista de los Chicago Boys, hablaba ya en los 60 del impuesto negativo sobre la renta, para que el Estado pague un subsidio o renta garantizada a quienes no tienen ingresos o los tienen por debajo de un nivel básico, al desocupado y también al ocioso voluntario. La Red de la Renta Básica la definió como un sistema de seguridad social en el que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones.
En la Argentina, el concepto de la renta básica fue promovido con fuerza durante el menemismo por un sector del movimiento obrero organizado, especialmente por la CTA, que impulsó un plebiscito bajo la sigla del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) que reunió más de 2 millones de votos para crear un ingreso universal. La iniciativa quedó diluida al acelerarse la crisis de 2001, pero retomó fuerza con el proceso de lucha sostenido por los movimientos de trabajadores desocupados que lograron la implementación del primer Plan Trabajar, al que a partir de 2009 se sumó la Asignación Universal por Hijo (AUH), poco después preservada como política de Estado por una ley del Congreso.
Un punto de vista común parece atravesar la discusión en la Argentina: la idea de que toda persona reciba una renta universal, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada y sin importar si es rico o pobre, resulta incómoda. Para algunos, constituye un subsidio destinado a convertir a los ciudadanos en meros consumidores, para otros, una nueva transferencia de ingresos a los sectores concentrados y el sector financiero que, por las características desiguales de la estructura económica Argentina, terminan apropiándose de los beneficios sociales del Estado. Hay quienes se muestran más proclives a las transferencias de ingresos condicionadas y dirigidas a determinadas franjas de la sociedad, y quienes prefieren llamar a las cosas por su nombre: si no hay trabajo, hay seguro de desempleo.
«El salario universal se viene discutiendo en base al futuro del empleo: si la robotización y la aceleración en la innovación tecnológica puede llevar a la desaparición de puestos de trabajo. Eso no está saldado, pero sí se sabe que el desempleo y la precarización son problemas estructurales que no encuentran solución. Yo tiendo a ver al salario universal como una herramienta de nivelación de oportunidades: en el capitalismo no existe la igualdad de oportunidades y esta herramienta permite nivelar algo de las posibilidades de desarrollo personal en una sociedad que margina a quien no tiene ningún ingreso», sostiene el economista a investigador Martín Kalós, quien considera que, al obligar a expandir las redes de contención social, la pandemia puso a los países un paso más cerca hacia ese tipo de ingresos. «La gran pregunta –aclara- es con qué recursos hacerlo. Está claro que apunta a la necesidad que los mecanismos usuales de mercado no resuelven, sino que la agravan”.
Desde los movimientos sociales, no hay posturas comunes, pero el eje de la igualdad de oportunidades pasa por el empleo. “Es posible llegar en algún momento a un salario universal como plantea el Papa Francisco, incluso en Argentina, con un Estado que planifique el pleno empleo nuevamente y que incluya las tareas que hacen la economía popular: trabajos de cuidado, venta ambulante, cartoneros, recicladores urbanos, producción de la tierra teniendo en cuenta la agroecología. No estamos hablando de subsidio para quedarse en la casa. Estamos pensando un salario universal que dignifique el trabajo que nosotros ya estamos haciendo, pero que hoy no está dignificado”. Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), recuerda que el Salario Social Complementario logrado durante la gestión de Cambiemos fue un punto de partida, pero advierte que, al igual que el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó retrasado.
Desde el Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Bebiloni, prefiere hablar de un “seguro de desocupados o desempleados” que tenga una identificación con el trabajo: “Nosotros diferenciamos los ingresos universales en Argentina. Lo fijamos en 30 mil pesos por persona mayor de 18 años, de modo que le permita a esa persona alimentarse, aunque está por debajo de la canasta de pobreza y muy lejos de la canasta familiar que es de 66 mil pesos para una familia tipo, pero lo consideramos una forma de activar la economía regional y los comercios de cercanía, porque la gente lo destinaría a alimentos de primera necesidad”.
El ingeniero Enrique Martínez, del Instituto de Producción Popular, advierte que en el marco de la pandemia, el gobierno cuenta con una ventaja: “Se ha caído la barrera cultural que impide financiar proyectos con emisión monetaria. Hoy es imposible argumentar que la emisión genera inflación, pero es distinto si pensamos en programas de trabajo universal. El Estado se convierte en una opción de trabajo, como los que el gobierno quiere auspiciar ahora en la construcción, pero con mayor énfasis y con programas más focalizados, y se asegura que el que no tiene trabajo desde hace mucho tiempo, lo obtendrá del Estado. En lugar de emitir para mantener el consumo emitamos para desarrollar actividades pendientes que sólo el Estado puede financiar”, advierte.
Para Martínez, la pandemia confirmó lo que ya se sabía: “Transcurrido un mes de la crisis, el sistema financiero no ha aportado nada, es un agente a sueldo del Estado, porque el Estado pone todo, y ellos cobran el beneficio”.
Desde el CEPA, Hernán Lechter no descarta el salario universal en un escenario de negativización de la distribución del ingreso. “En esta situación de pandemia esa política me parece bien interesante, pero hacia adelante somos más proclives a las transferencias condicionadas que te permiten mejorar el ingreso de determinada franja de la sociedad, en función de determinados parámetros, como por ejemplo, una mujer, madre soltera, que tiene mayor vulnerabilidad que otra persona, tal vez también sin trabajo, pero sin esa otra condición adicional”, explica.
Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y fundador de la consultora Elypsis, advierte que la emergencia desnudó grandes huecos en las redes de protección social: “En particular, en lo que refiere a trabajadores informales e independientes para los que se tuvo que improvisar una transferencia, el IFE, con errores de exclusión y de inclusión (perdonables en la crisis) y demoras de distribución. A esto agregaría que de esta crisis que recién comienza heredaremos un problema de empleo; un piso de ingresos ayudaría a compensar parcialmente sus consecuencias sociales”.
No obstante, aclara que la variante del ingreso universal depende de qué problema pretende resolver. “Si es el desempleo tecnológico, que aún no se verifica, tendría sentido una reducción de la jornada junto con un “salario complementario” – aunque habría importantes exclusiones: informales, independientes, trabajadores del hogar- . Si el problema es la pobreza y la indigencia, entonces el piso tiene más lógica. Lo que a mi juicio no tiene demasiado sentido es la simulación del trabajo asociada al empleo garantizado”.
*Fuente: Tiempo Argentino
PREVENIR LA PANDEMIA EN EL TRABAJO
Será esencial el aporte de los profesionales y técnicos de Salud y Seguridad en el Trabajo
POR MARCELO AMABLE Y CLAUDIO SAN JUAN
La Organización Mundial para la Salud advirtió que un levantamiento muy rápido de la cuarentena podría conducir a un “rebrote mortal” de la enfermedad. Y agregaba que, incluso ante una eximición progresiva y segura (¿”cuarentena administrada”?) se deberían cumplir ciertas condiciones para levantar el confinamiento. Una de ellas, es “poner en marcha medidas de prevención en el trabajo”.
El 13 de abril, el gobierno emitió el Decreto 367⁄2020 donde se reconoce a la Covid-19 como presunta Enfermedad Profesional no listada para aquellos trabajadorxs que realizan tareas esenciales y están exceptuadxs del cumplimiento de la cuarentena. Esta decisión, tan esperada, era necesaria para la protección de esxs trabajadorxs que ayudan al resto de la población a sobrellevar el aislamiento preventivo de manera segura y tranquila. Pero, fundamentalmente, porque genera un marco legal para que los distintos actores del Sistema de Prevención de Riesgos en el Trabajo puedan ocuparse de la prevención de la Covid-19.
Sin embargo, dicho Decreto no acaba de garantizar las herramientas para gestionar la epidemia en los lugares de trabajo y requerirá futuras resoluciones administrativas que acabarán por delimitar la implementación de un modelo de gestión de la prevención de riesgos laborales mientras dure la cuarentena. Es una situación nueva que puede ser transitoria o puede que dure más de lo que todos imaginamos. Por lo tanto, la opinión de los profesionales y técnicos de la prevención debería tenerse en cuenta, ya que en definitiva serán quienes implementen esas medidas concretas que protegerán a
trabajadorxs.
Históricamente la salud laboral ha sido un sostén fundamental de la salud pública. Tal vez como nunca antes, hoy es evidente la necesaria contribución de los profesionales y técnicos de los Servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo para enfrentar esta epidemia. Se trata de un colectivo de trabajadorxs con un alto nivel de especialización, de conocimientos imprescindibles para prevenir la propagación del virus SARS-Cov‑2 entre la población trabajadora. Además, al igual que los trabajadorxs de la salud, poseen el compromiso ético y la responsabilidad social que su labor requiere en estas circunstancias tan críticas.
Sólo por mencionar algunos ejemplos de las tareas preventivas que deberán comenzar a implementar los Servicios de Salud y Seguridad: entre las actividades esenciales no todos los puestos de trabajo tendrán los mismos niveles de exposición: en algunos los contactos con ciudadanos, usuarios, clientes o pacientes será mayor que en otros. Las Evaluaciones de Riesgo para identificar aquellos puestos de mayor exposición serán una herramienta de gestión necesaria para implementar medidas preventivas específicas y un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica. De esta manera, incluso las ARTs, también podrán tener el listado de personal según la caracterización de la exposición al riesgo de contagio 9, lo que facilitará el reconocimiento de la Enfermedad Profesional.
Otro elemento a tener en consideración será la gestión de las licencias de aquellos trabajadorxs que puedan estar sospechadxs de infección. Habrá que protocolizar los pasos a seguir desde el momento que una persona con síntomas espera la confirmación de su diagnóstico e inicia su aislamiento, la manera como se procederá en el lugar de trabajo, la comunicación a los compañerxs de esa persona, identificar quién estuvo en contacto, valorar su exposición, iniciar, a su vez, los procedimientos de aislamiento aunque sean asintomáticos. Además, siempre preservando la privacidad de todos en la medida que resulte posible y evitando aumentar los riesgos psicosociales debidos a las estigmatizaciones y miedos.
Los Servicios de Medicina del Trabajo tendrán una responsabilidad clave en las reincorporaciones de manera segura, tanto para las personas dadas de alta, como en los casos sospechosos que finalmente den resultado negativos en su tests y lxs trabajadorxs sanxs.
Por su parte, a los Servicios Seguridad e Higiene también les cabe un rol. Sin dudas, no sólo la higiene personal será decisiva, sino también la de superficies, materiales y equipamientos. Estos Servicios deberán involucrarse más que nunca en los productos que se utilizan para limpiar (que sean los adecuados y que no generen otros riesgos para la salud), en la frecuencia con la que se realiza la limpieza, organizarla ante los cambios de turnos, en la protección de lxs trabajadorxs que la realizan aunque sean tercerizados, la homologación de los Elementos de Protección Individual que se usan, etc.
Un capítulo especial será la ventilación de los lugares de trabajo, más ahora que se acerca el invierto y los sistemas de calefacción pueden generar serios problemas de salud colectiva. También habrá que rediseñar las actividades y puestos de trabajo. Los Servicios de Salud y Seguridad tendrán que colaborar en organizar aquellas actividades que pueden realizarse de manera remota y en las recomendaciones sobre riesgos para la salud entre quienes las realicen. También serán fundamentales sus conocimientos para rediseñar los puestos de trabajo permitiendo el distanciamiento de 2 metros entre personas. Asimismo deberán asegurar que esas distancias puedan respetarse en los vestuarios, comedores, pasillos y lugares donde se realicen actividades comunes o haya desplazamiento de personas.
En definitiva, casi nada podrá hacerse como se hacía habitualmente porque la situación es extraordinaria. Al menos mientras dure la epidemia, cada actividad laboral, cada proceso de trabajo, cada establecimiento requerirán adaptaciones a esta nueva realidad. Y las empresas disponen de profesionales que saben cómo hacerlo e incluso podrían contar con el asesoramiento de las ARTs para hacerlo con mayor eficiencia. Existe un conjunto de conocimientos especializados y recursos disponibles en el Sistema de Prevención de Riesgos de Trabajo que deberían ser útiles para la prevención de la epidemia, pero la posibilidad de desaprovecharlos por la mercantilización del propio Sistema es real.
Hace algunas semanas el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, señalaba que “la pandemia ha expuesto sin piedad los profundos fallos de nuestros mercados laborales”, así como la fragilidad de los sistemas nacionales de Salud y Seguridad en el Trabajo. Un ejemplo de ello es la Argentina, donde la Covid-19 dejará de ser una presunta Enfermedad Profesional no listada cuando se termine la cuarentena. Al menos para la mayoría de lxs trabajadorxs en actividades esenciales, porque los sanitarios estarán protegidos por un período de tiempo mayor: mientras dure la Emergencia Sanitaria y hasta 60 días luego de su posible finalización (¿será que la latencia de la
enfermedad es mayor entre lxs profesionales asistenciales que entre repartidorxs de delivery?).
En todo caso, podríamos preguntarnos, ¿qué terminará antes, la cuarentena o la epidemia? Y, entonces, ¿qué marco legal quedará para afrontar la epidemia en los lugares de trabajo cuando la cuarentena termine? Cuando el resto de los trabajadorxs vuelvan a trabajar después del aislamiento social preventivo y obligatorio, lo harán en un escenario de circulación del virus donde el conocimiento científico, hasta el momento, no tiene certezas sobre la producción de los anticuerpos y su duración ni en los pacientes dados de alta, ni en la población sana. Se encontrarán desprotegidxs por parte del Sistema de Prevención de Riesgos del Trabajo. ¿Cómo se podrá proteger a lxs trabajadorxs que deben ausentarse del trabajo por sospecha de Covid-19 si no hay reconocimiento de la enfermedad profesional? Pues, a costa de la pérdida de sus ingresos personales y de cargar costes a los empleadores y prestaciones asistenciales a los sistemas de obras sociales o del sector público de atención. ¿Cómo se evitará el ocultamiento de los casos confirmados si eso conlleva pérdidas económicas para todos?
Al decir de Guy Ryder de la OIT: “Al no tener derecho, en muchos casos, a una licencia por enfermedad remunerada, cuidadorxs y repartidorxs, de quienes todos dependemos ahora, suelen verse presionadxs a seguir trabajando incluso si están enfermxs”. Y trabajar enfermo en contexto de epidemia es garantía de circulación del SARS-Cov‑2. El aislamiento de los casos sospechosos y confirmados pero también el de los posibles, compañerxs asintomáticxs, será clave para gestionar la epidemia. En la medida en que reduzcamos las incertidumbres económicas individuales favoreceremos la prevención colectiva. La prevención de la pandemia también se juega en los lugares de trabajo. Sin embargo, parte de los actores claves como son los Servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo todavía se encuentran lejos de los parámetros del Convenio 161 de la OIT en lo que respecta al goce pleno de “independencia profesional, tanto respecto del empleador como de lxs trabajadorxs”.
La casi totalidad de los Servicios en la Argentina están externalizados y precarizados, y ni siquiera existe un registro de profesionales que permita regular el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, la asignación de horas semanales de los Servicios (Decreto 1338⁄96) debe revisarse para mejorar sus condiciones de trabajo y ampliar su dedicación a las tareas que la salud pública les demanda en estos momentos. Lxs profesionales y técnicxs de prevención de riesgos del trabajo, sea de manera individual o a través de sus colegios, carreras de grados y postgrados, asociaciones, seguramente, ya estarán colaborando para enfrentar esta epidemia. No obstante, ellxs también necesitan herramientas legales ante una situación excepcional. La manera en que se salga de la cuarentena depende de ello. En caso contrario, ante un rebrote de la enfermedad podría esfumarse en los lugares de trabajo el esfuerzo que toda la sociedad realizara hasta aquí en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, tal como lo advirtió la OMS.