Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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El Gobierno dio marcha atrás con su idea de controlar todo el sistema de salud por la emergencia
Tras la fuerte polémica, el Gobierno dio marcha atrás con su plan para controlar el sistema de salud, tanto público como privado. Luego de una extensa mañana llena de idas y vueltas, el Gobierno volvió sobre sus pasos con la posibilidad de un decreto de necesidad y urgencia para declarar a todo el sistema de salud unificado de «interés público».
La medida, que había sido anticipada al Congreso por el ministro Ginés González García, desató un fuerte malestar entre prepagas, clínicas, sanatorios. Por ese motivo, el Ejecutivo decidió retroceder y en encuentros que el Ministro de Salud mantuvo con representantes de las empresas de medicina privada, obras sociales, clínicas y sanatorios, se comunicó la marcha atrás con el DNU y su reemplazo por una resolución ministerial.
Esa medida, según trascendió de fuentes gubernamentales, implica la conformación de una mesa de seguimiento de la pandemia para evaluar a diario las necesidades y disponibilidad de camas para internaciones en terapia intensiva.
«La intención es tener un registro lo más rápido posible para dar una respuesta sin demora. Juntos y coordinados con todo el apoyo del Estado nacional para todos vamos a tener mejores resultados”, había dicho Ginés, justificando la decisión.
La primer reunión del ministro de Salud se concretó poco después del mediodía con dirigentes de Confeclisa, Acami, Adecra, Fecliba y Ademp. Luego repitió la gestión con autoridades de distintas obras sociales con «el fin de avanzar en la coordinación entre el sector público y privado para dar una respuesta integral ante el aumento del número de casos de COVID-19 que se espera para el mes de mayo».
Las autoridades sanitarias plantearon la necesidad de coordinar esfuerzos del sector privado con cada una de las jurisdicciones para poder hacer frente a la sobredemanda de camas críticas que se estima serán necesarias. «No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para cada argentino, que se administre por jurisdicción», dijo el ministro.
En muchos sectores fue entendido como una expropiación y de allí el final. Alberto Fernández frente a los ruidos que generó la cuestión, dio vuelta la página y anunció una ampliación de la red de Hospitales Modulares de Emergencia que se extenderá a 12. Tendrán 1000 metros cuadrados y la posibilidad de ampliarse en caso de ser necesario. Se sumarán 1.200 camas de internación.
Detrás del mismo objetivo de fortalecer el sistema sanitario del país y ampliar la cantidad de camas para atender casos de coronavirus, el presidente fue por otro lado. El mandatario aseguró que el país está preparado «para atender lo que se viene, cuidando que nadie se caiga del sistema».
Al esquema de otros ocho ya anunciado, se incorporarán otros en Lomas de Zamora, Almirante Brown, Mar del Plata y General Rodríguez. Mientras tanto, sigue la construcción de los que se ubicarán en Moreno, Florencio Varela, Quilmes, Hurlingham, Tres de Febrero, Resistencia, Gran Córdoba y Gran Rosario.
Estos módulos tendrán 1000 metros cuadrados con la posibilidad de ampliarse en caso de ser necesario. Su construcción es en seco, por lo que pueden realizarse de forma simultánea en turnos rotativos de 24 horas.
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Trabajadores de la salud: “Este virus vino a evidenciar todas las falencias que tenemos y que venimos trabajando mal hace tiempo”
“QUEREMOS PROTECCIÓN ANTES DE MORIRNOS”
Por Leandro Díaz del Campo– Fotos Pichon
Hay un grito unificado de los y las enfermeras del Hospital Ramos Mejia: “este virus vino a evidenciar todas las falencias que tenemos y que venimos trabajando mal hace tiempo”.
Camino tres cuadras hasta la parada del colectivo, veo largas colas en los locales, filas de personas que esperan por comprar provisiones, o un poco de “algo para comer” y los que tienen el mango justo. La distancia de no mirarse a los ojos, de no saber quién es nuestro vecino hoy se hizo cuerpo y ya no nos podemos ni acercar. Los abrazos son cosa del pasado, dos metros nos separan. En este futuro distópico las pantallas de noticieros nos anuncian varias vece al día cual sorteo del loto, un número de recuperados, un número de enfermos, un número de muertos, un número.
Surgieron varios personajes en esta cuarentena, desde las ventanas y los balcones se asoman ciudadanos que señalan, gritan y denuncian al #134 en pos de la comunidad, pero el aplaudidor es mi favorito, ponen el himno y aplauden a las 20:30hs, aplauden a las 21:00 hs y ahora también a las 21:30hs. En su discurso cuentan que aplauden a aquellos que cumplen algún “trabajo esencial” para agradecerle y demostrarle su apoyo, también aplauden a las “fuerzas de seguridad”, no voy a ahondar en la larga lista de “trabajos esenciales”, sino que me voy a detener en los trabajadores de la salud, “la primera linea” contra el Covid-19.
En el colectivo también mantenemos una distancia entre seres, el chófer, a modo de resguardar su salud, se armó una cortina de plástico pegada con dos pedazos de cinta que impide el contacto con los pasajeros, me hace pensar que MacGyber estaría orgulloso. Bajo en La Rioja y camino unas cuadras, evitando cruzarme con policías porque no tengo ganas de discutir sobre mi permiso de circulación, al llegar a la puerta del Hospital Ramos Mejía me espera Jorge, un enfermero con 35 años de experiencia en ese mismo hospital, nos saludamos con un choque de codos y me dice que en realidad lo conocen como “Gallo López” porque es hincha de Morón, me invita a entrar al Hospital. Me pongo la máscara y entramos.
Con cálida voz y seguridad en la oratoria me cuenta, “la semana pasada hicimos una asamblea pidiendo que venga la delegación gremial para que se haga cargo, pero solo vino un sector, nuestra idea es abrir el paraguas en el sentido de que tenemos el diario de ayer al ver lo que está ocurriendo en España e Italia donde hay mas de 15.000 trabajadores de la salud infectados, esto es porque no se tomaron las medidas de protección necesarias. Cuando vimos que nos daban un camisolín de color amarillo que es de friselina, una tela muy liviana que uno la pone a tras luz y se trasparenta todo, más los barbijos quirúrgicos que no son los correctos, dijimos, “no podemos ir a una guerra con poncho y facón”.
Hace dos semanas vino el ministro de salud de CABA (Fernán Quirós), e hizo una reunión a puerta cerrada con el director del hospital y algún jefe de departamento, no dejo entrar ni a la gremial medica ni a SUTECBA. En dicha reunión informo que el hospital Ramos Mejía iba a quedar como referente en la zona para la atención e internación de pacientes con Covid-19. El Ramos (lo pronuncia con cariño) no califica como hospital para esta clase de atención, porque es apabellonado, la parte edilicia es muy antigua y nunca se remodeló, las camas no tienen la distancia recomendada por la OMS que es de un metro y medio entre si para evitar los contagios dentro de la sala.
Nos comentaron que van a poner containers en la entrada del hospital para empezar a atender ahí a todos los pacientes que vengan con un caso sospechoso, para luego derivarlos al hospital y hacer el ingreso a las salas, para esto no hay personal, y se suma una orden del Ministerio de Salud que pide a los hospitales tres enfermeros por turno para ir a atender a los pacientes que están cumpliendo la cuarentena en los hoteles de la zona, o sea tras cartón como no hay personal nos quieren sumar esa tarea. Desde ese momento dijimos “sino nos cuidamos nosotros no podemos pretender cuidar a la comunidad”, porque en el caso de que uno se contagie te mandan a tu casa a hacer la cuarentena y con el poco personal que hay esto se agravaría aún más. Pedimos que tomen personal nuevo para poder cumplir y ellos sacaron una solicitada para ingresar enfermeros, pero hay una parte que parece increíble, van a llamar a los jubilados de hace tres años en adelante para cumplir esta tarea y como la mayoría se jubila a los 65 años ya están en el grupo de riesgo, además que junto con su retiro se llevan un pastillero en el bolsillo, nosotros decimos así, porque la mayoría se van con algún tipo de patología, diabetes, coronarias, etc. Dicen que nuevos enfermeros no estarían preparados, pero eso es mentira porque salen muy bien entrenados de la escuela de enfermería, sino mándalos a salas de menor problemática donde los pacientes ya están recuperados y a la espera del alta.
En el 2019 hubo una gran baja de enfermeros, algunos fueron jubilados, otros fallecieron y en la actualidad somos entre 400 y 500, que no alcanza, entonces hay horas que se llaman módulo de enfermería, quizás yo estuve toda la mañana y me quedo a la tarde a cubrir el lugar que hace falta, esta metodología se naturalizo y la mayoría de los trabajadores la aplican sin priorizar sus horas de descanso, esto es un peligro porque se genera una baja en el sistema inmunológico y se pueden producir más contagios, no solo de covid-19, nosotros tenemos casos de KPC, dengue, un montón de meningitis, tuberculosis , no solo se trata del covid-19, el problema es que se viene trabajando mal hace tiempo y este virus vino a evidenciar todas las falencias que tenemos.
No lo decimos de sabios ni de soberbios, lo decimos porque estamos en la trinchera y lo vemos día a día. Primero hay que arreglar desde adentro, consultar con nosotros que se necesita y organizarse para poder dar una mejor batalla. Acá hay que ver que hubo cuatro años, mas, doce años, porque viene de la época de Macri cuando era jefe de gobierno que se recortó terriblemente el presupuesto, tanto el nuestro (el Ramos) como los demás hospitales públicos están en deplorable situación.
Nosotros estamos continuamente diciéndole a los delegados que traten este tema, de nuestra seguridad porque tenemos un montón de compañeros que están en situación de riesgo y los hacen venir igual, hay sectores que deberían enviarlos a casa porque, que estén circulando en el hospital no solo es un riesgo para ellos sino también en el caso de ser asintomáticos están llevando el virus por todos lados sin saberlo. Se suspendieron los turnos, se suspendieron las cirugías o sea que hay un montón de gente que hacen venir y están sentados las ocho horas en su lugar haciendo nada, porque no tienen nada para hacer.
Al personal de salud debería ser obligatorio hacerle el test, sino lo quieren hacer masivo es porque es mucha guita. Revisando un poco de historia, como se hizo con la bioseguridad en los pacientes con HIV, en un principio no usábamos protección y luego de obtener los resultados del positivo, recién ahí usábamos guantes y demás cuidados, hasta que se acordó de manera universal tratar a cada paciente como un posible portador de HIV y si después los resultados son negativos, perfecto. En el caso del covid-19 hay pacientes que son asintomáticos y hasta que se tiene el resultado estamos exigiendo tratarlos como un posible positivo, atenderlos con escafandra y las protecciones necesarias así de esta manera estamos cubiertos.
Nosotros no decimos que faltan insumos porque realmente hay, lo que decimos y reiteramos es que no están los elementos de protección, exigimos los kit de barbijo N° 95 con camisolín impermeable y antiparras de protección ocular para trabajar en la sala, en el caso de terapia al estar los pacientes entubados y con el respirador, se acumulan secreciones y cada dos horas o según la necesidad hay que aspirar porque no pueden hacerlo solos y en esa aspiración uno tiene que llevar la escafandra porque si no te comes el virus, eso no hay, esos elementos tienen que estar ahí a la mano y deben poder ser descartables. Algunos enfermeros se arman escafandras con placas de rayos, las blanquean y las adaptan para darle ese uso, esto no debería ser así. Los elementos de seguridad no son muy costosos, no estamos pidiendo respiradores que valen $30.000. Es un problema político también porque los tipos (Fernán Quirós y su equipo) vienen del sector privado, del hospital Italiano, ven otra realidad, el privado es número, entonces te dice acá los números me dan negativos y tengo que hacerlos positivos como sea, esos tipos tienen esa mirada y no ven más allá. Un claro ejemplo fue que en el 2019 se abrió la lista de la ley 6035 (de profesionales de la salud) donde están incluidas las diferentes disciplinas que atañen al sistema de salud, en ese caso agregaron a los psicopedagogos, antropólogos y musicoterapeutas que esta bárbaro porque son anexos que ayudan a la atención médica, pero dejaron excluidos otra vez a enfermeros, instrumentadores quirúrgicos y a licenciados de bioimágenes. También eso estamos reclamando, ya que dicen que somos personal esencial, que estamos en las trincheras, bueno, que nos reconozcan como profesionales de la salud y no como administrativos.
Se trabaja así, se vive así, con lo que hay.”
Actualmente en el hospital Ramos Mejía se están tratando a 6 pacientes con covid-19 en un pabellón apartado pero no apto para esta clase de contingencias.
Y los aplaudidores ya se escuchan, me di cuenta que son las 21hs. ¿Entenderán la lucha de trabajadores precarizados? ¿Apoyaran en el futuro los paros y movilizaciones en las calles o los mandaran a “agarrar la pala” a “laburar”?, “al país se lo saca adelante laburando”, No lo se. No me tilden de Peronista, cierro esta nota porque son 21:03 y quiero ir a gritarles algo desde la terraza.
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Denuncia penal de médica al consorcio de propietarios donde vive por prohibirle transitar edificio
Una médica de un hospital de la localidad bonaerense de Vicente López radicó una denuncia penal contra el consorcio del edificio donde vive, que pegó una nota en diversos lugares del inmueble que le comunica una prohibición de transitar espacios comunes con los otros propietarios bajo apercibimiento de acciones civiles o penales.
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Según amparo judicial, una ART deberá hacerse cargo trabajadores ante el coronavirus
A través de un amparo presentado en la Justicia laboral porteña el lunes pasado por la trabajadora de la salud Carolina Cáceres y por resolución de la jueza laboral de turno Rosalía Romero al día de la fecha, la empresa Provincia ART S.A. y el gobierno de la CABA, deberán garantizar prevención integral a trabajadores frente a la pandemia del Coronavirus. Tal aseguradora, como toda empresa de la actividad, se encontraba ajena de toda responsabilidad frente a la pandemia desatada por la propagación del virus Covid-19 en los ámbitos laborales. Los recursos judiciales presentados fueron dos y solo, hasta ahora, tuvo lugar el de Carolina, enfermera del Hospital Tornú y militante de la organización Movimiento de Trabajadores Socialistas –MST. Por Máximo Paz, para ANRed
El Juzgado Laboral de Feria de CABA, a través de la jueza Rosalía Romero, dio lugar a la acción de amparo para que una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) responda ante el personal trabajador de la salud pública solicitante y asegure los dispositivos y acciones de prevención ante la atención de la pandemia desatada por el Covid-19.
Según se sabe, los amparos legales que rompieron la feria judicial extraordinaria fueron dos, en tanto que Carolina Cáceces, trabajadora del Hospital Tornú y César Latorre, del Hospital Italiano, ambos de la CABA, a través de sus representantes legales, dieron curso al pedido de amparo.
La resolución favorable y única fue para la enfermera y militante del MST-FIT Unidad, quién en recientes declaraciones dejó en claro que “esta medida cautelar es un paso muy positivo en el reconocimiento de nuestros derechos laborales. Provincia ART y el gobierno de Rodríguez Larreta deben asegurarnos protección porque nuestra tarea implica una exposición constante. Si no lo hacen, deben pagar una multa de 10.000 pesos por día. Espero que hoy la jueza también acepte el pedido de mi compañero César Latorre, del Hospital Italiano”.
Hasta el momento, las aseguradoras poseen una serie de resguardos que facilitan su inacción ante casos de Coronavirus en los ámbitos laborales. Por caso, la disposición 5/2020 del 27 de marzo, que se publicó en el Boletín Oficial, quita a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo la gestión de atender a los empleados que contingentemente contraigan Covid-19 en sus trabajos por tratarse de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y no de una enfermedad propia de cada sector laboral.
“Las ART no se hacen cargo de la asistencia ni de la provisión de los materiales sanitarios y los trabajadores pueden iniciar acciones legales contra las empresas por no recibir atención médica”, aseguró Nicolás Schick, letrado laboralista, quién diera entrevista para Crónica TV. También expuso que “una enfermedad profesional es lo que nace precisamente por la actividad de estar expuesto a un riesgo, que en este caso es un riesgo biológico”, a lo que agregó que si bien se podría demandar el pedido de inconstitucionalidad de esta regulación pero, a causa de la pandemia, la Justicia se encuentra parada.
Sin embargo, algunos trabajadores de la salud saltaron la disposición restrictiva para, de todos modos, actuar legalmente. César Latorre y Carolina Cáceres fueron los primeros en presentar acciones contra los beneficios que corrían para las ART en cuanto a sus responsabilidades del desempeño del trabajo frente a la epidemia y para que se considere al coronavirus como enfermedad laboral.
Las abogadas patrocinantes de la enfermera del Tornú fueron Mariana Chiacchio y Claudia Leaños. En ese sentido, la doctora perteneciente al CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos), Mariana Chiacchio, manifestó su parecer luego de la resolución: “Estamos muy satisfechas con la cautelar, no sólo porque sienta un precedente para proteger hoy a les trabajadores excluidos de la cuarentena, y en particular al personal de salud, sino porque en su texto la jueza anticipa una mirada profunda sobre la cuestión de fondo; el valor de la vida y la salud por sobre el mercantilismo. Plantea una perspectiva del derecho más humanitaria y con justicia social”.
En el amparo presentado, se cuenta que en el hospital “ya se registraron dos casos de Conoravirus, que dicha cifra se multiplicará, con lo cual también el peligro para los trabajadores de la salud, que pesa el deber de prevención y control a cargo de la ART y el de la empleadora de brindar todos los elementos y medidas de prevención para evitar el contagio de la enfermedad por los trabajadores expuestos en función de lo normado por el art 75 de la L.C.T. que no están cumpliendo en debida forma”.
En tanto, la jueza laboral, quién determinó la medida de forma favorable, dejó en claro en su resolución que hace lugar “a la medida solicitada por la señora Carolina Alejandra Cáceres y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debe dar estricto cumplimiento a la entrega de los Equipos de Protección Personal aludidos precedentemente, en el plazo de 24 horas de notificada la presente, sin perjuicio de los recursos que pudiera deducir al respecto, bajo apercibimiento de imponer astreintes a razón de diez mil pesos por día en caso de mora o inobservancia y a Provincia ART S.A. a arbitrar los medios de prevención y control necesarios, en idéntico plazo, bajo apercibimiento de astreintes por el valor de diez mil pesos diarios para el caso de incumplimiento.”
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URGENTE: TRABAJADORES DEL HOSPITAL GARRAHAN DENUNCIAN FALTA DE INSUMOS Y PERSONAL PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS
CONFERENCIA DE PRENSA VIERNES 13 HS entrada Combate de los Pozos y Pedro Echagüe
Frente a la crisis Sanitaria por la pandemia del coronavirus, las y los trabajadores del Hospital Garrahan queremos hacer público lo que necesitamos para cuidar nuestra Salud y la de nuestros Pacientes. En muchos sectores faltan los equipos de protección personal (EPP). Los kits que entregan las autoridades son insuficientes en cantidad y calidad, ya que además de ser pocos incluyen elementos que no cumplen siquiera los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se respalda por el Organismo Internacional de Estándares (ISO). Tampoco hay correcta capacitación para el personal tanto de planta como para los Residentes, Becarios, Tercerizados respecto de los protocolos de atención en el Hospital, lo que nos expone al contagio como ya se vio con el médico del hospital hoy internado por dar positivo con el COVID-19. Esto obligó a poner a sus Colegas en cuarentena tardía y sin ser testeados.
Hay mucha preocupación, y como si fuera poco las ART tampoco cubren el contagio como enfermedad laboral. Siempre piensan en sus negocios!
Esto se suma a las malas condiciones en que se encuentra el personal de salud por los ritmos de trabajo extenuantes, lo que se refleja en el gran número de compañeras y compañeros licenciados por enfermedades cardíacas, respiratorias, autoinmunes, etc. Lo que agrava la necesidad de contratar de forma urgente más personal, una demanda que viene desde hace tiempo y en la que se encuentran negativas por parte de los directivos del Hospital, como fue el caso de la Dirección de Enfermería en los últimos meses. Exigimos la reincorporación de los cesanteados. Además, la inmediata incorporación de trabajadores y trabajadoras de enfermería, ayudante de servicios y médicos, considerando en poner Residentes médicos y de enfermería recién egresados y el nombramiento de estas camadas y de anteriores, garantizando todos los Derechos Laborales y un Salario Digno.
El bono de $5 mil que otorga el gobierno nacional es una miseria para la exposición que estamos teniendo los Trabajadores de la Salud y refleja el retraso Salarial, consideramos que tiene que ir al básico. Es necesario un Aumento de Salario para todo el equipo de salud, que esté indexado de acuerdo a la inflación, con un salario mínimo inicial igual a la canasta familiar.
Todo esto lo sabemos porque en el Garrahan venimos realizando un relevamiento por sector y esta semana vamos a llamar Asamblea por Sala, Sector o Turno en la que se va a votar delegados y poder unificar una pelea de conjunto.
Los Trabajadores de la Salud no tenemos superpoderes, necesitamos los materiales para la protección para cuidarnos y cuidar a quien necesita. Exigimos de forma urgente KITS de protección necesaria de acuerdo a lo que recomienda la OMS, test para el personal de salud y mayor contratación de personal. Sabemos que plata hay, este martes se realiza un pago de US$250 millones en concepto de deuda, 9 veces más que la partida extraordinaria en salud. Nos parece que ese dinero debe utilizarse de forma urgente para aumentar el presupuesto de salud, esas son las prioridades y no los especuladores. Decimos que para que también haya una eficiente atención a los pacientes la unificación del Sistema de Salud Público al privado en un único servicio estatal bajo control de los Trabajadores, para que haya atención gratuita para todos los contagiados. Los laboratorios, empresas de barbijos, al igual que las empresas químicas que producen elementos sanitarios (como lavandina, jabón, etc.) también deberán ser declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación.
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Asamblea en la puerta del Hospital Escuela Eva Perón..!!
Por los Equipos de Protección Personal que corresponden para TODOS los Trabajadores..!!
-Pase a planta ya, equiparación Salarial y pago de los bonos y aumentos para todas las categorías y todos los trabajadores.
-Incorporación de Personal bajo condiciones de estabilidad y seguridad laboral.
-Salario mínimo igual a la canasta Familiar.
-Eximición del pago de Transportes.
-Por comités de Trabajadores en todos los lugares de Trabajo con poder de decisión para controlar las condiciones de bioseguridad.
-Cuarentena no es Paro. Que los sindicatos convoquen a plenarios de delegados con mandatos de las bases para resolver un plan de lucha frente a la enorme crisis Sanitaria y Económica que estamos padeciendo los Trabajadores.
Junta Interna ATE Hospital Granadero Baigorria
Comité de Trabajadores HEEP
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Mirgor amenaza: si no le levantan la cuarentena, despide a los 745 trabajadores
La empresa de NIcolás Caputo sujeta la permanencia de los operarios a que le permitan producir celulares y televisores en Tierra del Fuego, para lo cual su fabricación debería pasar a ser «esencial». Sólo el año pasado la firma recibió 180 millones de dólares en exenciones impositivas en esa provincia.
Por Randy Stagnaro
Las negociaciones llevadas adelante en Tierra del Fuego entre los funcionarios del gobierno de esa provincia, los ejecutivos de la empresa Mirgor y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dejaron en claro la posición de la firma: si el gobierno nacional no le levanta la cuarentena en sus plantas fueguinas, mantendrá los despidos de los 745 trabajadores a los que ya puso en situación de disponibilidad el lunes pasado.
En los diálogos desarrollados desde principios de la semana quedó en claro el objetivo de la empresa: que el gobierno nacional incluya la producción de celulares y televisores dentro de las actividades «esenciales»; de lo contrario, mantendrá los despidos.
«La empresa propone una reincorporación paulatina si se aprueba un protocolo especial para producir celulares durante la cuarentena» provocada por la pandemia de coronavirus, detalló a Télam el ministro de Trabajo fueguino, Marcelo Romero, quien agregó que así lo dio a conocer el CEO de Mirgor, José Alonso.
Romero indicó que la idea de Mirgor, cuyo accionista principal es Nicolás Caputo, «hermano de la vida» del expresidente Mauricio Macri, es lograr que el gobierno nacional declare como actividad «esencial» a la fabricación de teléfonos celulares y televisores, y que el gobierno de la provincia autorice esa producción en el marco de un protocolo de cuidados sanitarios.
«En esas condiciones, (Mirgor) iría tomando a los trabajadores cuyos contratos se vencieron. Nuestra postura fue que el protocolo debe ser avalado por el Comité Operativo de Emergencia que formó la provincia para enfrentar la crisis del coronavirus», afirmó Romero.
Según el ministro, la otra posibilidad es que desde Buenos Aires se levante la cuarentena para la producción industrial (o un sector de ella) antes del 13 de abril.
Si no se le levanta la cuarentena, Mirgor mantendría los despidos de 220 empleados vinculados mediante contratos basura conocidos como Personal de Prestación Discontinua (PPD), mientras que a los 525 restantes, contratados bajo la modalidad de «plazo fijo», les mantendría la relación laboral sólo por abril.
Ambas modalidades de contratación forman parte de lo que se conoce como conttratos basura, una flexibilidad laboral instaurada en los años 90 y que se mantiene vigente hasta ahora.
180 millones de dólares en exenciones impositivas
Mientras tanto, los reclamos a Mirgor abundaron en Tierra del Fuego. Martín Pérez, intendente de Río Grande, ciudad en la que Mirgor tiene las plantas en la que se plantean estos despidos, pidió «más responsabilidad y solidaridad» a los dueños de la firma.
«No puede ser que en las horas más difíciles, la empresa que más ha ganado en los últimos cuatro años nos de la espalda a los riograndenses. Mirgor tiene que ser más solidaria con la ciudad, como la ciudad lo ha sido con la empresa», dijo el intendente.
Pérez reveló que el año pasado Mirgor «facturó no menos de 1.000 millones de dólares, según balances presentados en la Comisión Nacional de Valores, y sólo en beneficios del régimen (de promoción industrial vigente en la provincia) recibió 180 millones de dólares».
«Los que han obtenido excelentes ganancias en el apogeo de la promoción industrial, hoy más que nunca tienen que ser responsables y solidarios», insistió el intendente al solicitar a la empresa que «revea este tipo de medidas y sostenga los puestos de trabajo de los que dependen 745 familias».
En el ambiente del derecho legal se discutía si los despidos de Mirgor están incluidos dentro de la prohibición que plantea el decreto de necesidad y urgencia 329⁄2020 que entró en vigor el 1 de abril y prohíbe los despidos y suspensiones por causa de la pandemia.
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Este viernes empieza la transferencia de fondos y reabren los bancos
Cómo es el cronograma de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia, jubilaciones y seguro de desempleo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 tendrán acreditados los 10.000 pesos del IFE desde este viernes. Los jubilados que no pudieron cobrar el haber de marzo podrán ir a los bancos.
Imagen: Guadalupe Lombardo
La Anses informó que este vienes comenzará a pagar los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE). Las sucursales bancarias reabrirán por ese motivo, pero solo para atender a quienes no puedan cobrar por cajero automático. Lo mismo sucederá con el pago de jubilaciones y pensiones de marzo cuyos beneficiarios hayan tenido problemas para obtener el dinero, ya sea por carecer de tarjeta de débito, se les haya bloqueado o no sepan cómo utilizarla.
AUH y AUE
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo comenzarán a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos. Para facilitar el cobro y evitar aglomeraciones, los titulares cuyos documentos de identidad terminen en 0, 1, 2 y 3 tendrán el dinero acreditado en sus cuentas este viernes 3. A partir del sábado 4 y en el curso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE (con todas las terminaciones de documento) tendrá acreditado el IFE de 10.000 pesos en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos en el momento en que lo deseen a partir de su acreditación durante esos dos días. En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las sucursales bancarias el lunes 6. Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 podrán hacerlo el martes 7 en los bancos.
Jubilaciones
En el caso de los jubilados y pensionados, podrán asistir a los bancos desde este viernes aquellos que no hayan cobrado el haber de marzo a causa de la cuarentena o por no tener la tarjeta de débito, se les haya bloqueado o no sepan utilizarla. La recomendación de la Anses es que aprovechen la visita al banco para resolver esa situación y empiecen a cobrar con tarjeta de débito.
Por otra parte, el calendario de pagos de abril se mantiene como estaba establecido, el cual arranca el miércoles 8. Ese día se pagará a quienes tienen DNI con terminación en 0. Luego el jueves 9 y viernes 10 son feriados. Los beneficiarios cuyo DNI termina en 1 cobrarán el lunes 13 y así sucesivamente hasta el jueves 23 con el último turno para DNI finalizado en 9.
Seguro de Desempleo
La Anses informó que el seguro por desempleo podrá cobrarse en bancos a partir de este viernes sin cronograma de cobro por número de documento.
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Acusaciones cruzadas entre trabajadores de Sanidad y el Hospital Italiano por el contagio de cinco empleados
Delegados de los trabajadores del Hospital Italiano denunciaron «negligencia» por parte de la patronal. El directorio, por su parte, asegura haber llevado adelante en forma tajante los protocolos oficiales.
Integrantes de la comisión interna que representa a los trabajadores del Hospital Italiano denunciaron que cinco empleados de ese nosocomio privado habrían contraído CoVid19 como resultado de “negligencia” de la patronal.
Es que, aseguraron, las autoridades “desestimaron todas las advertencias que les hicimos: le negaron licencia a una trabajadora que vino de viaje; demoraron muchos días los testeos y en aislar el servicio de laboratorio donde hubo casos positivos”. Para los trabajadores la actitud se explica por el afán empresario de “seguir facturando sin importar las consecuencias”.
César Latorre, delegado general del Hospital señaló a Tiempo que “hay 5 trabajadores infectados y los casos se multiplican por negligencia de la gestión del Hospital”.
Ante la denuncia gremial, la entidad emitió un comunicado en el que reconoce el contagio de los cinco empleados aunque asegura que “hemos seguido en todo momento el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires de COVID-19 tanto para la persona mencionada (la primera contagiada), como para las otras dos personas consideradas como contacto estrecho, a las cuales contactamos esa misma noche y les indicamos el aislamiento domiciliario, tal como lo establecen el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires”.
Latorre dijo que, en rigor, la empresa que gestiona el hospital “cometió tres negligencias: nosotros les dijimos que le dieran licencias a todos los que venían del exterior y la primera compañera contagiada vino dos veces a trabajar hasta que le dieron licencia, pero por faringitis. La segunda negligencia fue cuando una compañera que se sentaba al lado de ella se hizo el test y también le dio positivo. Pero la empresa no lo informó a los trabajadores recién hasta el día hábil siguiente, que fue el miércoles 25”.
El representante gremial señaló que “nosotros hicimos la denuncia y exigimos que le hicieran test a todos los trabajadores pero, como cuestan muy caros, se los hicieron recién el viernes”.
El director del Hospital Italiano, Marcelo Marchetti, envió un audio dirigido a los empleados de la entidad y al que tuvo acceso Tiempo en el que insiste en que la entidad acató las resoluciones oficiales y que “las modificaciones de las medidas se adaptan a las necesidades de cada momento”.
Latorre señaló que, hasta el momento, los casos positivos confirmados son cinco pero faltan los resultados de los testeos del viernes 27. Por último, concluyó: “Hicieron todo mal. Juntaron la gente que se estaba haciendo el testeo con los que se vacunaban contra la gripe, en el mismo laboratorio!”, se indignó.
El delegado gremial insistió en que “desde el 10 de marzo dijimos a la empresa que se tomaran recaudos. Que se garantizaran las cuarentenas de los empleados que venían del exterior y que, por ejemplo, se suspendieran los servicios ambulatorios. Si se hubiera hecho lo que decíamos nosotros, esto no hubiera pasado”. Por eso explica que ahora “pedimos testeos para todos los trabajadores y la integración de los representantes gremiales en el comité de crisis porque, si nos hubieran escuchado, esto se habría evitado”.
Marchetti, la principal autoridad del Hospital, en el audio que envió a los trabajadores, tácitamente descartó esa posibilidad al señalar que “serán los especialistas los que determinen los pasos a seguir. No es tiempo de egoísmos o de buscar ventajas. Cada uno de nosotros debe ser responsable de las versiones y denuncias infundadas o maliciosas respecto de la situación de los trabajadores del equipo de salud”.
Pero además, la denuncia puso de relieve una problemática que venían denunciando los gremios médicos de todo el país y que es la falta de cobertura que las ART deberían dar para casos de CoVid19 entre los trabajadores contagiados.
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A pesar del DNU que los prohíbe
25 despidos en el Teatro Colón
El Gobierno de la Ciudad tiene una deuda de seis meses con Eternautas, la empresa en la que terciarizó el servicio de guías, y que envió los telegramas «porque no había otra». En el GCBA admiten la deuda; los despedidos piden la intervención del Ministerio de Trabajo.
Por Paula Sabatés
Uno de los telegramas recibidos por los trabajadores el jueves.
El primer día de la extensión de la cuarentena obligatoria llegó con la peor de las noticias para el mundo cultural: veinticinco guías terciarizados del Teatro Colón (es decir, la totalidad del área) fueron despedidos por la empresa que los contrataba, que adujo deudas de meses del propio Gobierno de la Ciudad. En el contexto del teatro cerrado, les mandaron carta documento y un mail que decía que no podían continuar con la relación laboral y que ponían a disposición la liquidación por la indemnización. A raíz del decreto del gobierno nacional que prohíbe las cesantías y suspensiones por 60 días, les trabajadores solicitaron formalmente la nulidad de los despidos y están a la expectativa de la respuesta del Ministerio de Trabajo, que en las últimas horas llamó a conciliación obligatoria en casos similares.
La relación de la empresa, el teatro y los trabajadores comenzó en 2011 con la polémica y demorada reapertura del Colón, en plena gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. En ese momento quien se encargaba del servicio de guías era la Fundación Teatro Colón, una institución sin fines de lucro ligada al teatro que para tal fin contrató a una empresa de turismo reconocida en su sector. Se trata de Eternautas (ese es su nombre comercial) y se destaca por el enfoque histórico de los recorridos que ofrece desde 1999. Prestó servicios a la Fundación hasta que hubo un quiebre entre ésta y el teatro y este último llamó a una licitación. Fue en 2014 y, equipo armado y expertise mediante, Eternautas concursó y ganó, accediendo a un contrato directo con el gobierno de la Ciudad.
Desde entonces la empresa está a cargo de los coordinadores y los guías, caras visible del teatro y trabajadores esenciales para el área de visitas, una de las que más recauda en todo el Colón. Aunque en los últimos meses, ya con varias licitaciones vencidas, la relación de la empresa con el Estado se transformó y en la actualidad se da a través de órdenes de compra que se renuevan mes a mes. El problema está, según explica la empresa, en que el Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta le debe seis meses de canon, razón por la cual tomó la decisión de despedir, según argumentó. Consultados por este diario, sus dueños negaron además recibir un proporcional de las entradas vendidas en el marco de las visitas guiadas, algo que había trascendido en las últimas horas.
El problema tiene, entonces, dos caras. Por un lado están los trabajadores que se quedan sin su fuente de ingresos en plena pandemia y que consideran que los despidos son ilegales dado el contexto, y que les tienen que seguir pagando igual. Por otro la firma, que asegura que se hará responsable de lo que por ley le toque como parte empresaria pero que alega que no puede «seguir cubriendo al Gobierno de la Ciudad”. ¿Qué dice este último? Que la deuda de meses efectivamente existe, que iba a pagarse en dos tramos en los últimos días de marzo pero que la pandemia obligó a desviar esos fondos a la cartera de Salud y que “cuando termine todo sin dudas se va a pagar”. Eso es al menos lo que indicaron a este diario fuentes cercanas al Colón. Claro que la cosa no puede esperar.
“A nosotros quien nos despide es la empresa, que es quien nos contrató. No sabemos si tiene que ver con una puja con el teatro o si como es una empresa de turismo ven que su actividad en general no va a repuntar. Como sea, sabemos que el teatro le debe varios meses pero por contrato tienen que tener espalda, por lo cual está contemplado que nos tienen que pagar igual”, sostuvo a Página/12 uno de los despedidos. “Nuestra intención es que el Ministerio de Trabajo nos de la razón y declare que despedir así y ahora es un acto ilegal”, sentencia.
“No había otra”, dice a este diario Lucas Rentero, co-fundador y director de Eternautas junto a Ricardo Watson, quien firmó los telegramas de despido. “No puedo seguir pagando sueldos ni cubriendo al teatro, tengo un rojo de seis meses, previos incluso a que el Colón decidiera cerrar por la pandemia”, cuenta el empresario, que apunta que la cláusula a la que refieren los trabajadores ‑esa que indica que deben pagar aún teniendo deudas- estaba efectivamente en los pliegos de licitación pero no en las órdenes de compra, la actual modalidad de contratación. “Esta decisión es la ultima que queríamos tomar. El Gobierno de la Ciudad tendría que hacerse cargo porque nosotros lo hicimos durante meses. Las deudas que tienen con nosotros no es algo de ahora, son cosa de años. Les vengo avisando que esto es un problema que tienen que solucionar, me prometieron que iban a pagar y no lo hicieron. Yo también me quedo sin empresa”, sentencia.
Además del panorama desesperante de les trabajadores, la situación pone de manifiesto una vez más la modalidad de terciarización, cuestionada ampliamente en el mundo laboral y responsabilidad tanto del Estado como de la empresa. Subyace la pregunta sobre por qué el teatro público con más presupuesto de la Ciudad hace años terciariza un servicio básico como el de guías y coordinadores, que si bien no están afectados a los espectáculos, son el nexo entre la institución y los visitantes y los colegios, además de los encargados de visibilizar ese patrimonio cultural nacional. También obliga a prestar atención a todas las modalidades de contratación dentro del teatro, conocido por su amplísima e inconcebible precarización. En diálogo con este diario, de hecho, los trabajadores despedidos contaron que están en comunicación con otros sectores del teatro y que varios de ellos refirieron haber recibido aprietes y pedidos de renuncia en los últimos días, en el marco del asilamiento social. “La situación es desde siempremuy irregular en todo el teatro”, contaron.
En las próximas horas, por lo pronto, el ministerio de Trabajo deberá responder si hace lugar al pedido de nulidad de los despidos, tal como sucedió con el caso Techint y la editorial Publiexpress, entre otros. También deberá repensar la empresa si, tal como reza el referido DNU, se dispone a “garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable en aras de preservar la paz social” o si por el contrario insiste en la medida unilateral. “Nosotros ya mandamos los telegramas y nos estamos organizando entre nosotros en comisiones y con el sindicato de Comercio. También estamos en diálogo con la planta permanente del teatro. Nuestro objetivo, conociendo en DNU del gobierno, es que se declare pronto la nulidad”, cuentan les trabajadores, que se encuentran en estado de alerta hasta que se revierta la situación.
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Organizaciones sociales denuncian que la pandemia agrava la pobreza y la desigualdad social en el país
Organizaciones sociales del Frente de Lucha Piquetero denuncian que la pandemia agrava la pobreza y la desigualdad social en el país. Reclaman la provisión de agua potable en asentamientos y villas de emergencia; fumigacion y descacharramiento de basurales y descampados; provisión de elementos de higiene para los comedores populares; barbijos, guantes, cofias, batas descartables, alcohol en gel, lavandina, desinfectante en aerosol y repelente; provisión de kit de higiene a la población vulnerable en los barrios más pobres; aumento de las partidarias alimentarias para los comedores populares; la extensión de la tarjeta alimentaria a toda persona desoccupada con hijos de hasta 18 años de edad; la prohibición de despidos y suspensiones; la apertura de programas sociales; la duplicación de los montos de los programas; la creación de un seguro por desocupación de 30 mil pesos; el “control obrero-vecinal de la ayuda social y la distribución de los recursos”; y no pagar de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender la emergencia. Por ANRed.
En el comunicado, emitido el 29 de marzo, las organizaciones integrantes del Frente de Lucha Piquetero denuncian que “la pandemia que está conmoviendo al mundo entero, está haciendo estragos entre los trabajadores y las trabajadoras más pobres”. En la misma línea, sostienen: “los/as precarizados/as, eventuales y trabajadores/as no registrados/as se han quedado de un día para el otro sin sus ingresos y se ha multiplicado la desocupación y la pobreza. Los anuncios del Gobierno Nacional de ayuda excepcionales son menos que un vaso de agua en el desierto en medio de la crisis sin precedente”, remarcan y agregan: “para los desocupados/as con algún plan social de 8500$ se paga un bono de 3000$ por única vez, cuando el ingreso de los planes ha disminuido sólo el año pasado un 20% y en lo que va de este han perdido su poder adquisitivo en un 10% más, lo que se ha agravado por los aumentos criminales de los alimentos y artículos de higiene y limpieza de los últimos días“.
En cuanto a los 10 mil pesos en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia anunciado por el gobierno de Alberto Fernández, sostienen que “como ayuda para todo el mes son menos que la canasta de indigencia, y excluyen a los que tienen planes sociales en el grupo familiar, es decir que una familia que tenia un ingreso miserable de un plan sera excluida del IFE aunque su pareja haya quedado sin trabajo”. Además señalan que “recién se empezará a cobrar a mediados de abril”, lo que consideran “una eternidad para los que hoy no tienen para comer”.
También denuncian que el refuezo alimentario anunciado por el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo “no se ha concretado luego de una semana de la cuarentena, no llegan elementos de higiene y de elementos sanitarios ante el contagio ni para los comedores ni para las personas que no tienen recursos, ni siquiera se a abastecido de agua potable para barrios que tienen una canilla colectiva”.
Como contraparte, destacan que “en lo que sí se ha sido rápido el gobierno fue para desplegar un enorme operativo represivo conjunto en los barrios no precisamente para cuidar la cuarentena”. En ese sentido, denuncian que “las fuerzas represivas están siguiendo precisas instrucciones gubernamentales para amedrentar, humillar, torturar , balear y reprimir a los/as trabajadores/as que viven en los barrios más pobres, para evitar que vecinos/as se organicen y reclamen la ayuda imprescindible que no llega”. Estos hechos, consideran, “no se trata de exceso o de algún milico desbocado, es un plan para evitar que la bronca popular tome forma de protesta y de rebelión ante el abandono del Estado”.
En este marco, el ministro Arroyo convocó a una reunión con actores sociela para constituir un Equipo de Emergencia. Allí estuvieron, según informaron varios medios, representantes de cultos, intendentes y “organizaciones intermedias”. Sobre este hecho, desde el Frente de Lucha Piquetero remarcaron: “se convoca a unos y se excluye a otros, como el Frente de Lucha Piquetero, y casi todas las demás organizaciones que están por fuera de la UTEP, antes llamado triunvirato de San Cayetano. Dejan afuera a nuestro frente porque saben que somos un factor de cuestionamiento hacia sus políticas de fondo. El ministro no escucha. De hecho nunca se reunió con nuestro frente, y tiene que dar respuestas concretas para los que no pensamos igual que los oficialistas y que tenemos un programa y propuestas ante la emergencia”.
En este contexto, las organizaciones reclaman: provisión de agua potable en asentamientos y villas de emergencia; fumigacion y descacharramiento de basurales y descampados; provisión de elementos de higiene para los comedores populares; barbijos, guantes, cofias, batas descartables, alcohol en gel, lavandina, desinfectante en aerosol y repelente; provisión de kit de higiene a la población vulnerable en los barrios más pobres; aumento de las partidarias alimentarias para los comedores populares, “para hacer frente al aumento de la demanda ante la desocupación y la caída de la actividad económica”; extensión de la tarjeta alimentaria a todos/as los /as desocupados/as con hijos de hasta 18 años de edad; la prohibición de despidos y suspensiones; la apertura de programas sociales para desocupados/as; la duplicación de los montos de los programas; la creación de un seguro para los desocupados/as 30.000 $ indexado por costo de vida; el control obrero-vecinal de la ayuda social y la distribución de los recursos; y reclaman por el “no al pago de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender la emergencia”.
El Frente de Lucha Piquetero está integrado por el Polo Obrero, el MTR Histórico, el MTR Votamos Luchas, CUba MTR, M.I.DO., MAR, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re., Agrupación Armando Conciencia, RUP y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, FDU, BUEL, A Trabajar, la Agrupación 17 de Noviembre y M.V. y J.S.
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Dos aeronavegantes se contagiaron de Coronavirus en los vuelos de repatriación
Así lo confirmó el gremio de Aeronavegantes. Ambos habían participado de tripulaciones en los vuelos de repatriación de Argentinos y se encuentran en aislamiento y asintomáticos.02/04/2020 13:27:00
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo Brey, informó hoy que, producto de la participación de sus representados en los vuelos de repatriación de ciudadanos argentinos en el exterior, en el marco de la pandemia de COVID-19 (Coronavirus), «sólo tenemos un total de dos compañeros que han dado positivo en el Test de COVID-19, quienes hoy se encuentran asintomáticos y en su casas, en óptimas condiciones de salud», señaló Juan Pablo Brey, secretario General, en relación a ambos casos que están incluidos dentro de las estadísticas oficiales.
Así el gremio realizó un balance de los vuelos de repatriación, confirmando el saldo de dos Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) contagiados y ya asintomáticos, el cual se pudo dar «producto de los cuidados y el profesionalismo con que hemos actuado», y agregaron: «hemos acompañado a cada caso sospechoso y estuvimos en contacto permanente con los casos positivos en absoluta confidencialidad».
«Desde el minuto cero que inició esta pandemia, estamos comprometidos con la cuestión humanitaria y con cada uno de nuestros compañeros. Exigimos las condiciones sanitarias adecuadas para realizar los vuelos de repatriación y los vuelos de cabotaje», sostuvo Brey, quien también es secretario de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
«Acompañamos a cada compañero y compañera con su situación particular. Hemos sido orgullosamente parte la mayoría de nosotros, de vuelos de repatriación. Tomamos decisiones día a día para que las condiciones actuales de vuelo sean en el marco de mayor seguridad posible frente este escenario imprevisto y nunca antes vivido», enfatizó el sindicalista.
El comunicado se emitió tras la reunión de Comisión Directiva que el gremio mantuvo a través de la plataforma Zoom. Allí Brey reconoció que «el sector aeronáutico se encuentra en una crisis sin precedentes, y las empresas aerocomerciales que operan en el país no son ajenas a ella», y expresó que como gremio «tenemos enormes desafíos para sobrellevar el presente, teniendo ante nosotros un futuro incierto».
«Estaremos como siempre al lado de cada necesidad ya sea colectiva e individual para superar esta crisis más fortalecidos que nunca», concluyó.
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Oportuncrisis para Flybondi: recortará 30% los salarios e incorporará flexibilidad laboral
Lo acordó con el gremio que había aprobado el macrismo exclusivamente para la empresa. Se recortarán los salarios en un 30% por los próximos 3 meses y se incorporarán cláusulas de flexibilidad.02/04/2020 15:25:00
La crisis económica y sanitaria que vive el país dejó a las líneas aéreas prácticamente paralizadas. Sin viajes al exterior por la pandemia y con las restricciones para los vuelos de cabotaje, las aerolíneas viven uno de los peores momentos de su historia reciente.
La situación derivó en una negociación interna de la low cost Flybondi con el gremio de empresa que había aprobado el macrismo para facilitarle el funcionamiento en el que recortarán salarios e incorporarán cláusulas de flexibilidad para sus empleados.
Según pudo saber InfoGremiales, Flybondi le recortará un 30% los salarios a sus empleados por los próximos tres meses. Eso firmó con la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Líneas Aéreas y presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Además se incorporaron una serie de cláusulas de flexibilidad laboral, un viejo anhelo de la empresa amarilla que tuvo que ir posponiéndose en el tiempo, a cambio de no destruir puestos de trabajo en el mismo lapso.
El acuerdo llega horas después de que se conociera la decisión unilateral de LAN de reducir los salarios de su personal en un 50% por el próximo trimestre y muestra el estado de excepción que se vive entre los aeronáuticos.
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Presiones de La Salteña para que vuelvan a trabajar los mayores de 60
La firma del Grupo Molinos comenzó a presionar a los empleados mayores de 60 años, que deben mantener la cuarentena, para que vuelvan al trabajo. La comisión interna respondió con un quite de colaboración.02/04/2020 17:17:00
La tradicional fábrica de pastas, tapas para tartas y tapas para empanadas, La Salteña, comenzó a intimar con el fin de marzo a sus empleados mayores de 60 años para que vuelvan a trabajar. A pesar de la extensión de la crisis sanitaria y de la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio, les pedía que se presenten en sus puestos de trabajo.
La reacción de los empleados, quienes no pertenecen a los grupos de riesgo y mantienen la producción desde mediados de marzo, fue unánime. Se negaron, marcaron la ilegalidad del pedido empresarial y respondieron con un quite de colaboraciones.
La Salteña, que emplea unos 450 operarios, fue comprada el año pasado por Molinos Río de la Plata, del holding Perez Companc por lo que forma parte de una de las empresas líderes del sector alimenticio nacional, con fuerte inserción en el mercado y gran capacidad de exportación.
Según pudo saber InfoGremiales, el mismo pedido se había realizado desde la gerencia hacia los trabajadores de Molinos y por estas horas mantienen charlas y negociaciones con los empleados. Fuentes cercanas a la empresa reconocieron estar en negociaciones particulares.
«En Molinos todavía no empezaron con medidas de fuerza. Están discutiendo con la empresa», explicó una fuente del sector sindical. Además remarcó que fue la protesta en La Salteña la que generó el efecto contagio en la planta de Molinos donde cumplen tareas otros 350 empleados.
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Garbarino: Los trabajadores rechazan que la empresa les pague apenas el 30% del sueldo
Los empleados se encuentran en alerta por la decisión de la empresa de venta de electrodomésticos. Desde el gremio no descartan que se trate de una maniobra para recibir «una mano» del gobierno.
Por Federico Trofelli – @FedeTrofelli2 de Abril de 2020
En el peor contexto posible, los trabajadores de Garbarino no saben si van a poder contar con la totalidad del sueldo el lunes próximo, cuando se cumpla el plazo máximo para que la histórica empresa de venta de electrodomésticos deposite los salarios. Es que Carlos García, el presidente de la firma, a través de una nota informal le pidió “disculpas” a todos los empleados porque solamente podrán “abonar una porción del sueldo”. Se trata de unas 4500 familias, en 200 sucursales de todo el país, que están en vilo.
“Ya atravesamos varias crisis juntos, esta que nos toca ahora es particularmente complicada y prolongada –desde 2018- porque se sumó la cuarentena obligatoria por el coronavirus”, arranca la misiva firmada por García, en la que se excusa: “El único camino para poder lograr los fondos necesarios para completar el pago de sueldos y cuidar la fuente de trabajo de todos nosotros, es vender todos los productos que podamos vía consignación y/o Marketplace, ya que actualmente son las dos únicas herramientas disponibles para vender”.
Javier Valenzuela, el abogado del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (SEOCA) reconoció a Tiempo que “Garbarino, como muchas empresas que dependían de manera central de la financiación, quedó herida de muerte durante el gobierno macrista” y en este caso, desde hace meses que los dueños de la firma estarían buscando venderla: “La empresa venía en caída libre, y si bien ellos aseguraban estar en cesación de pagos con los proveedores, esto nunca fue blanqueado por lo que podría ser utilizado para mejorar su posición ante las negociaciones con esos mismos proveedores”.
Por su parte, Érica Salazar, delegada del SEOCA en la casa central que Garbarino tiene en Morón, una de las siete sucursales que la empresa tiene en la región, explicó: “Estamos al tanto del proceso de venta. Todos los meses nos veníamos reuniendo para analizar la situación con la empresa y el pago de sueldos siempre estuvo garantizado. Nos suena sugestivamente oportuno, que en esta situación de emergencia se decida de un día para el otro dejar de pagarnos”.
“Es el peor momento para nosotros. Los trabajadores estamos preocupados, angustiados y nos sentimos desamparados. Afortunadamente tenemos al gremio, los medios y las redes sociales que nos acompañan, porque por la cuarentena no podemos ni siquiera manifestarnos en la calle, estamos muy limitados”, continuó Salazar quien hace 13 años que está vinculada a Garbarino.
“No descartamos que se trate de una crisis autoprovocada para recibir asistencia del gobierno”, analizó Valenzuela quien subrayó que de esta manera “la empresa buscaría oxígeno a través de los REPRO, por los cuáles el Estado se haría cargo de una parte de los salarios”.
Salazar, en tanto, destacó: “La conclusión que sacamos es que la empresa nos obligó a nosotros a visibilizar este problema para que interceda el gobierno. Es muy cínico. Vivimos al día, de nuestro salario y hay muchos que no van a poder comer si no pagan todo el sueldo”.
Consultado por este medio, Rubén Ledesma, el secretario general de SEOCA, aseguró que por esta situación mantiene diálogo constante con el resto de los referentes de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que encabeza Armando Cavalieri, y adelantó que “si para el cuarto día hábil no pagaron la totalidad de los sueldos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan cobrar. Es momento de que los empresarios se comporten de manera responsable y solidaria”.
¿Las empresas no pueden echar, pero sí suspender?
El abogado del gremio describió que gracias al DNU 392 las empresas no pueden echar a los trabajadores argumentando causas de “fuerza mayor”, sin embargo muchas “se agarraron del artículo 223 Bis, que fue exceptuado, que habilita al empleador a suspender una parte del sueldo bajo la anuencia del sindicato y el ministerio de Trabajo. Pero eso no está ocurriendo. Nos llegaron casos de empresas textiles o fábricas de electrodomésticos, que debieron cerrar las persianas, que lo están haciendo de manera unilateral”.
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Acordaron el congelamiento de los aranceles en la enseñanza privada
La iniciativa surgió de la negociación que estaban manteniendo el Ministerio de Educación con los representantes de las escuelas privadas para paliar los efectos de la pandemia sobre la economía.
Las cuotas de los colegios privados quedarán congeladas, según el punto saliente de un acuerdo al que llegaron hoy la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires con las asociaciones que agrupan a las instituciones de enseñanza privada.
La información fue difundida a Télam por fuentes del Ministerio de Educación, luego de una serie de reuniones y contactos mantenidos en el marco de la prevista merma de ingresos de múltiples familias a causa de las restricciones forzadas por la pandemia de coronavirus.
Los informantes dijeron que el acuerdo consta de nueve puntos, entre los cuales figura también el diferimiento del pago de un porcentaje de esos aranceles.
El acuerdo fue firmado esta tarde por el ministro Nicolás Trotta; y por los titulares de las carteras de Educación de las 24 jurisdicciones en nombre del Consejo Federal de Educación.
Por el ámbito de la enseñanza privada suscribieron Rodolgo de Vincenzi, por la Confederación de Asociaciones de Colegios Privados (CAIEP); Norberto Baloira, por Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP); José Alvarez, por el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) y Martín Zurita, por la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA/JUNEP).
Según el Ministerio nacional, «la realidad de cada una de las 24 jurisdicciones, y dentro de cada una de ellas la de las escuelas de gestión privada y su comunidad educativa, es diferente, presenta particularidades y demanda enfoques diferenciados para atender las necesidades de las familias, de los docentes y no docentes, y de las propias instituciones».
Así, «coincidiendo en los principios de solidaridad, compromiso, sensibilidad responsabilidad y esfuerzo compartido, se alcanzaron los siguientes acuerdos entre la Nación, los estados provinciales, la CABA, y las asociaciones que nuclean a las instituciones de enseñanza privada», que se detallan a continuación:
El detalle del acuerdo:
– Preservar las fuentes de trabajo de los docentes, no docentes, auxiliares y personal directivo de las escuelas de gestión privada, asegurar el pago de los salarios, garantizar el derecho a la educación y adecuar las condiciones de trabajo remoto, en caso de que fuera necesario, para preservar la salud de trabajadores/as y estudiantes.
– Congelar el valor de los aranceles hasta que concluyan las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio; y retrotraer los aumentos que se hubieren producido con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto N° 260⁄2020.
– Suspender la facturación o aplicar descuentos en los accesorios al arancel que respondan a servicios directos interrumpidos (ej. comedor) u otros servicios extra escolares.
– Diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje del total del arancel, facturado para meses subsiguientes en favor de quienes no puedan afrontarlo, tomando como máxima referencia las necesidades para garantizar el pago de sueldos, cargas sociales y gastos ineludibles para el sostenimiento del Plan de Continuidad Pedagógica.
– Flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de los vencimientos de pago de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses) y suprimir las multas y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio.
– Abstenerse de aplicar medida restrictiva alguna al acceso a las herramientas de aprendizaje por cuestiones vinculadas al pago de los aranceles.
– Atender situaciones familiares especiales, con la posibilidad de otorgar becas y ayudas transitorias conforme a la realidad de las familias y de cada institución.
– Analizar la estructura de costos y los ahorros posibles sosteniendo las erogaciones esenciales, a fin de disponer, cuando ello sea posible, un descuento en los aranceles; manteniendo la remisión de información conforme a la normativa aplicable.
– Implementar estas medidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y, una vez concluido, por un plazo idéntico al transcurrido en tal situación.
«El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifican que continuarán adoptando medidas que acompañen en la crisis al sector, tales como las de carácter general ya dispuestas, y otras de impacto directo en el sector educativo de gestión privada», agregó la cartera educativa.
«En tal sentido el Decreto P.E.N. N° 332⁄2020 y la Comunicación “A” 6948 del B.C.R.A. con relación a la reducción del pago de contribuciones previsionales e impuesto a los créditos y débitos; pago de FONID y suma extraordinaria a las y los docentes; o facilidades para acceder a créditos; entre otros que pudieran implementarse conforme a la evolución de la pandemia», agregó la información oficial emitida esta tarde.
De Vincenzi había asegurado hoy que «las instituciones tienen un porcentaje del arancel cuyo pago puede ser diferido a meses subsiguientes», y que eso podía ser «una posible solución».
También recordó que el miércoles, por ayer, «hubo una reunión entre el ministro de Educación y las asociaciones que representamos a los colegios privados a nivel nacional. Le manifestamos nuestro apoyo a las medidas que viene tomando el Gobierno nacional de cara a la pandemia y después nos metimos de lleno a tratar el impacto económico que tiene sobre la comunidad educativa a la que nosotros representamos, de más de 17.000 escuelas en el país».
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Las ART buscan artilugios para no asistir a trabajadores que contraigan coronavirus
Una disposición «exoneraría» a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y pone en riesgo a las empresas privadas, pero ya presentaron los primeros amparos ante la justicia laboral para que las ART contemplen al COVID-19 como enfermedad laboral.02/04/2020 11:17:00
La disposición 5/2020 del 27 de marzo, que se publicó en el Boletín Oficial, exceptúa a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo de asistir a los empleados que eventualmente contraigan Covid-19 por tratarse de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y no de una enfermedad propia de cada sector laboral.
El tema sobre el que llama la atención el abogado Nicolás Schick en diálogo con El Sol, es que si bien hay una gran cantidad de trabajadores que cumplen la cuarentena, están quienes deben seguir cumpliendo sus labores. Para estos casos, la disposición emite recomendaciones generales para la prevención en el ámbito laboral, pero el riesgo existe igual.
«Las ART no se hacen cargo de la asistencia ni de la provisión de los materiales sanitarios y los trabajadores pueden iniciar acciones legales contra las empresas por no recibir atención médica», aseguró. El doctor Schick dijo que se podría pedir la inconstitucionalidad de esta reglamentación pero, a causa de la pandemia, la Justicia está virtualmente parada.
Sin embargo, algunos trabajadores ya eligieron sus propios caminos. Un delegado del Hospital Italiano y una enfermera del Tornú, ambos militantes del frente de izquierda MST-FIT, presentaron hoy los primeros amparos ante la justicia laboral para que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) contemplen al coronavirus como enfermedad laboral.
Desde la Superintendencia de Riesgos de Trabajo admitieron la situación y ‑según el frente- advirtieron que, llegado el caso, las ART deberán cubrir a los empleados si se contagian con el virus. Mientras tanto, las aseguradoras continúan recibiendo el aporte económico de las firmas privadas dispuesto por ley.
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Los «call centers» se suman a la rebelión patronal y suspenden trabajadores sin goce de haberes
Delegados del sindicato de Comercio denuncian que las empresas Acc Group, PYD y Next Latinoamérica, violando la normativa vigente y el decreto presidencial del día 31 de marzo, enviaron telegramas de suspensión sin goce de haberes a unos 40 mil trabajadores.02/04/2020 00:06:00
Las empresas líderes de centros de contacto, antes conocidas como «call centers», se alinean con otras patronales en rebeldía frente al DNU presidencial emitido el 31 de marzo, por el que no se permiten los despidos ni las suspensiones por el lapso de 60 días, debido a la crisis económica mundial humanitaria que trajo aparejada la pandemia de coronavirus.
Las empresas PYD, Acc Group y Next Latinoamérica enviaron telegramas a aproximadamente el 25 por ciento de su nómina de empleados suspendiéndolos por 30 días sin goce de sueldo. La decisión los deja en un limbo: al no estar despedidos tampoco pueden acceder a las asignaciones estatales.
La medida preocupa a más de 40 mil trabajadores en todo el país, que son empleados en los centros de contacto, por el temor al efecto contagio.
Buscan ampararse en la excepción del caso de «fuerza mayor», tal como intentó hacer Techint. En diálogo con Tiempo Argentino, Ricardo Ham, referente del cuerpo de delegados de call centers del Sindicato de Comercio afirmó que los dueños de estas empresas actúan en forma premeditada y coordinada por la Cámara Argentina de Contact Centers, hoy liderada por el dueño de Next, Miguel López: «Están haciendo caso omiso al decreto y son totalmente intransigentes. Estamos hablando de sueldos de 25 mil pesos, que en muchos casos es el único ingreso familiar».
El delegado explicó que esperan que no pase mucho tiempo para que tengan la audiencia en el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación y que salga la conciliación obligatoria, como ocurrió con el caso Techint.
Sin embargo, desde el gremio creen que se trata de una prueba piloto porque si lograran su objetivo podrían generar un efecto dominó que profundice aún más la crisis económica para la clase trabajadora.
Estos grupos prestan servicios a las empresas más grandes y reconocidas del país como YPF, La Caja, Telecentro, Santander Río, Claro, el Automóvil Club Argentino, entre varias otras.
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Juan Grabois denunció despidos en Mercado Libre
En el marco de la polémica con empresarios como el CEO de Techint Paolo Rocca o el de Mirgor Nicolás Caputo, que en medio de la cuarentena nacional decidieron concretar cientos de despidos ‑lo que desató la indignación presidencial, que primero los calificó de miserables y luego impulsó un decreto prohibiendo despidos y suspensiones‑, el dirigente de la CTEP Juan Grabois salió este miércoles a denunciar que también la millonaria empresa de Marcos Galperín, Mercado Libre, se sumó a la oleada de desvinculaciones laborales en medio de la pandemia.
Grabois, que ya protagonizó varios cruces con Galperín, a quien acusó de lucrar con indebidos beneficios estatales durante el gobierno de Mauricio Macri, realizó un posteo en sus redes sociales donde planteó: “Galperin y Mercado Libre despiden trabajadores en medio de la crisis. ¿Saben cuál es la diferencia entre un miserable y un millonario? El marketing”.
Acompañando su texto, compartió imágenes donde primero se ve el aviso institucional de Mercado Libre ante la epidemia, que planteaba “Codo a codo en las difíciles hasta que llegue lo mejor. Seguimos trabajando para ayudarte a comprar sin salir de tu casa y preservar el bienestar de todos”. Después de ironizar con el slogan (“En las difíciles, codo a codo despidiendo trabajadores”), compartía recortes de posteos que daban cuenta de despidos en algunas de las agencias tercerizadas con las que Mercado Libre comenzó a trabajar el año pasado, particularmente en Soluciones Randstad S.A.
Al respecto, Grabois denunció: “Soluciones Randstad S.A. es una de las agencias tercerizadas de Mercado Pago. Cuando se anunció la cuarentena, mandaron a los trabajadores y trabajadoras a hacer homeoffice. Pero esta semana, Mercado Pago decidió no continuar con el contrato provocando el despido de trabajadores que, además, se encontraban precarizados. Hacían trabajo de calle, vigilados por GPS, sin viáticos ni refrigerio”. Y concluyó: “Solo en esta agencia fueron 25 trabajadores que quedaron desamparados en medio de la crisis”.