Por Nahuel Lag. Resumen Latinoamericano, 8 abril 2020
«Cuidado,
policías procesados por homicidio patrullan la Ciudad», advirtió la
Correpi. Se trata de los efectivos de la Policía de la Ciudad Alejandra
Beatriz Manzanelli, Daniel Isabel López, y Darío Ramón Pérez, quienes
esperan en libertad el juicio oral en su contra por el homicidio
calificado del remisero Claudio Romano. Con la asistencia legal
del gobierno porteño, los tres policías no solo patrullan la Ciudad sino
que utilizaron las medidas de aislamiento social para excusarse de
hacer su comparecencia mensual ante la Justicia.
«Creíamos que, al menos, estaban apartados de sus
funciones policiales. Pero no. Están en actividad, sin restricción
alguna», apuntó la Correpi al denunciar que los tres oficiales acusados
de homicidio continúan patrullando las calles porteñas. «Estoy
indignada. Esos tres policías mataron a Claudio y están patrullando la
Ciudad como si nada», lamentó Lucía Sánchez Cáceres, la mujer de Romano,
en diálogo con Página/12.
«Esto
demuestra que por ser policías tienen privilegios, porque cualquier
otro ciudadano estaría detenido. Además, representan un peligro porque
lo que hicieron con Claudio lo pueden hacer nuevamente», advirtió
Cáceres y se mostró expectante a la espera del juicio oral que debería
realizarse este año, luego de un camino que describió como «un
encubrimiento total y absoluto desde el primer día».
La denuncia
de la Correpi sobre las plenas funciones en las que el Ministerio de
Seguridad porteño, a cargo del vicejefe Diego Santilli, mantiene a los
tres acusados ocurrió de «manera totalmente accidental», lamentó la
Correpi. Fue a partir de una presentación que realizó el abogado Manuel
Ramallo, defensor de la Policía de la Ciudad, para excusar, a partir de
las medidas de aislamiento por el Coronavirus, a sus representados de la
comperacencia mensual que deben hacer ante la Justicia.
En ese
presentación, en la que relatan la dificultad de cumplir con el mandato
por el cierre de los tribunales, el abogado de la Policía de la Ciudad
deja claro que sus defendidos siguen en funciones: «Que ante las medidas
sanitarias de público conocimiento y la restricción impuesta de
circulación,de la que estamos exceptuados, dada nuestra condición de personal policial en servicio», revela la presentación.
Tras
la denuncia de Correpi, sobre la presentación judicial en la que se
señala que los imputados están en condición de «personal policial en
servicio», el Ministerio de Seguridad porteño aclaró que se mantienen
«cumpliendo tareas administrativas», por lo que «no tienen contacto con
publico, sino que están trabajando en otras reparticiones de la policía
donde no realizan patrullajes u operativos», y sostuvieron la decisión
de no separarlos de la fuerza: «hasta que no tengan una condena firme
tienen que trabjar».
«Si están en servicio activo, no están en
disponibilidad. La disponibilidad es una situación de revista que
implica la suspensión de la actividad, en forma preventiva, hasta que se
resuelva la causa penal. Luego deben ser exonerados si se los condena, o
reincorporados al servicio activo si se los absolviera. Otra cosa es
que los tengan fuera de la vista de la gente para protegerlos. Pero no
los suspendieron, salvo que hayan mentido en su escrito y mienta de paso
el ministerio al decir que están trabajando en otra repartición»,
señaló la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, respecto de la
respuesta del ministerio porteño.
La causa
El crimen por el que esperan el juicio oral ocurrió el 1 de octubre pasado. Romano fue fusilado de 9 tiros en la calle Malabia, en el barrio de Villa Crespo. El brutal ataque policial quedó registrado en una cámara de seguridad cercana. La defensa de la División Asuntos Penales de la Policía de la Ciudad intentó presentar el caso como «legítima defensa», pero la Cámara de Apelaciones lo descartó de plano en noviembre pasado: «Los disparos contra un hombre herido de bala, tendido en el suelo, fueron completamente innecesarios». «Bastaba con que se alejaran pocos metros para neutralizar toda amenaza», agregó el fallo de Cámara.
En el video se ve la escena completa de
aquel día. Romano llega repentinamente, ensangrentado, hasta el móvil
policial en el que estaban Manzanelli y Pérez y ataca a uno de ellos con
una navaja a través de la ventana. La respuesta policial fue un primero
disparo, que hirió la pierna del remisero y lo dejó tendido en el piso.
Luego, Romano intentaría incorporarse tres veces y recibiría una patada
en la cabeza, dos nuevos disparos y otros cinco más.
La
información que falta en la causa es la de los móviles que llevaron a la
reacción desmedida de los uniformados. Lucía recuerda que ella habló
con Claudio media hora antes de que le dispararán y que, 15 minutos
antes, él había avisado a su jefe que se dirigía a la calle Malabia a
buscar a los pasajeros de una sede de la ART, a la que viajaba
semanalmente cada dos años.
«Él conocía a todos los policías de
la zona, porque hablaba seguido con ellos, muchos se presentaron como
testigos y hablaron bien de Claudio. Pero los tres acusados negaron que
lo conocían. Los registros de las cámaras de seguridad de la Ciudad de
los minutos previos nunca aparecieron, siendo que hay tres por cada
calle. Claudio tenía heridas en las muñecas y puntazos en la panza.
Cuando bajó del auto fue directo a buscar a Pérez, pero ellos niegan que
lo hubiesen conocido», repasó Lucía.
Lucía marca otros dos puntos: la Policía de la Ciudad fue la
encargada en realizar el primer peritaje sobre el auto de Claudio, a
pesar de que había participado del hecho. Luego se ordenó hacer una
nuevo peritaje a cargo de la Policía Federal. La mujer de Romero
recuerda que, tres meses después, cuando fue a retirar el auto, un
oficial le dijo: «Tenés que entender, esto no es encubrimiento… Son
todos compañeros de trabajo y cuando uno se manda una macana, los otros
tratan de ayudarlo».
A la espera del juicio oral
A pesar
del accionar brutal de los policías, la defensa de la Policía de la
Ciudad consiguió la prisión preventiva domiciliaria de la Manzanelli y
la oficial López –por tratarse de madres de niños lactantes – , y a
mediados de octubre, se pagó una causión de 100 mil pesos para que los
tres imputados quedarán en libertad
hasta el juicio oral, que este año llevará adelante el Tribunal Oral Nº 12, donde enfrentarán pedidos de perpetua.
«Cuidado,
vecines de Ciudad de Buenos Aires, y en especial de Villa Crespo: en
cualquier esquina se pueden cruzar con estos tres ejemplares de gatillo
fácil. Tengan cuidado, no se expongan, que ya vimos en los videos de lo
que son capaces», advirtió la Correpi tras conocerse en la situación en
la que están los imputados.
Por su parte, Lucía alentó a que el
juicio oral no se vea demorado más allá de este año por las
restricciones que generó la pandemia de coronavirus para que los
policías «tengan la condena que se merecen, que es perpetua a lo tres».
«Todos tuvieron oportunidad de detenerse y no hacer lo que hicieron. Es
un caso de desidia e incompetencia como policías. Es indignante que esa
gente sea agente policial, porque deberían cuidar a los cuidadanos y no
matar en la forma que lo hicieron con Claudio», sentenció.