Por Gimena Fuertes – 10 de Abril de 2020
El ministro mantuvo reuniones desde la semana pasada con distintos frentes de organizaciones sociales que trabajan en el territorio y reclaman una repartición más igualitaria de los alimentos para los comedores populares.
El
ministro de Desarrollo Daniel Arroyo y el secretario de secretario de
Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fucks recibieron en esa
cartera a Frente de Lucha Piquetero. En medio de la disputa por los
recursos para los comedores populares en los barrios del conurbano, el
gobierno invitó a estas organizaciones a participar del comité de
crisis.
Fuentes del ministerio confirmaron a Tiempo que se llevaron a cabo
dos reuniones, una con los del Frente de Organizaciones en Lucha (Fol ) y
otra con el Polo Obrero, MTR Cuba, MTR Votamos Luchar, MAR y el Bloque
Piquetero Nacional, quienes una carta con un pliego de reivindicaciones
urgentes de los barrios populares. Las organizaciones plantearon “la
conformación de un comité de control y seguimiento de las futuras
compras constituido por trabajadores electos de los ministerios de
Economía, Desarrollo Social, la Secretaria de Comercio y de las
organizaciones sociales”. Según afirmaron los militantes, la respuesta
por parte del ministro Arroyo al Frente de Lucha fue: “es una propuesta a
novedosa y en la que no habíamos pensado y vamos a considerar”.
Los reclamos se basaron en las denuncias de abusos
policiales en los barrios en el marco de los controles por la cuarentena
y también por las necesidades de acceder a alimentos para los comedores
populares. Fucks respondió que se estaba monitoreando el comportamiento
de las fuerzas de seguridad “de cerca” y les informó sobre cómo siguen
los procesos de los agentes sido denunciados por ejercer abusos de
autoridad.
Las reuniones con las organizaciones populares se dan luego de que
Juan Grabois denunciara de manera pública que el ministerio había
comprado alimentos por encima de los Precios Máximos impuestos por la
secretaría de Comercio en el marco de la emergencia sanitaria por la
pandemia. Si bien, los precios fueron publicados en el Boletín Oficial, y
Alberto Fernández salió a respaldar a Arroyo, la denuncia reveló la
inconformidad de las organizaciones populares con el reparto de recursos
en el territorio.
Es que el Ejecutivo acordó a fines de marzo con los intendentes del
conurbano una entrega de 300 millones de pesos adicionales para hacer
frente a las necesidades de los municipios durante la pandemia. “Junto
con la inversión social que representa la tarjeta Alimentar y la
asistencia a comedores y merenderos, decidimos crear un fondo extra de
300 millones de pesos a los municipios para la compra de alimentos y de
artículos de higiene”, explicó Arroyo en su momento.
Sin embargo, las organizaciones se quejaron porque los
intendentes no los incluyen a la hora de repartir alimentos para los
comedores. Según explicaron, no quieren ser un factor “a contener” sino
que quieren participar de la organización junto con los municipios de la
distribución de los alimentos en el territorio. En ese contexto, las
organizaciones que integran la UTEP (CTEP, Barrios de Pie, CCC y el
Frente Darío Santillán, el Movimiento Evita y el Movimiento de
Trabajadores Excluidos), ya se habían reunido la semana pasada con
Arroyo, antes de que estallara la tensión dentro del ministerio.
“En las provincias, en los municipios debe convocarse «YA» a los
comités de emergencia. Con todos sentados a la mesa. No pueden tomarse
decisiones solo desde un escritorio, hay que convocar a quienes viven
todos los días la realidad económica de los barrios”, reclamaron en un
comunicado. “Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular
estamos a disposición. Estamos organizados y organizadas en cada
territorio y con más ayuda o menos, estaremos poniendo el cuerpo para
construir comunidad y acompañar a nuestros vecinos y vecinas en los
momentos más difíciles. Pero la ayuda urge. Y es momento de que llegue”,
comunicaron.
Por su parte, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán,
señaló: “en los barrios estamos cocinando a leña, estamos pidiendo
donaciones porque la comida no alcanza, estamos poniendo el cuerpo”. «La
situación en los barrios es crítica y la ayuda es insuficiente. Las
medidas tomadas por el presidente fueron fundamentales para que no
avance la pandemia, pero en los barrios populares se precisa ayuda
urgente para afrontar la crisis», señaló a Tiempo.
Despidos
En tanto, el ministro Arroyo aceptó las 14 renuncias que provocó el despido del funcionario que hizo la cuestionada compra, según confirmaron fuentes del ministerio. Gonzalo Calvo, quien era secretario de Articulación de la Política Social, fue despedido de su cargo al día siguiente de que se conociera la compra de urgencia a las empresas cartelizadas. El escándalo puso de relieve el aumento de los precios de los insumos que compra el Estado. En respuesta, el presidente emitió una resolución administrativa por la cual las distintas dependencias deberán comprar bajo el régimen los Precios Máximos establecidos por la Secretaría de Comercio, del ministerio de Desarrollo Productivo.
Fuente Tiempo Argentino