Una amenaza que no reconoce fronteras internas
Por Luis Bruschtein*/ Resumen Latinoamericano/2 de mayo 2020.-
El poder mediático pone la discusión en términos ideológicos, cuando se trata de un problema de salud que excede el absurdo planteo de que alguien pueda estar interesado en la liberación de asesinos y violadores. Si las cárceles se convierten en foco infeccioso, amenazarán a ricos o pobres, libres o presos
Nadie sabe cómo saldrá la humanidad de la pandemia, pero ya se puede saber cómo funciona. Desde el punto de vista comunitario, actúa como un catalizador que pone en crisis los puntos vulnerables del sistema. No es un organismo inteligente pero por la rapidez y la facilidad de contagio desborda los sistemas de salud, convierte a las cárceles en potenciales bombas biológicas y a la desigualdad en caldo de cultivo. Ese mecanismo cambia el abordaje tradicional de estos problemas.
La enfermedad es propagada inicialmente por un sector acomodado de la sociedad, que es el que viaja al exterior y actúa con la idea de que puede pagar para sanarse. Pero cuando el virus se suelta, cualquier lugar concurrido o de hacinamiento se convierte en un nuevo foco que dispersará la infección en forma constante.
No basta con pagar para sanar, porque una vez que el “rico” trajo el virus, todos los “ricos” están en peligro si no se cura y se protege a los pobres y a los ricos al mismo tiempo y de la misma manera. En ese sentido, podría decirse que la peste sería “populista”, pero como todo el mundo sabe, la enfermedad no es inteligente y funciona simplemente por la tendencia natural a la reproducción masiva de un organismo que es menos que una célula.
Se equivocan los que no están presos si piensan que pueden permanecer tranquilos mientras la epidemia se ensaña en las cárceles. Porque cuando las cárceles –donde lo normal es que estén superpobladas al doble o al triple, de su capacidad– se conviertan en foco infeccioso, eso pondrá en riesgo de contagio a ricos o pobres, libres o presos. Hay un tema de salud, con relación a la epidemia, que se necesita encarar en las cárceles por fuera del debate entre “garantismo” y “punitivismo”.
Los medios opositores pusieron esta discusión en un contexto que la epidemia sobrepasa. Lo hicieron al unísono, como si se tratara más de una campaña planificada contra el Gobierno que de asombrosa coincidencia en el error. Si bien hubo fallas en la comunicación del Gobierno y también exceso en algunos jueces que comenzaron a aplicar esta acordada de Casación.
Cuando lo atacaron por la posibilidad de aceptar 
el ofrecimiento de cooperación de médicos cubanos , el Gobierno fue claro al ubicar esa cuestión fuera del plano ideológico. Muchos médicos argentinos rechazaron la convocatoria porque no les satisficieron las condiciones de trabajo. Y a partir de allí quedó abierta la participación de médicos cubanos o de cualquier otra nacionalidad.
Los medios opositores machacaron esta semana con la amenaza de “liberaciones masivas” de presos. Y no son lo uno ni lo otro. Pero con esas dos palabras dejaron implícito ex profeso que la epidemia era nada más que una excusa para liberar a violadores y asesinos. Es una imagen infantil, porque nadie se siente cómodo con esa gente suelta y no se la iba a liberar, pero es de fuerte impacto público al activar las zonas de miedo. Instrumentan políticamente el miedo.
La descongestión en las cárceles ha sido un reclamo de la OEA y Naciones Unidas, pero esta vez se le sumó la Organización Mundial de la Salud para resguardar la salud de los detenidos, pero también para evitar que los penales pongan en situación de riesgo al resto de la sociedad. Y no fue solamente a la Argentina, sino a todos los países, en muchos de los cuales, como Estados Unidos y Francia, ya se empezó a cumplir.
Según la acordada de la Cámara de Casación Penal, las medidas pueden ser de adelanto de la libertad a los que están a punto de cumplir sus condenas, libertad condicional a los que ya tienen permisos de salidas, y domiciliaria mientras dure la epidemia a los que no hayan cometido delitos graves con utilización de armas, delitos de violencia sexual o de género y aquellos que constituyen población de riesgo. Y en el caso de las mujeres abarca también a las embarazadas o con hijos en situación de crianza, que tampoco hayan cometido delitos violentos.
La aplicación de esta medida tiene sentido como parte de una estrategia sanitaria para evitar lugares de aglomeración como shoppings, escuelas, teatros, estadios, cines y teatros. Todos han sido cerrados y en los supermercados se aplicaron reglas de distanciamiento. Lo que se plantea en las cárceles con una población en condiciones insalubres y de hacinamiento es descongestionarlas con un criterio razonable.
Sin embargo, en la aplicación de esos criterios se pueden cometer errores porque hubo casos donde el rubro “población de riesgo” liquidó a las otras condiciones y se concedió domiciliaria a un violador y a un genocida. Esa discusión es más válida y muy diferente a la protesta que fue motorizada con fines políticos sobre la base de mentiras mediáticas que buscaron incentivar el miedo.
Poner las cárceles en el contexto de una epidemia como la del coronavirus pone en evidencia un desastre que ningún gobierno hasta ahora abordó con resultados concretos.
El otro punto que entró en crisis apenas comenzó la pandemia ha sido la salud pública. Las clínicas privadas no están preparadas para recibir en forma masiva a pacientes infectados, porque tienen enfermos de otras dolencias que serían puestos en peligro. La salud pública desplegó una cantidad de hospitales de campaña con miles de camas de urgencia.
Hay una contradicción entre los que aplauden a la salud pública y cacerolean para que se mantenga a las cárceles como posibles focos de infección. Hay una contradicción entre aplaudir a los médicos y no reclamar que los provean de equipos sanitarios especiales de protección para combatir a la pandemia.
Hubo protestas en diferentes hospitales porteños, el Ramos Mejía entre ellos, porque los trabajadores de la salud debían realizar sus tareas con equipo que no reunía las mínimas condiciones de protección sanitaria. ATE debió presentar un amparo en la Justicia para que el gobierno de CABA acepte ese reclamo elemental. La cuarentena, la descongestión de las cárceles o proveer a los hospitales el equipamiento necesario, son medidas que resultan más caras y lesivas cuanto más demoran en aplicarse.
Pero el problema más grave es la forma en que opera la epidemia sobre la desigualdad profunda de estas sociedades. La epidemia convierte a la desigualdad en un problema de salud que involucra a ricos y pobres por igual porque el virus no elige a sus huéspedes según la condición socioeconómica. Y mientras haya un foco de propagación estarán en peligro tanto ricos como pobres.
En las villas de emergencia o barriadas humildes de la CABA viven alrededor de 400 mil personas. Según el Observatorio Villero de la organización La Garganta Poderosa, en cada casa viven entre cuatro y diez personas, en condiciones de hacinamiento. Y si bien hasta ahora los barrios más ricos de la CABA son los que tienen mayor cantidad de infectados, el virus comenzó a propagarse en las barriadas más humildes. Hasta el jueves se contabilizaron 124 casos de coronavirus y las dos villas más afectadas son las del Bajo Flores y el Barrio Carlos Mugica, de Retiro.
En los barrios populares, las condiciones de pobreza y hacinamiento facilitan la propagación de la enfermedad. En el Carlos Mugica y en otros barrios han denunciado la falta de agua potable, lo que dificulta la higiene y provoca aglomeramientos ya que las personas tienen que trasladarse hasta los puntos donde distribuyen el agua y hacer largas colas de espera.
El gobierno de CABA impulsó un programa de urbanización de estos barrios en los que es posible ver ahora nuevos monoblocks. Y suspendió el sistema de provisión de agua porque en teoría iba a construir la infraestructura definitiva, lo que nunca ocurrió. Entonces estos barrios ahora no tienen la provisión de agua precaria pero segura que tenían antes, pero tampoco instalaron las cañerías nuevas. También en este caso, los movimientos sociales interpusieron un amparo colectivo, pero el gobierno de CABA dijo que la provisión de agua le corresponde a la empresa AYSA y convirtió en un problema jurisdiccional una situación de vida o muerte para miles de personas.
Si para la economía en general, el costo de la cuarentena es alto, en los barrios populares lo es aún mayor. La mayoría son trabajadores desocupados, informales y temporales que ganan su jornal día por día. Al primer día de la cuarentena, esos hogares se quedaron sin sustento por lo que han proliferado los comedores populares, además de los que ya existían.
El gobierno de la CABA asegura que reforzó en un 30 por ciento la provisión a los comedores. Pero referentes de los barrios, aseguran que en los últimos cuatro años, el gobierno de la Ciudad disminuyó la cantidad y la calidad de la mercadería. Hacinamiento, desempleo, falta de agua y hambre son factores favorables para la propagación del virus.
Pero para el virus no hay castillos de riqueza inexpugnables. Mientras haya un foco de infección, toda la sociedad está en riesgo, con lo cual, lo que pase en las villas ya tendría que haberse convertido en el centro de la preocupación del gobierno de CABA.
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