Por Gustavo Veiga, 5 abril 2020
Ni el cerco con drones, ni las interferencias a las comunicaciones del grupo de exfuncionarios impidieron que ahora se lea extramuros el trabajo del asilado Hugo Moldiz.
Imagen: EFE
El próximo viernes se cumplen cinco meses del golpe de Estado contra
Evo Morales. El presidente derrocado sigue en la Argentina, varios de
sus funcionarios desparramados por diferentes lugares de América Latina,
unos pocos regresaron a su tierra como el ex ministro de Economía Luis
Arce Catacora y siete de ellos todavía permanecen en la embajada de México en La Paz como rehenes del gobierno ilegítimo de Jeanine Añez.
La nación que les dio asilo cambió de representante diplomático en
enero porque María Teresa Mercado fue declarada persona no grata y tuvo
que abandonar Bolivia en 72 horas. Dos ex ministros del MAS salieron con
salvoconductos en febrero después de estar sitiados casi tres meses en
la legación mexicana. Pero en medio de la pandemia mundial, si hay
algo que no se modificó es el asedio a la residencia capitalina de Julio
Patiño 834. Incluso suelen verse militantes oficialistas en las
inmediaciones en pleno avance del coronavirus. Ya son 157 los
contagiados reportados en el país. Pero ellos mantienen su vigilia en
las calles para presionar a los refugiados.
Pese al contexto desfavorable, no todas son malas para Juan
Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia de Evo y la comitiva de ex
funcionarios que lo acompaña en la embajada. Aquel es el hombre más
buscado por las autoridades de facto. Arturo el Trompo Murillo, el
actual ministro de Gobierno, declaró en el New York Times que
había salido a “cazarlo como un animal” a los pocos días del golpe.
También es una presa codiciada para la CIA que le presta servicios de
asesoramiento y logística al gobierno de Añez. Uno de sus compañeros de encierro, el exministro de Gobierno Hugo Moldiz acaba de publicar el libro Golpe de Estado en Bolivia.
Consiguió escribirlo en su condición de asilado y difundirlo afuera de
la residencia ubicada en el barrio La Rinconada que habitan las clases
acomodadas paceñas y donde funcionan varias sedes diplomáticas.
El régimen golpista quedó en rídiculo con esta publicación que prologó el politólogo argentino Atilio Boron. Ni
el cerco con drones a la embajada, ni las interferencias a las
comunicaciones del grupo de ex funcionarios, ni las órdenes de detención
por “sedición” y “terrorismo” que pesan sobre Quintana impidieron que
ahora se lea extramuros el trabajo del abogado y periodista Moldiz.
Él mismo contó durante una entrevista que “empecé a escribir el libro
con las limitaciones de acceso a bibliografía, la cual fue resuelta en
parte gracias a la colaboración de mi hija Kim quien, cada vez que
venía, me traía los libros solicitados. No pudo conseguir todo, pero si
los suficientes”. Junto a Quintana y Moldiz permanecen en la embajada Wilma Alanoca Mamani, la única mujer asilada. Cuando ocurrió el golpe era ministra de Culturas y Turismo. Es una importante militante del MAS en El Alto y periodista. Siguen junto
a ella los ex ministros Javier Zabaleta (Defensa) y Héctor Arce
Zaconeta (Justicia), Nicolás Laguna (director de la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación) y el gobernador
de Oruro, Víctor Vázquez. Sobre todos pesan cargos judiciales que no les permitieron salir de la sede diplomática.
En cambio, a principios de febrero el exministro de Minería César
Navarro y el ex viceministro de Desarrollo Rural Pedro Damián Dorado
recibieron salvoconductos para abandonar el país aunque la pasaron mal
antes de abordar un avión hacia México. En el aeropuerto de El Alto
fueron arrestados con violencia pese a que tenían los papeles en orden.
El incidente diplomático fue provocado por un jefe policial y un fiscal
que alegaron la existencia de una orden de detención contra ambos. Al
final intervino el Ministerio de Gobierno que forzó la salida de los dos
ex funcionarios y divulgó un comunicado donde expresó que la detención
se debió a una “descoordinación” entre las autoridades y el poder
judicial.
Edmundo Font López, el flamante embajador mexicano, presenció
toda la escena. Había reemplazado unos días antes a Mercado quien fue
declarada persona no grata por el régimen boliviano y expulsada del
territorio por el papel clave que cumplió en el asilo a los
colaboradores del presidente depuesto. Corrieron la misma suerte la
encargada de Negocios de España Cristina Borreguero y el cónsul de ese
país Alvaro Fernández. El gobierno mexicano reconoció la gestión de su
diplomática en la crisis y la promovió a un cargo más alto. “La
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anuncia que en uso de las
facultades que le confiere la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el
presidente Andrés Manuel López Obrador, a recomendación del canciller
Marcelo Ebrard, otorgó el ascenso al rango de embajadora a la ministra
María Teresa Mercado Pérez”, señaló el gobierno de México en un
comunicado.
Los asilados llevan casi cinco meses encerrados en
la residencia de tres plantas ubicada en la calle Julio Patiño 834 pero
aprovechan el tiempo al máximo y denuncian lo que está pasando en su
país. Moldiz presentó en su trabajo varias tesis sobre el golpe de
Estado y en una de ellas habla de que “organismos internacionales,
principalmente la OEA, jugaron un papel activo en la aplicación de la
estrategia de la derecha y de Estados Unidos para derrocar a Morales,
quien por la ingenuidad de parte de su equipo de relaciones exteriores
le abrió la puerta de acceso al nefasto Luis Almagro, olvidando la
triste historia de la OEA en América Latina. Obviamente, detrás de todo
eso siempre estuvo la mano de Estados Unidos”.