Edinson Arley Bolaños /Resumen Latinoamericano /26 de abril de 2020
César Rojas es el fiscal que ordenó fundir el arma con la que asesinaron al candidato presidencial. Hoy está investigado por esto. Sustentó que lo hizo siguiendo órdenes de una comisión que, curiosamente, se creó un mes después de que el arma fue ubicada y cuando se vincularon al caso a exagentes del DAS.
La subametralladora mini-Ingram calibre .380, que cegó la vida del dirigente político, y último comandante del M‑19, Carlos Pizarro Leongómez, habría sido modificada por el comandante paramilitar Carlos Castaño. La idea era que la ráfaga que disparó el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe —conocido como Yerri, ese 26 de abril de 1990, cuando entró al avión de Avianca en el que estaba Pizarro— saliera sin cadencia. Es decir, rraaaaaaaass y no, ta-ta-ta-ta-ta, como lo describió Castaño en su libro Mi confesión, donde contó que preparó al pistolero de 22 años en una casa finca, a las afueras de Medellín.
En tres segundos, el candidato presidencial por la Alianza Democrática M‑19, el partido político que surgió tras el acuerdo de paz que firmaron con el Gobierno de Virgilio Barco un mes atrás, recibió 15 disparos. Un arma diseñada desde mediados de los 60 por el estadounidense Gordon B. Ingram, especialmente para desarrollar operaciones clandestinas. El arma fue escondida en el baño del avión de Avianca, de matrícula HK-1400.
Hacia las 11:15 a. m. terminó la inspección judicial al interior del Boeing 727100 que cumplía la ruta Bogotá – Barranquilla y que ocho minutos después de despegar tuvo que regresar a una pista de El Dorado. Según el acta de la diligencia judicial, al interior de la aeronave encontraron la subametralladora Ingram que tenía un acabado acerado en mal estado y la empuñadura era una cubierta metálica de pasta color negro. Igualmente, los inspectores encontraron un proveedor para 17 cartuchos, cuatro vainillas de tiros calibre 9 milímetros corto y cinco proyectiles calibre .380, cuyo análisis balístico arrojó que encajaban en la subametralladora que no tenía número serial, como advirtió el informe.
La quinta vainilla correspondía a un proyectil calibre 9 milímetros, pero largo, disparado de un arma similar a la subametralladora. Y se cree que fue el tiro con el que uno de los escoltas de Pizarro, Jaime Gómez, mató al sicario, pese a que este levantó sus manos e imploró que no lo mataran. Gómez enfrentaba en septiembre de 2019 un juicio por este caso, acusado de ser parte del entramado criminal que asesinó al candidato presidencial, pero el proceso fue suspendido mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decide si acepta o no su sometimiento.
Durante la inspección judicial, los investigadores encontraron once orificios producidos por los proyectiles de la subametralladora, entre las sillas 25C, 24C y 23A. También, adjuntaron el álbum fotográfico de estos elementos. Incluso, durante el levantamiento del cadáver del sicario, pues Pizarro fue trasladado a una clínica donde murió hacia las 11:10 a. m., fotografiaron el baño del avión por petición del juez 14 de instrucción criminal, a quien los técnicos del laboratorio de la Dirección de Investigación Criminal (DIJÍN), entregaron el reporte completo un día después de los hechos, el 27 de abril. Al final, escribieron que dichos elementos materiales permanecerían a su disposición en el almacén de armamento de dicho laboratorio.
Pasaron ocho años y la subametralladora volvió a aparecer en escena. Esta vez, en un oficio del 6 marzo de 1998 cuando el Laboratorio Central de Criminalística de la Dijín hizo entrega del Almacén de Armamento a la dirección de dicha entidad. Este documento relacionó las armas de fuego incautadas entre 1985 y esa fecha, aclarando que la mayoría se encontraban a disposición de diferentes jueces de la República. Fueron 45 y en la casilla número 15 del listado estaba la subametralladora Ingram del caso Pizarro, sin número, con cinco proyectiles, cinco vainillas y un proveedor a cargo del juzgado 14. Entonces, el almacenista encargado de recibir ese inventario, inspeccionado físicamente, fue el cabo segundo Gilberto Vanegas Orejuela.
La subametralladora fue referida nuevamente en 2001 en el libro de Carlos Castaño, en el que confesó el crimen: “El arma, una metra mini-Ingram, calibre .380, la entró un civil por la salida de los vuelos nacionales del aeropuerto El Dorado. Se consiguió una escarapela que lo identificaba como mayor de la Policía Nacional”. La versión del exjefe paramilitar llevó a la única sentencia condenatoria que hay en el caso en contra de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, el 18 de diciembre de 2002, como determinadores del crimen, aunque fueron declarados reos ausentes por su desaparición hasta nuestros días.
En 2010, cinco días antes de que prescribiera el caso, la Fiscalía declaró el crimen como de lesa humanidad, vinculó a dos exfuncionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y llamó a todos los escoltas a declarar. La subametralladora, que las autoridades habían perdido de vista en dos décadas, volvía a ser clave y la Fiscalía empezó a rastrear su ubicación. La Dijín respondió que estaba en el almacén de armamento a cargo del subintendente Evelio Díaz Bolaños, jefe de esa dependencia, y, finalmente, el 10 y 11 de mayo de ese año el arma apareció y fue utilizada para la reconstrucción de los hechos e inmediatamente incorporada como objeto de prueba del crimen.
No obstante, el 18 de junio del 2010, la Dirección Nacional de Fiscalías emitió una resolución y delegó a una comisión de fiscales para la creación de una Brigada de Descongestión de Bienes Incautados. Curiosamente, en 2011, la misma Dirección Nacional de Fiscalías emitió otra resolución para relevar de sus funciones en esa brigada al personaje que sería clave en la desaparición del arma de Pizarro, dos años después: el fiscal Cesar Rojas Arias.
Rojas Arias, quien hoy es director de Fiscalías en el Magdalena Medio, fue el encargado de emitir la resolución de destrucción de esa subametralladora y otras 1.613 armas que existían en el almacén de armamento de la Dijín e Interpol, el 12 de junio de 2013. Rojas justificó en el oficio su decisión en una petición que envió el almacenista, el intendente Evelio Díaz Bolaños, dos meses atrás, para que se descongestionara el almacén con armas incautadas, como pedía la resolución de 2011 de la Dirección Nacional de Fiscalías.
El fiscal Rojas visitó el almacén y verificó su estado diciendo: “El avanzado estado de deterioro que presentan, volviéndose con ello algunas inservibles y cerrando cualquier probabilidad de vocación probatoria” y aseguró que dichas armas ya hicieron parte “de procesos penales con decisiones: sentencias o absoluciones”. “El paso del tiempo no permitiría que sobre ellas se realice experticia alguna. Máxime si se tiene en cuenta que no se posee identificación que pueda relacionarlas con una investigación”, explicó.
En otro apartado del oficio insistió en que dichas armas se fundían por ser un peligro para la población civil “en un país con una coyuntura sociopolítica de violencia generalizada”, a pesar de decir en el mismo documento que eran inservibles. “Es muy sospechoso que esto haya ocurrido por cuanto el arma venía siendo utilizada dentro de la investigación”, dijo el abogado Juan Carlos Niño, de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a la familia Pizarro.
El 23 de octubre de 2014, la Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía, dijo en un documento que querían hacerle al arma pruebas para descifrar su número serial. “El arma de fuego (cuando fue sometida a pericia), al describir sus especificaciones, en particular el número que la distinga, el balístico diligenció con un ‘no presenta’, que significa que después de su fabricación el serial o consecutivo fue alterado por supresión. Se impone realizar prueba de revelado que permita obtener el número serial de identificación”, dice el oficio. Según el abogado Niño, se trataba de establecer quién suministró el arma y si pertenecía a algún organismo de seguridad del Estado.
También advierte que, Hernando Elías Salas Barco, otrora lugarteniente de Carlos Castaño, indicó que la cadena para conseguir la subametralladora inició en el mercado negro de Medellín, “involucrando a un tal Iván Ocampo, quien incluso suministraba explosivos de fabricación ecuatoriana”. Y que, también era conveniente investigar sobre César Harvey Maya Ríos, conocido como Merchán, quien habría sido el encargado de toda la logística para este tipo de crímenes. En todo caso, no quedaba duda de que había que indagar sobre el origen del arma, por lo que el fiscal pidió realizar una prueba de revelado que permitiera establecer el número de seriado “que fue alterado después de su fabricación”.
Ese mismo 23 de octubre el fiscal emitió otro oficio para la Dijín, en el que solicitó facilitar el arma para el 28 de octubre de 2014, con el fin de llevar a cabo las pruebas balísticas. La prueba balística se practicó, pero el fiscal dejó constancia de que debió hacerla con armas similares a la subametralladora utilizada el día de los hechos, pues por escrito el almacenista de la Dijín le informó que la subametralladora había sido destruida por orden del fiscal Rojas Arias. “Dejando claro que, por parte de quienes hemos liderado la investigación previa, no se emitió orden en tal sentido”, suscribió el fiscal. El 16 de noviembre de ese año, El Espectador reveló que el arma estaba desaparecida y que no se podría “evaluar su trazabilidad, su recorrido criminal, su historia que se pierde entre las sospechas de que el asesinato perpetrado por la casa Castaño tuvo complicidad del Departamento Administrativo de Seguridad”.
Facsímil del acta de inspección al Almacén de Armamento de la Dijín el 29 de octubre de 2014.
El 27 de noviembre de 2014, el fiscal 20, Mauricio Javier Ponce, quien había seguido de cerca el rastro de la subametralladora, acogió la solicitud de la Procuraduría, que adjuntó el artículo de prensa para que se investigara el grado de responsabilidad en el ocultamiento, alteración o destrucción del arma por parte del fiscal Rojas y el almacenista de la Dijín, Díaz Bolaños. “Nos asaltó la preocupación porque era un hecho que estaba muy sonado por la reactivación de la investigación, precisamente por la declaratoria de delito de lesa humanidad. Entonces, un arma que durante tanto tiempo estuvo en el almacén de armamento de la Dijín, que inclusive era un arma que la Fiscalía había pedido ya en 2010, no era que estuviera en suspenso, se había solicitado análisis. En un proceso tan delicado como esos, cómo es posible que se pase por alto que se trataba del arma con la que se cometió el magnicidio de Carlos Pizarro Leóngomez”, dice el otrora agente del Ministerio Público en ese caso, Sergio Reyes.
Facsímil de la compulsa de copias para que se investigue al fiscal César Rojas Arias.
Reyes comenta que para la época se tenían distintas hipótesis con el arma: si había sido manipulada, de tal manera que solo le hiciera daño a la persona y así se impidiera el siniestro de la nave. Y, también, la trazabilidad de esta, si realmente era del mercado negro o legal, “porque se decía que ese tipo de armas eran parte de las que usaban ciertos organismos de seguridad”, remarca Reyes, hoy delegado de la Procuraduría ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Al ser consultado por este diario, el fiscal César Rojas se negó a responder los cuestionamientos, argumentando que su juez natural es el Consejo Superior de la Judicatura. Un alto tribunal que, desde la compulsa de copias (hace seis años), no ha dado un veredicto sobre la actuación del funcionario en este hecho. Por lo pronto hoy, 30 años después del crimen, siguen vigentes interrogantes como ¿quién puso el arma y cómo llegó dentro del avión?, ¿cuál era su origen?, ¿por qué se ordenó fundirla si era clave en el proceso de Pizarro, el candidato presidencial que el próximo 6 de junio cumpliría 69 años?
Fiscal que ordenó fundir el arma y quien hoy es Director de Fiscalías en el Magdalena Medio
El Espectador*
