Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2020
La emergencia por COVID-19 debería destapar la corrupción que se vive al interior de los penales, opina el activista recientemente liberado
José Humbertus Pérez –activista recientemente liberado tras permanecer cuatro años en prisión acusado de los delitos de extorsión y robo a casa habitación con violencia y de los cuales no fue posible acreditar culpabilidad– inició una campaña para informar a los familiares de los internos que algunos de los presos cuentan con el beneficio de la libertad condicionada, libertad anticipada o con brazalete, o con la protección de la Constitución y el Código de Procedimientos Penales en caso de no haber recibido sentencia en dos años, ello con la intención de contribuir a la despresurización en aproximadamente 40 por ciento los centros penitenciarios del Estado de México en el contexto del estado de la emergencia sanitaria nacional.
Mediante una transmisión en vivo afuera del penal de Barrientos, José Humbertus mencionó que en el sistema penitenciario mexiquense, de 29 mil presos, 13 mil ya tendrían que haber sido liberados pero no ha sucedido porque no existe voluntad jurídica ni respeto al Estado de Derechos; consideró que la acción de liberación debió llevarse a cabo desde 2018, sin embargo ni el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, el presidente del tribunal, Sergio Medina Peñaloza, ni el fiscal, Alejandro Gómez Sánchez, cumplieron con su responsabilidad de otorgar esas libertades; las medidas de supervisión para quienes salieran por libertad condicional no fueron estructuradas.
Una de las preocupaciones del líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, explicó, es que ni los internos ni sus familiares están informados de estos procedimientos legales y que en este momento de la contingencia sanitaria representa un peligro por las condiciones de hacinamiento en las que se vive en la mayoría de los centros penitenciarios.
De acuerdo con datos del tercer informe especial sobre Derechos Fundamentales de las Personas Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que abarca de octubre de 2018 a octubre de 2019 se señala, como una generalidad, que las prisiones están rebasadas en cuanto a capacidad, por mencionar alguno, el penal de Chalco tiene capacidad para 632 internos, sin embargo, según el informe, alberga a 3 mil 121 internos controlados por 180 personas de seguridad y custodia.
Desde la perspectiva del activista, la posibilidad de informar a los familiares e internos podría también paliar la situación de reos que se encuentran recluidos por fabricación de carpetas. Asimismo, dijo que la situación de la emergencia sanitaria tendría que visualizar la situación que existe y que “los penales dejen de ser la caja chica de muchos políticos y muchos funcionarios de los sistemas penitenciarios del todo el país”.
La preliberación es parte de un discurso que se ha manejado a nivel federal y estatal desde hace tiempo, sin embargo, no ha sido llevada a la práctica, en septiembre de 2019, la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, mencionó que se estaba gestionando la libertad de al menos 4 mil internos con condenas por delitos menores, a través de brazaletes electrónicos; entonces mencionó que la propuesta había sido presentada al sistema Judicial.
Parte del trabajo que José Humbertus Pérez, en conjunto con algunas asociaciones de Derechos Humanos, ha asumido es el de asesorar a los internos y familiares respecto a la presunción de inocencia.
Parte del trabajo que José Humbertus Pérez, en conjunto con algunas asociaciones de Derechos Humanos, ha asumido es el de asesorar a los internos y familiares respecto a la presunción de inocencia.
Humbertus Pérez habló también de diversas deficiencias en el sistema de salud al interior de las penitenciarías, de la existencia de casos de sarampión, de la falta de atención psiquiátrica, de la carencia de tratamientos y medicinas, del nulo respeto al derecho humano de la salud con la población penitenciaria.
Ante esta carencia, consideró que en las cárceles debería aplicarse el plan DN-III, esto es que los médicos atiendan a los internos y que es importante hacer una valoración de las deficiencias de medicamentos, camas, instrumental y personal, así como garantizar la atención suficiente e inmediata para los internos en general y en el caso específico del coronavirus.
El informe de la Codhem señala, entre otras cifras, que el penal de Ecatepec alberga a 5 mil 504 internos, cuando su capacidad es de mil 300, que el penal de Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca contiene a 4 mil 476 internos, cuando su capacidad es de mil 750 y que el Centro Penitenciario de Tlalnepantla tiene a 4 mil 349 reos mientras su capacidad es de mil 38 internos.
Fuente: Alfa Diario