Resumen Latinoamericano* /3 de abril de 2020
Un intervención en las afueras de la cárcel de Alto Hospicio, realizaron diferentes organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de visibilizar la situación que viven jóvenes, presos políticos del estallido social, quienes permanecen con medida cautelar de prisión preventiva. Familiares y organizaciones, piden que se cambie la medida cautelar, por arresto domiciliario, considerando tanto las precarias condiciones que se agudizan por la pandemia del coronavirus, como el hecho que debido al nivel de las acusaciones, perfectamente pueden permanecer en sus casas, mientras se desarrollan las investigaciones.
La intervención fue convocada por familiares y la Coordinadora por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticos, la Coordinadora 18 de Octubre, la Asamblea Autoconvocada Plurinacional y Feminista de Tarapacá y la Comisión Chilena de Derechos Humanos Capítulo Iquique.
“Comprendemos que, si no fuese por un contexto de protesta social, ellos no estarían presos. Además, se trata de casos que perfectamente pueden cumplir arresto domiciliario mientras dure la investigación, por lo que se pide de manera urgente el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario.»
Motivados por ese objetivo, es que se congregaron frente al recinto penitenciario de Alto Hospicio para dar a conocer una declaración pública y grabar un video, cuyo propósito es hacer conciencia de la situación que viven los 9 jóvenes.
Desconfiados de las instituciones, viendo lo que ocurre a nivel nacional, se preguntan que “cómo es posible que fiscales y corte de apelaciones tenga mayor palabra que un magistrado… ¿Qué está pasado.?”
Piensan que los jóvenes detenidos y apresados en la cárcel, “constituyen un trofeo, una lección de lo que “te va a pasar si te manifiestas” y eso es lo que tenemos que denunciar con fuerza. Si este sistema no estuviera enfermo ellos no hubiesen tenido que exponerse”.
Cabe destacar, que la Defensoría Penal ha jugado un rol fundamental adelantando la vista de las causas y pidiendo en las audiencias el cambio de la medida cautelar. Estas han sido desfavorables, por las apelaciones que realiza la Fiscalía.
Familiares han señalado que, hasta ahora, no se ha probado ninguna acusación en contra de los jóvenes recluidos, por lo que los procesos se alargan. Declaran que ellos la están pasando muy mal dentro de la cárcel y que corren riegos que pueden afectar la salud e integridad física.
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